publicidad

ElConfidencial.com > En Exclusiva >  /  >

ESTÁ PARTICIPADA POR LAS PROPIAS AUTONOMÍAS

Tragsa implica a las comunidades autónomas como responsables del fraude fotovoltaico

Tragsa implica a las comunidades autónomas como responsables del fraude fotovoltaico

Placas solares en una planta fotovoltaica (EFE)

Daniel Toledo  /  Carlos Hernanz 30/05/2011   (06:00h)

Más de mil huertos solares han perdido ya su prima a manos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Todos ellos víctimas de unas inspecciones que el supervisor realiza a través de Tragsa, empresa pública participada y gestionada por las comunidades autónomas. Un hecho paradójico ya que fueron las propias comunidades las que autorizaron sin trabas la puesta en marcha de esas instalaciones en 2008. “Correspondía a las autonomías realizar las comprobaciones para inscribir a un parque en el Ripre, el registro de las instalaciones en régimen especial. O fueron negligentes, o prevaricaron”, explican a El Confidencial fuentes jurídicas.

“La CNE está cuestionando sin matices el visto bueno que las comunidades dieron a las plantas antes del 30 de septiembre de 2008, la fecha límite para que los equipos estuvieran operativos y pudieran acceder a los mejores subsidios del Real Decreto 661/2007. Por una cuestión de competencias, el Gobierno no podía anular el Ripre y suspender las primas. Y es entonces cuando encarga las inspecciones a la CNE. La cuestión es que la propia CNE está suspendiendo el régimen tarifario a instalaciones que tienen en fecha la autorización de su autonomía. Se haga como se haga, el sistema está jurídicamente tocado. Podría incluso abrirse una nueva vía legal de recurso”, aseguran estas fuentes.

Otro despacho con intereses en la materia simplemente explica el desaguisado recordando “la improvisación que ha presidido todo el proceso”. Que Tragsa -a través de su filial Tragsatec- sea la compañía encargada de realizar el trabajo es la última broma. No en vano 15 comunidades autónomas participan simbólicamente en el accionariado de la sociedad, con un título que otorga a cada una el 0,003385 del capital. “Es lógico desde el punto de vista operativo. Tragsa es el único instrumento de que dispone el Ejecutivo para llevar a cabo este tipo de tareas. Es una especie de brazo armado, dispone de la agilidad y el carácter ejecutivo”, añaden estas fuentes.

Sancionar a las comunidades del PSOE

Este periódico adelantaba hace un año que el Gobierno buscaba fórmulas para recortar las primas a las energías renovables con carácter retroactivo. Todo con la idea de reducir el coste de los subsidios, que al final se repercuten en el recibo de la luz. También en la convicción de que había una importante bolsa de fraude al abrigo de las generosas primas del 661. Fuentes del sector insistieron desde el primer momento en que investigar ese fraude equivalía a inspeccionar las tropelías cometidas por las autonomías en la concesión de licencias. Y sancionarlas. Una tarea compleja para el Ministerio en tanto las tres con mayor potencia solar instalada son Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, hasta ahora gobernadas por el PSOE.

Según la información remitida la semana pasada por la CNE, de las 5.072 instalaciones revisadas hasta la fecha, 1.082 no han logrado probar que estuvieran listas para la producción de energía eléctrica en plazo. “La falta de acreditación de estas 1.082 instalaciones es debida en 791 casos a la no aportación de la documentación requerida en (…) facturas, albaranes, documentos de aduana”, explica el supervisor. Desde el sector, se ha insistido en el extremo de celo mantenido por Tragsa, al punto que ni la propia ley recoge la obligación de guardar los albaranes cuatro años después de la compra. “Es como si te dan una vivienda de protección oficial y al cabo de los años te piden facturas de las ventanas, las puertas...”, se quejaba un promotor.

Las complicaciones se multiplican en los proyectos llave en mano, en los que las facturas y albaranes están a nombre de la empresa instaladora y no del propietario, razón por la cual la CNE estima en muchos casos que no es posible asegurar que los paneles pertenezcan a la instalación. “Mi huerto, al que ahora la CNE suspende la prima por no cumplir con el Real Decreto 1003/2010, tiene dos certificaciones. La eléctrica de referencia me dio el boletín del instalador. Y luego, la delegación provincial me dio el acta de puesta en marcha. Habrá que demandar entonces a las consejerías de las comunidades autónomas. No sé cómo la Fiscalía no ha entrado de oficio si hay un fraude tan masivo”, asegura otro inversor, bajo condición del anonimato.

Los inversores que estén en la lista negra de la CNE podrán recurrir ante el Ministerio de Industria, una vez éste acuerde oficialmente la suspensión de la ayuda. Miguel Sebastián tiene tres meses para resolver la cuestión. Desde ahí, el siguiente paso es la vía contencioso administrativa. “Un proceso se lleva entre dos y tres años. Aunque te den la razón, ese plazo puede ser insostenible para muchas instalaciones”, subraya este último inversor.

 

OPINIONES DE LOS LECTORES, 8 COMENTARIOS

8 .- Eso pasa por dejar en manos de empresas públicas la tarea que deberían hacer funcionarios. Esto lo sabía todo el mundo y si escarban encontrarán otra corrupción de tomo y lomo. ¿Pero que pensamos que iba a hacer Tragsa, empresa de colocación de socialistas y amiguetes?

progre

30/05/2011, 21:15 h.

 Responder

|

 Marcar como ofensivo

|

 Me gusta (0)

|

#

7 .- El PP fue el que saco en 2004 la tarifa que hizo "efecto llamada" [como las regularizaciones de inmigrantes]. Después Sebastián la ratificó en 2007.

Si la tarifa estaba mal calculada [hicieron mal el pricing de los incentivos fotovoltaicos], pues asumes el error y tiras para adelante. Ahora se inventan requisitos retroactivos [por ejemplo: cuándo se dijo en 2008 que había que guardar albaranes? pues ahora son necesarios] con tal de buscar culpables. Pero obvian que, para probar algo, hay que contar con todas las pruebas permitidas en derecho. Y la CNE, a través de Tragsa, están haciendo caso omiso de este principio: están dictando resoluciones injustas a sabiendas. Se supone [y digo sólo "se supone", porque ya sabemos cómo va por aquí la cosa judicial] que un juez debería admitir esas pruebas [que no necesariamente tiene que ser el albarán o la factura que pide el MITYC y la CNE] y revertir el resultado de la inspección de la CNE/Tragsa [esta última, el brazo [in]corrupto del Estado].

Y sí, CNE/Tragsa están prevaricando. Según RAE: "Prevaricación: 1. f. Der. Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario".



A Rincon

30/05/2011, 20:04 h.

 Responder

|

 Marcar como ofensivo

|

 Me gusta (0)

|

#

6 .- #5 Es más sencillo. Se llama presupuestar. Si lanzas un decreto que implica un efecto llamada muy importante, tienes que haber hecho los números de cuanta prima puedes pagar y contingentar el tema. Sebastian lanzó un decreto sin preveer las consecuencias, por eso es un ínutil integral.

juan sin miedo

30/05/2011, 18:17 h.

 Responder

|

 Marcar como ofensivo

|

 Me gusta (0)

|

#

5 .- El problema de fondo es el autentico disparate, consciente o negligente, de una absurda normativa, que ahora se pretende enmendar, aunque sea ilegal de forma retroactiva o introduciendo parámetros administrativos muy restrictivos para no pagar.
Bastaba desde un principio, con solo subvencionar a partir de un coste de energía determinado. De tal forma que cesara de forma automática el mecanismo, de alcanzarse o superarse un cierto nivel fijado. Nunca de garantizar siempre el 400% o mas de la tarifa, al margen del coste alternativo de mercado.

Taz

30/05/2011, 17:33 h.

 Responder

|

 Marcar como ofensivo

|

 Me gusta (0)

|

#

4 .- #1 Siento discrepar de lo que expone. Poco o nada tiene que ver la supuesta retroactividad de la normativa de fotovoltaicas con el supuesto fraude de los promotores.

En mi opinión, el que no tenía la instalación en regla tendrá que ser castigado por ello cuando así se demuestre. Sólo faltaba echarle la culpa a Sebastián por engañar y robar!! [en mi opinión, es ser un chorizo pero de un modo más sofisticado]

Considero que tambíén las CCAA [e incluso Ayuntamientos] tienen responsabilidad por otrogar los permisos sin que se cumplieran los requisitos para ello. Sin embargo, jurídidcamente me parece difícil de perseguir. Apesta a corrupción, y en este país ya sabemos que uno se suele ir de rositas con estos temas.

registradarg

30/05/2011, 10:12 h.

 Responder

|

 Marcar como ofensivo

|

 Me gusta (0)

|

#

Las más, patrocinado por Aenor los más leidos los más leidos los más comentados los más enviados


Ediciones anteriores      Suscripción al boletín                                              Anúnciate
Auditado por Ojd