Rajoy concluye el recurso contra el Estatuto que presentará ante el TC después del Referéndum

El Partido Popular ya tiene ultimado el texto del recurso de inconstitucionalidad que presentará ante el Tribunal Constitucional contra la totalidad del Estatuto Catalán, una vez que sea aprobado en Referéndum el próximo 18 de junio. El recurso sólo puede presentarse una vez que el texto esté publicado en el BOE, y eso no ocurrirá hasta que los catalanes lo aprueben en la consulta del citado domingo. Y el PP da por hecho que el resultado será positivo, a favor de los intereses de la Generalitat.

De ahí que en las semanas siguientes, casi con seguridad en la primera quincena de julio, según señalaron a El Confidencial fuentes de este partido, el PP presentará el recurso ante el Tribunal Constitucional, por entender que el Estatuto supone una trasgresión de los principios de solidaridad interterritorial e igualdad entre todos los ciudadanos del Estado, y por constituir en sí mismo una forma de construcción del Estado distinta a la enunciada en la propia Constitución Española.

De hecho, el recurso alcanza desde el preámbulo, donde se reconoce a Cataluña como “nación”, hasta las disposiciones finales. Prácticamente todos los títulos del Estatuto son objeto de inconstitucionalidad, según el PP, porque en todos ellos se vulnera algún artículo de la Constitución. Es más, en la mayoría de los casos el PP se basa en sentencias del propio Constitucional para argumentar su posición sobre la inconstitucionalidad del texto.

La desaparición de la Constitución como fuente de la que emana el poder de la Generalitat, el reconocimiento de los ‘derechos históricos’, o la exigencia de saber el catalán forman parte de los motivos del recurso. En este último aspecto, por ejemplo, se incluye una sentencia del TC del año 1986 en la que se rechaza el deber de conocer una lengua autonómica. El recurso incluye como anticonstitucional el capítulo de derechos y deberes.

Otros aspectos de inconstitucionalidad, según el PP, es el hecho de que la Administración de la Generalitat se convierta en la única administración presente en Cataluña, la limitación de competencias del defensor del pueblo, la invasión de competencias del Tribunal de Cuentas y la merma de la autonomía de los entes locales en Cataluña.

Especial atención pone el recurso en el Título II que afecta a la Justicia. La configuración del Tribunal Superior de Justicia como réplica del Tribunal Supremo, la figura del Fiscal Superior de Cataluña o la creación del Consejo de Justicia de Cataluña al que se adscriben competencias propias del Consejo General del Poder Judicial, y el hecho de que la Generalitat se arrogue competencias que son propias de la Administración de Justicia del Estado, con considerados por el PP como al margen de la Constitución.

También forman parte de la motivación del recurso los blindajes de competencias-subvenciones y la vulneración del reparto competencial contenido en la Constitución –como, por ejemplo, la competencia exclusiva sobre Cajas de Ahorros que se otorga la Generalitat- y, sobre todo, la consagración del principio de bilateralidad que hará que el Gobierno autonómico participe en los nombramientos en los consejos de organismos del Estado y miembros de los órganos de dirección de instituciones y empresas públicas.