El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, imputado por un delito de revelación de secretos

Dicen que a la tercera va la vencida, pero esta vez puede que sea a la segunda. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio
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El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, imputado por un delito de revelación de secretos
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    Dicen que a la tercera va la vencida, pero esta vez puede que sea a la segunda. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Muniaín, famoso por ser el azote de los planes urbanísticos de esta comunidad y por su papel en reactivar el caso conocido como el ‘Tamayazo’, ha sido imputado por un delito de revelación de secretos, según consta en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha de 27 de julio de 2007, al que ha tenido acceso este diario.

    No es la primera vez que Valerio tiene que enfrentarse a una querella por el mismo motivo y los mismos denunciantes. Sin embargo, ese primer procedimiento fue archivado el 12 de febrero de 2004 siendo fiscal jefe Mariano Fernández Bermejo, actual ministro de Justicia.

    En esta ocasión, el asunto ha llegado más lejos. El fiscal Valerio ya ha tenido que prestar declaración ante el juez instructor José Manuel Suárez Robledano, concretamente el pasado 26 de septiembre, para intentar explicar cómo llegó a las páginas de un periódico de ámbito nacional, El País, un informe de la sección de delitos financieros de la Guardia Civil. Los datos de dicho informe aparecieron publicados en una información suscrita por el periodista José Antonio Hernández quién, además, tendrá que comparecer como testigo en el proceso.

    El citado informe de la Guardia Civil recogía un “presunto delito fiscal” de los hoy querellantes y fue publicado en prensa en junio de 2003. Dicha documentación fue entregada al Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcorcón con motivo de la investigación del conocido ‘Tamayazo’.

    Así las cosas, los que hoy denuncian a Valerio aparecían en la prensa como partícipes en una supuesta trama político-inmobiliaria por la que se removió la voluntad de dos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, para que se ausentaran en la investidura del candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad de Madrid, Rafael Simancas. Esta ausencia provocó la imposibilidad de que Simancas saliera elegido y la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas. Tres años después, el 15 de noviembre de 2006 se archivaron las diligencias contra los hoy querellantes por falta de indicios incriminatorios en el ‘Tamayazo’, decisión que el fiscal Valerio no recurrió.

    Fuentes judiciales aseguraron a este diario que en la Fiscalía de Madrid no se entiende esta querella contra el fiscal Emilio Valerio porque “es el mismo asunto que hace dos años”. Sin embargo, consideran que “tiene una intencionalidad política evidente” porque “si la Fiscalía investigó a los querellantes fue porque se trataba de uno de los mayores pelotazos urbanísticos y lo único que se pretendía era garantizar el suelo destinado a viviendas de protección oficial” tal y como determina la legislación madrileña.

    La necesidad de un fiscal ajeno a Madrid

    A la comparecencia de Emilio Valerio ante el juez, celebrada entre las 16 y 19,30 horas del pasado 26 de septiembre, asistieron los abogados de los querellantes y, por parte del Ministerio Público, el fiscal jefe de Segovia Antonio Silva Jaraquemada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no llamó a ningún otro fiscal de esta comunidad, evitando así cualquier sospecha de ‘exceso de compañerismo’.

    Según fuentes conocedoras del proceso, Valerio negó en su declaración haber participado en la instrucción del ‘Tamayazo’ “entre abril o junio de 2004 y hasta principios de diciembre de 2005 porque se presentó otra querella contra él” y, de nuevo, se abstuvo desde julio de 2007 por la presente querella.

    Aún así, admitió conocer el informe de la Guardia Civil filtrado a la prensa, pero posteriormente a su publicación. Esta ‘abstención’ en la instrucción del caso en la

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