Los partidos se pelean ahora por proteger a los hipotecados ‘hasta las cejas’

El debate del estado de la Nación ha convertido a aquellos hipotecados que están con el agua al cuello en el objetivo número uno de los partidos políticos. Tres años después de que comenzaran las ejecuciones masivas por la crisis, los grupos parlamentarios se pelean por aparecer como los mayores defensores de los deudores. Desde el PSOE al PP, pasando por IU o CiU, todos han presentado diferentes propuestas de resolución para ayudar a los hipotecados. No obstante, estas iniciativas, con las que se pone punto final al debate, carecen de fuerza jurídica y, como reconocen en privado los diputados, no suelen servir para mucho.

Los grupos parlamentarios desfilaron ayer a mediodía para presentar sus propuestas y, más tarde, se lanzaron en busca de pactos para lograr el mayor número de victorias posibles en la votación de este jueves. El valor de las resoluciones se limita a instar al Gobierno a impulsar o llevar a cabo ciertas medidas, pero este año llegan aún más debilitadas por el escaso tiempo de legislatura restante. No obstante, los partidos han encontrado en el problema de las hipotecas la excusa perfecta para vender al público el resultado de su trabajo en el debate sobre el estado de la Nación.

El primero en abrir fuego fue José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente se comprometió a aumentar las cuantías no embargables a 961 euros, y a 1.300 euros para quien tenga a cargo dos personas sin ingresos. Este fue el principal anuncio de su discurso en el Congreso, pero no ha tardado en tener eco en el resto de fuerzas. Así, el PP no tardó en recordar que fue su insistencia, junto a la de ERC, la que consiguió crear en la Cámara una subcomisión para evaluar posibles cambios sistema hipotecario.  

En su batería de iniciativas, los populares han incluido la supervisión de las condiciones con que se conceden los créditos, con el objetivo de acabar con aquellas que pueden resultar abusivas, como la famosa “cláusula suelo”. Asimismo, proponen crear mecanismos de mediación “que permitan a las familias españolas afrontar con mayor seguridad, conocimiento y garantías jurídicas sus operaciones de crédito, ya sea en el momento de constitución o a lo largo de la vida del préstamo hipotecario”.

CiU se ha apuntado a la promesa de Zapatero para incrementar la cuantía fijada como inembargable, y reclama incrementar el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado, hoy establecido en el 50%, de modo que pueda ser adjudicado al acreedor en caso de que la subasta judicial quede desierta. En cuanto a que la entrega de las llaves salde la hipoteca, medida defendida desde ámbitos tan dispares como el Movimiento 15-M o Esperanza Aguirre, los nacionalistas catalanes apuntan algunos pasos en esa dirección: establecer incentivos fiscales que fomenten esa forma de resolución de los impagos, y fomentar que los bancos ofrezcan más hipotecas que garanticen la dación en pago.

La izquierda presiona para que la entrega de llaves salde la deuda

Pero ha sido el grupo que conforman IU, ERC e ICV el que más directamente ha adoptado las peticiones de los indignados y los hipotecados en situación vulnerable. Su propuesta de resolución exige “regular la adaptación de la dación en pago del piso hipotecario para los deudores de buena fe, si se acredita que es la residencia habitual, liberando por tanto a las personas y familias de la totalidad de la deuda”.

Para justificar esta medida, el grupo de la izquierda relata el proceso por el que se ha llegado a este problema social: “Se les vendió una vivienda libre a un precio realmente alto, se les concedió un crédito hipotecario que comprometía la mayor parte de su renta personal o familiar y se les dijo que podían estar tranquilos pues la vivienda libre siempre sube de precio, iba a poder pagar su crédito y además iba a hacer un magnífico negocio”.

En los últimos meses se han repetido las acciones de la plataforma Afectados por la Hipoteca, y otros activistas próximos al Movimiento 15-M, que se movilizan para detener desahucios en diversos puntos de España. Estos casos han sacado a la luz el drama de las familias que pierden su casa y, además, deben seguir pagando sus deudas. Aunque, en realidad, desde 2007 se han llevado a cabo ya cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Según datos del CGPJ, en 2010 se registró el máximo histórico de ejecuciones con 93.600 operaciones, año en que esta materia no fue prioritaria en la agenda política.