Alcaucín permitió la construcción de 20.000 viviendas en suelo rústico para aprovechar el boom de residentes extranjeros

Sin PGOU, el alcalde José Manuel Martín permitió en Alcaucín la construcción de 20.000 viviendas en suelo rústico para absorber el boom de residentes extranjeros. La mitad de la población del municipio de la comarca malagueña de la Axarquía es foránea y se ha disparado el 63,4% entre 2000 y 2008, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

La operación Arcos, la trama de Alcaucín que vendía viviendas en suelo no urbanizable, podría llevar funcionando desde principios de la década en el municipio. El presupuesto del Ayuntamiento es de 3,2 millones de euros. El año pasado, según Domingo Lozano, concejal del PP del Ayuntamiento de Alcaucín, el superávit fue de 1,6 millones de euros.

El presupuesto para este año estaba previsto que se debatiera en el pleno del mes de marzo y se prevé que sea deficitario. “Desde que estamos en crisis o en recesión el Ayuntamiento no tiene ingresos. Yo he peleado para que se guardara para cuando llegaran las vacas flacas, pero no me han hecho caso. El dinero se ha dilapidado muy rápidamente”, destacó Lozano a El Confidencial.

Alcaucín vive en un 80% del turismo rural. También hay una fábrica de aceite, pero el boom ha llegado con los turistas extranjeros, atraídos por el precio de los solares y la ubicación del pueblo, frente al paraje del pantano de la Viñuela. La población foránea mayoritaria es la británica e irlandesa. Hay 400 extranjeros empadronados, pero hay más de 1.000 viviendo en Alcaucín.

Esta situación ya había sido denunciada en reiteradas ocasionadas por el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, que los últimos diez años ha presentado un centenar de denuncias por infracciones medioambientales. “Hay muchas casas vinculadas a la economía sumergida, a la especulación urbanística y a la compraventa”, destacó el presidente del colectivo, Rafael Yus.

Un informe de José Luis Díaz Ripollés y Alejandra Gómez Céspedes, profesores de la Universidad de Málaga, titulado La corrupción urbanística: estrategias de análisis ya alertaba del traslado del urbanismo salvaje de la Costa del Sol al interior de la provincia malagueña.