La tercera parte de los ayuntamientos oculta sus gastos al Tribunal de Cuentas

La gestión de miles de ayuntamientos continúa siendo un arcano. Al menos, para el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar el gasto público. Lo preocupante del caso es que este fenómeno de ocultamiento no afecta sólo a los pequeños municipios. También a los grandes. Según el Tribunal de Cuentas, nada menos que el 18% de los municipios con más de 5.000 habitantes y menos de 50.000 incumple la obligación de rendir cuentas. En el caso de los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, que ya pueden considerarse de cierto tamaño, el 6% tampoco presenta sus números a los órganos de fiscalización. En el caso de los ayuntamientos con menos de 1.000 vecinos, el 27% no reporta sus cuentas a los poderes públicos.

Las cifras proceden del Informe de Fiscalización del Sector Público Local correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, que fue aprobado el pasado 24 de marzo por el Pleno de Tribunal de Cuentas, y en el que se pone de relieve hasta qué punto se ha generalizado esta práctica.

Incluyendo las entidades de ámbito menor al municipio (alcaldes pedáneos), se estaría hablando de que más de 3.500 municipios españoles continúan sin rendir cuentas en plena era de la información. Y ello pese a que la Constitución establece que “la gestión de cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste”. No ocurre así en muchos casos, y eso abunda en la idea de quienes piensan que no se ha avanzado prácticamente en la transparencia en el gasto.

De hecho, y pese a los avances tecnológicos, el porcentaje de municipios que no rinde cuentas -ese 30%- es similar al que había en el año 2000.  Destaca, en todo caso, la ausencia de transparencia de las mancomunidades de municipios. Nada menos que el 51% no presenta sus cuentas para que sean fiscalizadas.  Pero es que en el caso de las entidades de ámbito inferior al municipio, el porcentaje llega al 86%. Como pone de relieve el Tribunal de Cuentas, en algunos casos no se trata de pequeñas localidades, sino que son representativas, lo que es todavía más chocante.

En palabras del órgano fiscalizador, este desapego por la transparencia “denota una manera de actuar por parte de estas entidades ante los órganos de control que convierten en excepción el cumplimiento de la norma y no, como sería lo normal en un Estado democrático, su incumplimiento”.

Denuncia reiterada

No se trata, como se ha dicho, de un fenómeno nuevo. Como recuerda el Tribunal de Cuentas, en anteriores informes anuales “se ha venido denunciado de forma reiterada el deficiente nivel de cumplimiento, en tiempo y forma, por parte de las entidades locales de la obligación de rendir cuentas de su gestión”. Incluidos los órganos de control externo dependientes de las comunidades autónomas.

Para mayor descontrol del gasto público, el Tribunal de Cuentas llama asimismo la atención no sólo sobre la cantidad de informes no presentados, sino también por la mala calidad de los que llegan a su poder.  Como señala el órgano fiscalizador, “no es suficiente con que las entidades locales rindan las cuentas, sino que deben hacerlo también dentro del plazo legal y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que marca la Ley”.

El Tribunal de Cuentas denuncia, en concreto, que “una parte significativa de las cuentas rendidas adolece de numerosos defectos y omisiones que limitan la validez de la información suministrada y su representatividad, tanto por la omisión de estados, cuentas y anexos que, de acuerdo con el sistema contable vigente, integran la cuenta general y son relevantes para valorar su representatividad, como por la falta de la debida coherencia interna de dicha información”.

El Tribunal de Cuentas achaca los reiterados incumplimientos a factores como la complejidad de los documentos, los inadecuados procedimientos contables o la insuficiencia de medios personales.

Multas ridículas

Para evitar esta insuficiencia de medios, el Pleno del Tribunal de Cuentas llegó a aprobar en su día una Moción en la que instaban a los ayuntamientos a que fomentaran la agrupación de municipios “a efectos del sostenimiento en común de los puestos de trabajo que tienen encomendadas las funciones de contabilidad y control interno”. Aquella Moción fue papel mojado.

Entre otras cosas por el ridículo régimen sancionador que se aplica a los ayuntamientos que no rindan cuentas. Así, por ejemplo, en marzo de este año el Plano de Tribunal de Cuentas acordó la imposición de 24 multas “coercitivas” a otros tantos alcaldes y presidentes de mancomunidades. Pero ojo, por importes que oscilan entre 250 euros y 901,52 euros, de los que incluso se revocaron dos posteriormente tras haber presentado sus cuentas antes de la notificación.

La conclusión que saca el Tribunal de Cuentas es demoledora.  “Existe”, asegura, “la sensación de impunidad en funcionarios y cargos públicos por la falta de rendición y, en general, ante el incumplimiento de leyes relativas a la gestión pública, pues se carece de instrumentos efectivos para requerir la información y obtener la necesaria colaboración”.

Es más, asegura que “subsiste una generalizada ausencia de exigencia social y política de los resultados de la gestión en términos financieros, lo que determina que los gestores y funcionarios no incluyan entre sus prioridades la formación, aprobación y rendición de las cuentas”.