Nuevo caso de corrupción en el PP: al menos 13altos cargos en Castilla y León bajo sospecha

Un nuevo caso de corrupción, esta vez en Castilla y León, le puede amargar al PP el arranque del curso político. Cuando aún no se han apagado
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Nuevo caso de corrupción en el PP: al menos 13altos cargos en Castilla y León bajo sospecha

Un nuevo caso de corrupción, esta vez en Castilla y León, le puede amargar al PP el arranque del curso político. Cuando aún no se han apagado los ecos de la malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven de Baleares, que ha salpicado a varios altos cargos del ex presidente Jaume Matas, la sombra de la sospecha se cierne ahora sobre el Ejecutivo autonómico que preside Juan Vicente Herrera. El PSOE de Castilla y León va a solicitar hoy mismo en el Parlamento regional, según confirmaron ayer a El Confidencial fuentes socialistas, la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades por la presunta adjudicación fraudulenta de licencias para la puesta en marcha de plantas de energía solar a empresas que son propiedad o están participadas por altos cargos de la Junta de Castilla y León o sus familiares.

De momento ya son seis los cargos de confianza de la Junta que han sido destituidos por su presunta implicación en la trama de concesión de licencias para la instalación de plantas de energía fotovoltaica en León, Valladolid y Zamora, entre ellos el secretario general de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte. Pero al menos otros siete altos funcionarios están bajo sospecha, según ha reconocido el propio PP, que asegura haber abierto una investigación interna.

Sin embargo, Herrera, un hombre de la máxima confianza de Mariano Rajoy, se ha negado hasta la fecha a comparecer en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones, como le exigen los socialistas. Amparándose en su mayoría absoluta, los populares han rechazado hasta ahora todas las iniciativas parlamentarias de la oposición, y nada hace pensar que la comisión de investigación que los socialistas reclamarán hoy se vaya siquiera a constituir. La única concesión del PP ha sido convocar la Diputación Permanente del Parlamento autonómico, que se reunirá hoy mismo, para que comparezcan los consejeros de Economía, Tomás Villanueva, y de Administración Autonómica, Isabel Alonso.

"Herrera y el PP se están burlando del Parlamento autonómico, porque se niegan a dar la cara para tranquilizar a los ciudadanos y lavar el nombre de muchos empresarios honestos que han invertido en el sector de las energías renovables", señaló ayer a este periódico Oscar López, diputado socialista en el Congreso y futuro secretario general del PSOE en Castilla y León. Los socialistas consideran que, como mínimo, ha habido tráfico de influencias e información privilegiada, y están decididos a utilizar este caso para tratar de desgastar políticamente al PP y erosionar su hegemonía incontestable en esta comunidad autónoma.

Las plantas de energía solar fotovoltaica, también conocidas como huertos solares, han experimentado un auge extraordinario en Castilla y León desde que, hace cuatro años, se aprobó una nueva legislación que obliga a las compañías eléctricas a comprar los kilowatios producidos en esas plantas. Miles de inversores se han lanzado a este negocio -hay actualmente más de 2.500 instalaciones de este tipo en la región-, ya que, aunque la inversión inicial es considerable, las subvenciones también son cuantiosas. O al menos lo eran, ya que está previsto que en septiembre entre en vigor la nueva normativa estatal del sector, que limitará la producción de energía en los huertos solares y reducirá sustancialmente las primas que ahora cobran sus propietarios.

Cuatro de los seis altos cargos de la Junta que ya han sido destituidos habían obtenido licencias para levantar varias plantas de energía solar en la localidad vallisoletana de Torrecilla de la Abadesa. Lasarte, en concreto, logró 11 concesiones para crear otros tantos huertos de casi 500 paneles solares cada uno, varios de ellos en terrenos que son propiedad del jefe de Tesorería de la Consejería de Hacienda, Manuel Ballesteros. También la responsable de Fomento en León, Ana Suárez, y el de Industria, Emilio Fernández Tuñón, obtuvieron concesiones de forma irregular en esa misma localidad.

La Junta ha negado hasta ahora que haya habido tráfico de influencias o información privilegiada en la concesión de las licencias, y ha justificado la destitución de los altos cargos argumentando una pérdida de confianza en éstos, al considerar que ocultaron sus vinculaciones con las empresas beneficiadas.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de León ha anunciado que, a menos que la Junta presente en las próximas semanas una denuncia contra los altos cargos implicados, abrirá una investigación de oficio que, según fuentes de la Fiscalía, podría derivar en un procedimiento penal.