De la Vega ningunea a Sebastián y negocia a sus espaldas la Ley Audiovisual

La aprobación de la Ley General Audiovisual -un viejo proyecto que ninguno de los últimos gobierno ha sido capaz de sacar adelante- está abriendo grietas en el Ejecutivo. En concreto, entre Fernández de la Vega y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que  asiste como un convidado de piedra a las discusiones sobre una ley vital para el sector. Según las fuentes consultadas, De la Vega está negociando directamente con Uteca, la patronal de las televisiones privadas, el desarrollo del articulado, para lo cual ha creado un grupo de trabajo que se reúne semanalmente en el Palacio de la Moncloa bajo la dirección de Francisco Caamaño, su secretario de Estado

De la Vega no sólo ha marginado de los encuentros al Ministerio de Industria. También, a la radiotelevisión pública, que teme que finalmente las televisiones privadas saquen adelante su objetivo de caminar hacia una “progresiva y rápida reducción de la publicidad en los canales públicos de televisión, hasta su total desaparición”, tal y como aprobaron sus miembros el pasado mes de octubre en Málaga. Esta estrategia de reducción escalonada de la publicidad ha sido avalada en público por la vicepresidenta primera.

De la Vega forzó a que en los Presupuestos Generales del Estado de 2009 RTVE se viera obligada a reducir 60 segundos de publicidad por cada hora de emisión -hasta los 10 minutos-, y ya ha anunciado otro minuto adicional para  2010, dos menos que las televisiones privadas. Esto significa que en apenas tres años se habrá esfumado una cuarta parte de los ingresos publicitarios de la televisión pública estatal.

Lo que están en juego son los más de 500 millones de euros que ingresará RTVE el año próximo por publicidad. Como se ve, una tarta muy apetitosa que se hace imprescindible para las televisiones privadas en un contexto económico como el actual, con caídas pronunciadas de los ingresos publicitarios por encima del 15%. Pero si se añade, además, que las grandes televisiones vez comprometido su liderazgo por la fragmentación de audiencias que conllevará el despliegue de los nuevos canales digitales,  el resultado no puede ser otro que una preocupación cada vez mayor por el papel que juegan las televisiones públicas (estatal y autonómicas) en el reparto del mapa audiovisual.

Inicialmente, el ‘apagón analógico’ debe producirse el 3 de abril de 2010, pero cada vez son más frecuentes las voces que opinan que ese calendario no se cumplirá por dos razones. La lentitud en la implantación de la TDT y las presiones de las grandes cadenas para retrasar en la medida de lo posible la ruptura del statu quo actual. Aunque en este punto, las opiniones en el sector son contrapuestas.

Negociaciones muy avanzadas

Según las fuentes consultadas, las negociaciones entre Moncloa y las televisiones privadas “están muy avanzadas” y ya se han cruzado papeles, lo que abre la posibilidad -esta vez sí- de que el proyecto de ley entre en el Congreso de los Diputados durante el próximo periodo de sesiones, lo que significaría que entraría en vigor -en el mejor de los casos- a mediados del año próximo.

La futura Ley General Audiovisual  tiene un marcado carácter político, además del  estrictamente industrial. Debe regular cuestiones esenciales para los operadores, como son la posibilidad de que los canales de televisión digital terrestre emitan en cerrado (pago por visión) o la exclusión de los servicios de pago de las televisiones públicas, tal y como se reclama desde Uteca, quien, al mismo tiempo, ha reclamado una reducción de los canales en TDT habilitados para las televisiones públicas con el objetivo de “hacer viable el sistema”.

La ley debe regular, además, el controvertido Consejo de Medios Audiovisuales, un organismo que ya existe en algunas comunidades autónomas (Cataluña o Andalucía) destinado a regular el sector. Algunas cadenas, como Cuatro, quieren, además, que se instaure el principio de reciprocidad para las inversiones extracomunitarias. Se trata de poner fin a la situación actual, en que una cadena como Televisa puede ser accionista de referencia de La Sexta, pero ningún operador español puede entrar en México al tratarse de un servicio vetado para la inversión extranjera.

Entre las demandas de las empresas privadas que podría recoger la futura ley de lo audiovisual -y de ahí la preocupación de los gestores de las televisiones públicas- se encuentra, igualmente, que tanto los contenidos como las estrategias de programación y hasta “la conformación de las parrillas”, se circunscriban al concepto de ‘servicio público’, lo que significaría, de facto, su desaparición del mercado audiovisual. Algo parecido a lo que sucede con la PBS estadounidense, una televisión de prestigio pero irrelevante en términos de opinión pública.