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El Gobierno le ha visto definitivamente las orejas al lobo de la recesión. Zapatero anunció ayer  un calendario concreto de reformas económicas en cuestiones de calado: pensiones, mercado de trabajo o gasto público. No se conoce, por el momento, ni la intensidad ni el contenido de las reformas, pero es la primera vez que el Gobierno pone fechas precisas a la presentación de sus propuestas. El próximo 22 de enero enviará a los agentes sociales -empresarios y sindicatos- su reforma laboral (negociación colectiva, empleo para los jóvenes y temporalidad) y una semana más tarde, el día 29, les hará llegar los cambios en el sistema de pensiones que plantea el Ejecutivo. Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobará un plan de recortes del gasto público.

El cambio de estrategia del Gobierno tiene que ver con la constatación de que 2010 lejos de ser un año claro de recuperación económica, como inicialmente barajaba Zapatero (no así sus asesores económicos), continuará sembrado de dudas. Y de ahí que el Ejecutivo intente ahora liderar la mala coyuntura económica llevando la iniciativa. Ocupando todo el espacio mediático. Máxime cuando las encuestas sitúan al Partido Socialista claramente por detrás del Partido Popular, cuya estrategia se parece cada vez más a lo que los anglosajones denominan wait and see. O lo que es lo mismo, Rajoy espera sentado a ver el paisaje que deja la recesión después de la batalla.

Queda por saber, sin embargo, si tras la nueva estrategia de Zapatero se esconde un giro meramente cosmético para aparecer ante la opinión pública como un presidente reformador (su gran lastre en términos de credibilidad) o, en verdad, se trata de una nueva política económica. Pero lo que ya sabe Zapatero es que la mala situación económica le puede hacer perder las elecciones. Y de ahí que se haya puesto manos a la obra.

Lo que pretende el presidente del Gobierno no es, desde luego, fácil. Su obsesión es mantener su privilegiada relación con los sindicatos, que le garantizan la paz social, pero al mismo  y dada la gravedad de la crisis, es consciente de que sin reformas profundas del mercado de trabajo (y más a largo plazo de las pensiones) es imposible pinchar la enorme bolsa de desempleo que ha creado la economía española en los dos últimos años: más de cuatro millones de parados y cerca de 1,6 millones de puestos de trabajo destruidos. Y a la luz de la experiencia no parece que vaya a ser fácil desalojar tanta agua embalsada.

Una ingente tarea

Entre el máximo nivel de desempleo que se alcanzó en la anterior recesión -un 24,55% en 1994- y el mínimo dato de paro en términos EPA –el  7,95% en el segundo trimestre de 2007- tuvieron que pasar nada menos  que trece años, y eso pese a que la economía creció como media por encima del 3%. Algo que hoy por hoy se antoja como una quimera. De hecho, España tardó nada menos que once años en situar la tasa de desempleo por debajo del 10%, lo que da idea de la ingente tarea que queda por delante. En el mejor de los casos, y dando por hecho que la economía crezca durante los próximos diez años por encima del 3% , la tasa de paro española no se situará en niveles europeos –en el entorno del 8%- hasta cerca ya de 2017 o 2018. Y para entonces presionará ya en términos económicos el envejecimiento de la población, con todo lo que ello supone.

Algo parecido sucede con la deuda pública. En el mejor de los casos, el endeudamiento no se situará por debajo del 60% -límite asumible para una economía como la española- hasta mediados de la próxima década, y siempre  que las administraciones se sometan a una intensiva cura de adelgazamiento. La Comisión Europea ha estimado, de hecho, que en 2011 la deuda pública se situará en el 74% del PIB, con un déficit presupuestario equivalente al 8,1% (dos años antes de que haya que llegar al 3%) y una tasa de desempleo increíblemente elevada: el 20,5%. Es decir, que en términos de algunas magnitudes lo peor está por llegar después de casi dos años de recesión.

Purgar los excesos

Así las cosas, y como se suele decir, Zapatero intenta hacer una tortilla sin romper huevos, algo que resulta extremadamente difícil en un contexto económico como el actual. Si la recesión ha servido para purgar los excesos del último ciclo expansivo, la tarea de los próximos años es pagar el coste del ajuste en términos de paro y endeudamiento. Y ello exige sacrificios –y medidas impopulares- que hasta el momento Zapatero no ha querido asumir. Básicamente porque es consciente de que su fuerza electoral radica en que sigue apareciendo ante sus votantes como el garante del sistema de protección social. El mensaje que una y otra vez lanza a sus electores es que si gobernara el PP, los derechos de los trabajadores se verían mermados, y con esta etiqueta quiere presentarse a las próximas elecciones.

El problema que tiene, sin embargo, es que la economía necesita reformas profundas para aumentar su potencial de crecimiento, que según la Comisión Europea se sitúa en el entorno del 2%. Y con el 2% de aumento del PIB el desempleo continuará en tasas elevadísimas durante al menos un quinquenio.

¿Y por qué Zapatero habla ahora –y no antes- sin tapujos de reformas económicas? Probablemente por un error de diagnóstico sobre la intensidad de la recesión, pero también asesorado por algunos economistas de su entorno, convencidos de que las reformas económicas son más eficaces cuando se aplican al inicio de la recuperación económica y no en el momento álgido de la tormenta. Eso, al menos, es lo que se hizo tras la última recesión. El célebre ‘decretazo’ no se aprobó hasta 1994 y eso sentó las bases de la recuperación. Pero entonces Felipe González tuvo el coraje de enfrentarse a una huelga general. Está por ver si se repite la historia.