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El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el Real Decreto sobre revalorización de las pensiones públicas para el año 2010. Pero en contra de lo que establece el Pacto de Toledo -suscrito por todos los partidos-, endilgó a la Seguridad Social buena parte de la subida. En concreto, los cerca de 300 millones de euros que costará un incremento de las pensiones mínimas del 4%, como media.

El resto de pensiones de la Seguridad Social crecerá sólo un 1%, ligeramente por debajo de lo que previsiblemente crecerá la inflación: un 1,3% según el consenso de los expertos consultados por Funcas en términos de media anual. Los pensionistas, sin embargo, no perderán poder adquisitivo ya que tienen garantizado por ley su capacidad de compra, por lo que en caso de desviación tienen derecho a una paga compensatoria.

El resto de pensiones -las mínimas- subirán entre un 2% y un 4,87%, lo que aleja la posibilidad de cumplir el objetivo de culminar la separación de fuentes el 31 de diciembre de 2012, tal y como establece la disposición transitoria decimocuarta de la  Ley General de la Seguridad Social. La ley obliga al Estado a cubrir de forma gradual el coste de los complementos de mínimos en esa fecha de acuerdo con la filosofía del Pacto de Toledo, que no es otra que los complementos de mínimos -que forman parte de la discrecionalidad del Gobierno en política económica- se pague con impuestos y no con cotizaciones sociales.

Con ese fin, y desde 2002, el Ejecutivo aporta cada año 300 millones de euros para pagar los complementos de mínimos, una cifra totalmente insuficiente. Según datos de la propia Seguridad Social, en 2009 el sistema público de pensiones se gastará 6.415 millones de euros por este concepto, pero el Estado cubrirá sólo la tercera parte: 2.406 millones. Es decir, que la Seguridad Social paga 4.000 millones de euros cada año que no le corresponden. El objetivo de las pensiones mínimas es garantizar un nivel de subsistencia para todos los pensionistas, y si con sus cotizaciones no alcanzan ese nivel, es el Estado quien está obligado a pagar la diferencia.

Feudo socialista

¿Y quiénes se benefician del hecho de que las pensiones mínimas suban sistemáticamente por encima de la inflación sin que el Estado corra con los gastos? Pues fundamentalmente tres comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE desde hace casi 30 años: Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. Los datos de la Seguridad Social indican que más de la mitad de las pensiones que se pagan en Extremadura (el 51%) tienen el carácter de mínimas. En el caso de Castilla La Mancha, este porcentaje llega al 43,7%, mientras que en Andalucía una de cada tres pensiones (el 35%) es sufragada parcialmente por el Estado.

En el lado opuesto se encuentran Madrid, Asturias, País Vasco y Cataluña, donde menos del 20% de las pensiones tienen el carácter de mínimas.

Como es conocido, y desde que Zapatero llegó a la Moncloa, el presidente del Gobierno anuncia cada año en Rodiezmo (León), durante una fiesta minera, un incremento de las pensiones mínimas  muy por encima de la inflación. Según datos del Ministerio de Trabajo, el año que viene 2,7 millones de pensionistas se beneficiarán de un complemento de mínimos, lo que significa que en vez de descender el número de beneficiarios continúa aumentando. Si en 2005, el 27,11% de las pensiones tenían subvención, en 2009 el porcentaje ha subido ligeramente hasta el 27,5%. Es decir, las cuotas no son suficientes para cubrir la cuantía anual de las pensiones que fijan los Presupuestos Generales del Estado.

En 2002, de hecho, había 400.000 pensionistas menos que cobraban el complemento de mínimos de los que hay ahora, lo que revela un problema de contributividad del sistema.

Según el Informe Económico Financiero de la Seguridad Social, más de la mitad de los pensionistas del Régimen Especial de Empleados de Hogar, el 56,03%, tienen mínimos, cifra que llega al 59,41% en el caso de las pensiones de jubilación.

La proporción elevada de pensiones con garantía de mínimo en éste régimen es consecuencia de que cotizan por la base menor, y además a menudo tienen un número reducido de años cotizados, lo que ocasiona que pocos pensionistas generen pensiones de importes superiores a la mínima. Por tanto, cobran complemento casi todos los que cumplen los demás requisitos, incluyendo el de no tener otros ingresos; la excepción en este régimen son los escasos perceptores de viudedad, que suelen tener otra pensión. También los trabajadores del Régimen Especial Agrario cotizan por bases fijas, generalmente coincidente con la mínima, y por lo tanto generan en la mayoría de los casos pensiones mínimas.