Las administraciones públicas tendrán que pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días

La grave crisis económica y las pésimas prácticas de pago de la cultura empresarial española han dejado obsoleta la todavía joven ley contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando aún no se han cumplido cinco años de la entrada en vigor de la llamada ley antimorosidad, las administraciones públicas son, paradójicamente, las que más tarde pagan a sus proveedores: su deuda ronda, según cifras del Banco de España, los 40.000 millones de euros. 

"La morosidad constituye la primera causa de insolvencia entre las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia del crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su supervivencia en el contexto económico actual", sostiene la proposición de ley que CiU defenderá este martes en el Congreso para reforzar la lucha contra la morosidad, tanto de las empresas privadas como, sobre todo, de los organismos públicos.

Según los últimos datos dados a conocer por el Banco de España, la Administración central debe más de 21.000 millones de euros a las empresas privadas. Pero la deuda total de las administraciones públicas con sus contratistas asciende casi al doble, ya que las comunidades autónomas adeudan unos 13.000 millones y los ayuntamientos otros 5.700 millones.

El portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró ayer a El Confidencial que la proposición para la reforma de la ley antimorosidad cuenta, en principio, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que aprobarán este martes la toma en consideración del texto presentado por los nacionalistas catalanes para que inicie su tramitación parlamentaria en el próximo periodo de sesiones que se abrirá en septiembre. Fuentes socialistas confirmaron su apoyo inicial a la iniciativa de CiU.

El pasado 10 de diciembre, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero ya se mostró partidario de revisar la ley antimorosidad cuando el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida,  reprochó al jefe del Ejecutivo que esa norma "no ha conseguido sus objetivos".

Etapa transitoria

El punto clave de la proposición de ley de CiU consiste en fijar un tope máximo en los pagos de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas. En este último caso se establece una etapa transitoria de dos años: en 2009 se podrá pagar hasta en 60 días; en 2010 el listón se rebajará a 45 días, y a partir de 2011 el periodo máximo será de sólo 30 días.

Según Sánchez Llibre, en el sector de la alimentación los proveedores soportan plazos medios de cobro de unos 100 días; en la construcción el plazo se dispara hasta los 230 días, y en el sector sanitario, cuando los deudores son organismos públicos, los pagos se efectúan a más de 660 días, es decir, con demoras de casi dos años.

A pesar de que la actual ley antimorosidad concede a los acreedores el derecho a reclamar elevados intereses de demora y cuantiosas indemnizaciones si una factura no es liquidada al vencimiento, la realidad es que son muy pocas las empresas que llegan a aplicar intereses moratorios o a cobrar gastos de recobro a sus deudores.

Las razones de esa pasividad son varias. Por un lado, el profundo desconocimiento entre las pequeñas y medianas empresas del contenido de la legislación vigente. Por otro, la reticencia de las empresas a aplicar la ley por miedo a perjudicar sus estrategias comerciales de penetración en el mercado y por el imperativo del departamento comercial de aumentar las ventas año tras año. Y, en tercer lugar, el temor de los proveedores a enturbiar las relaciones con sus clientes o a perderlos definitivamente en favor de otros suministradores más tolerantes.

La actual legislación contra la morosidad en las operaciones comerciales "sólo es aplicada por un pequeño porcentaje de las empresas, y la realidad es que España sigue ocupando uno de los primeros lugares en el ranking europeo de demoras en los cobros en sectores básicos como la alimentación y la construcción", asegura la proposición de ley que se debate hoy en el Congreso.