Mas ocultó a sus socios del Palau que pediría no investigar el desvío de fondos

El caso Palau ha enconado definitivamente la política catalana. La decisión del Consorcio (entidad del Palau que aglutina a Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura) de pedir al juez que no investigue a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ni impute a dos de sus dirigentes (el ex tesorero Daniel Osàcar y el responsable de Inmigración, àngel Colom) ha roto el consenso entre las administraciones. Según la teniente de alcalde de Barcelona Assumpta Escarp, la Generalitat que preside Artur Mas tomó unilateralmente la decisión de realizar la petición al magistrado sin consultar con los otros miembros del Consorcio. En realidad, la entidad del Palau no se reúne desde las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado 28 de noviembre, según desveló Escarp. La portavoz municipal acusó concretamente al Gobierno autonómico de “romper la unidad de defensa jurídica” de los intereses del Consorcio del Palau de la Música.

Pero fuentes cercanas al Palau consultadas por El Confidencial señalan que “se veía venir” la paralización del proceso. Entre otras cosas, porque la Generalitat tiene un nuevo presidente. Y a Artur Mas le corresponde, por su cargo, ser también presidente del Consorcio. “No iba a permitir que una institución bajo su mandato instigue una investigación sobre su partido”, añaden las fuentes consultadas.

En un escrito que ingresó en el juzgado de instrucción número 30 el pasado lunes, el Consorcio señala que las últimas declaraciones de los imputados en el escándalo del Palau no arrojan luz nueva sobre las vinculaciones de CDC. Además, eleva a rango de prueba una declaración manuscrita del ex director administrativo de la institución musical, Jordi Montull, que sólo decía que el “Daniel” que aparecía como receptor de millones de euros en los papeles encontrados “no era Daniel Osàcar”. Y no daba más detalles. Por esto, “y por razones de seguridad jurídica”, pide que no se abra una pieza separada ni se realicen las imputaciones pedidas por fiscalía. Al día siguiente, los abogados de la Generalitat dirigieron otro escrito al juez porque el primero “resulta incongruente por error material”. Y concluía que, “si se procede a la apertura de pieza separada, no se realicen las imputaciones solicitadas tanto por el ministerio fiscal como por esta parte en nuestro escrito del 15 de noviembre del 2010”. En otras palabras: el principal objetivo es salvaguardar a los dirigentes de CDC implicados en el escándalo.

Pero la cosa no se queda ahí: la Generalitat carga contra la petición de la fiscalía porque “puede perjudicar los intereses del Palau de la Música”. En otro párrafo, el escrito asegura que “la solicitud del ministerio fiscal puede arrastrar todo el contenido de la pieza principal a la pieza separada, lesionando de forma grave los intereses del Palau de la Música, dificultando su resarcimiento”. En este sentido, alude a que las otras dos entidades que forman parte del Palau (la Fundación y el Orfeó Català) ya pidieron en noviembre que no se abriese una pieza separada “para el enjuiciamiento independiente de las disposiciones ilícitas de fondos en efectivo de cuentas de las entidades que no se corresponden con la actividad regular de las mismas y que, en realidad, fueron aplicadas al enriquecimiento de los señores Millet y Montull”. Obvia, sin embargo, que esa decisión fue tomada por un presidente en funciones -puesto que se iban a celebrar elecciones en el Palau- y que éste había sido alto cargo del Gobierno de Jordi Pujol, por lo que arrimaba el ascua a su sardina. Y, por si fuera poco, su decisión unilateral provocó un alud de quejas y críticas de los socios de la institución, ya que no los había consultado. Fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por El Confidencial aseguran, respecto a esta cuestión, que “la Fundación del Palau y el Orfeó son entidades privadas y por tanto pueden renunciar a recuperar el dinero, pero el Consorcio está sujeto a derecho público, ya que es de la Administración, y no puede renunciar a recuperar el dinero que ha desaparecido de sus arcas”.

Contra la fiscalía

Desde el Gobierno autonómico se guarda un prudente silencio sobre el tema. Y sus portavoces remiten a un escueto comunicado emitido a última hora de la tarde de ayer, donde justifica su posición en el escándalo. El escrito señala que la actuación del gabinete jurídico “se ajusta únicamente a la defensa de los intereses del Consorcio” y afirma que la posición del Gobierno de la Generalitat respecto al caso “es y será la de defender el interés público y el estado de derecho, como corresponde hacer en el marco de todas las instituciones y consorcios a los cuales pertenece la Generalitat”. Por último, manifiesta su “plena confianza” en la profesionalidad de los abogados del gabinete jurídico del Gobierno y pide “respeto por su función y su buen criterio jurídico”.

Poco antes, el jefe de la oposición, el socialista Joaquim Nadal, había pedido a Artur Mas durante el pleno parlamentario aclaraciones sobre la supuesta interferencia de su Gobierno en el proceso judicial, pero recibió la callada por respuesta. Nadal pidió a Mas que “desmienta” la noticia de que el tema fue cocinado en los servicios de la Presidencia, es decir, que fue una orden que había partido de arriba. A continuación, el PSC presentó una pregunta oral en la Comisión de Asuntos Institucionales para conocer los motivos del cambio de rumbo. Fuentes de Convergència, no obstante, destacan que “no hay ni una sola prueba de que haya habido conductas irregulares, más allá de algunos indicios. Con el ‘caso Palau’ se ha querido criminalizar desde un principio a Convergència. La acusación se basa en que hay anotaciones con el nombre de un tal “Daniel” que al parecer ha recibido dinero, pero Osàcar ya dijo ante el juez y el Parlamento que no era él, extremo que fue confirmado luego por los ex directivos del Palau. Por tanto, hemos de ser muy cuidadosos y aplicar la presunción de inocencia”. Pero otros partidos de la oposición también se le han echado encima: la portavoz de ICV, Dolors Camats, preguntó a Mas si desde Presidencia se había dado alguna instrucción a los servicios jurídicos para desdecirse y mostró su disposición a presentar iniciativas parlamentarias para conseguir explicaciones del president. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se manifestó en términos similares y anunció que pedirá la comparecencia parlamentaria de Mas sobre el asunto.

Los anteriores directivos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, desviaron más de 35 millones de euros de las cuentas de la emblemática entidad musical hacia sus bolsillos o hacia terceros. Una parte del dinero fue a parar a las arcas de la Fundación Trias Fargas, que es propiedad de Convergència y que, además, tiene el mismo tesorero que el partido. Oficialmente, la fundación convergente había firmado un convenio de ocho años de duración con el Palau por el que recibiría 630.000 euros, pero al descubrirse el desfalco se comprometió a devolver a plazos de aquí al 2017. Los documentos en los que se basa la acusación del fiscal, sin embargo, dejan dudas sobre cuánto dinero recibió la fundación Trias Fargas, puesto que su tesorero era un asiduo visitante del Palau, tenía línea directa con la cúpula de éste y se encontraron anotaciones con cantidades millonarias en efectivo supuestamente pagadas bajo mano.