El PP eliminará la mitad de las empresas públicas para frenar el despilfarro autonómico

El PP suprimirá al menos la mitad de las empresas y entidades públicas de todas las comunidades autónomas en las que gobierne después de la cita con las urnas del próximo 22 de mayo. Ése es uno de los compromisos incluidos en el programa-marco electoral que ultiman estos días los estrategas del partido, cuyas líneas maestras, además de la creación de empleo, pasan por controlar y reducir el gasto y poner coto al despilfarro autonómico, según han revelado a El Confidencial fuentes de Génova.

La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ya avanzó el lunes que la "racionalización" del gasto en las comunidades autónomas es "absolutamente imprescindible". Y aseguró que "el Estado autonómico, hoy por hoy, tal y como está funcionando, es insostenible". Un argumento casi calcado del que empleó el pasado viernes el presidente de honor del PP, José María Aznar, que definió el actual modelo autonómico como "inviable" y abogó por acabar con sus "excesos".

También Mariano Rajoy insistió ayer en la necesidad de mejorar el sistema autonómico, aunque rebajó el tono de las críticas expresadas por Aznar y Cospedal. El líder del PP reconoció que las comunidades han contribuido al bienestar de los ciudadanos, pero recalcó la necesidad de limitar por ley su techo de gasto y endeudamiento. Es decir, que el Ejecutivo central retome la capacidad de control que derogó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. "Las comunidades autónomas están endeudadas porque lo ha autorizado el Gobierno", aseguró el líder del PP en el Senado, donde presidió la reunión de su grupo parlamentario.

El endeudamiento se dispara

En sólo cuatro años la cifra de empresas, consorcios, fundaciones y entes públicos autonómicos casi se triplicó, pasando de 589 en 2002, gobernando el PP, a 1.690 en 2006, con el PSOE ya en el poder. Según datos del Banco de España, en el tercer trimestre de 2010 la deuda de las comunidades autónomas aumentó un 27,3% con respecto al año anterior hasta rozar los 110.000 millones de euros, lo que hizo que, por primera vez en su historia, aquéllas superasen con su endeudamiento el 10% del PIB español. La más endeudada es Cataluña, con 30.304 millones, cantidad que representa un 28,1% del total. A esas cifras hay que sumar los casi 17.000 millones de deuda de las empresas públicas autonómicas.

De ahí que el PP haya decidido incluir en su programa electoral para las autonómicas del 22-M el compromiso de "adelgazar el sector público" con el objetivo de "mejorar su grado de eficiencia, reducir los gastos operativos e incrementar la calidad de sus prestaciones", según las fuentes consultadas.

Precisamente el modelo autonómico será una de los asuntos que el PP abordará en Sevilla este fin de semana durante su Convención Nacional. Rajoy adelantó ayer que, además del techo de gasto para las comunidades autónomas, la unidad de mercado interior y la igualdad de los españoles constituirán los ejes de su discurso en esta materia. Para el líder popular no puede haber "17 normas distintas", sino "pocas, claras y entendibles" para fomentar el crecimiento económico en todo el país.

Esta armonización del mercado interior es una vieja demanda del PP, que en su ponencia económica del Congreso de 2008, cuando Rajoy fue reelegido al frente del partido, ya denunciaba el marco normativo "fragmentado y heterogéneo" al que se enfrentan las empresas en España. Además, el líder popular pretende que el Estado garantice con una "legislación básica" la igualdad de todos los españoles. Este apartado incluye la equidad de los servicios públicos, y puede afectar a cuestiones tan sensibles para los partidos nacionalistas como el sistema educativo.

No obstante, y a la espera de que se presente oficialmente el programa-marco para las elecciones autonómicas y municipales, Rajoy prefirió no tensar más los ánimos en torno al papel de las comunidades. Así, descartó que el Estado deba recuperar competencias ya descentralizadas, e hizo un llamamiento a la "cooperación entre todas ellas". Los populares esperan que la controversia autonómica no eclipse el resto de la agenda de su Convención Nacional, donde también se debatirá sobre reformas económicas y del estado del bienestar, o la situación que atraviesa el Poder Judicial.