Una jueza obliga a un grupo de administradores concursales a devolver dos millones de euros

Los economistas Daniel Pastor y Alejandro Bengio y el abogado Tomás Torres, administradores judiciales de las empresas del Grupo Jale, tendrán que devolver dos millones de euros que han cobrado de más por administrar la citada compañía. Así lo ha ordenado la magistrada titular del juzgado de lo mercantil de Cádiz, Nuria Auxiliadora Orellana, en un auto notificado a las partes el pasado 2 de junio, que ha sido recurrido.

Sólo dos días antes, El Confidencial destapaba que los despachos de Bengio y Pastor invitaban a jueces de lo mercantil a impartir conferencias remuneradas y luego recibían procesos concursales de esos mismos magistrados. La jueza Orellana, una de las habituales de estas jornadas de derecho concursal, dice en su auto que los administradores deben “realizar alegaciones respecto del posible cobro de sus honorarios, facturado a nombre de sociedades, y en cuantía superior a lo establecido en los autos de fijación de honorarios provisionales”. La magistrada dice que, si han cobrado un “importe superior a lo autorizado (…), a la mayor brevedad procedan a su reintegración”. Alejandro Bengio ha declarado a El Confidencial que no han devuelto el dinero porque han recurrido el auto, “todos los cobros están justificados y, además, la empresa todavía nos debe muchos miles de euros”, sostiene.

La administración judicial del Grupo Jale es una de las más lucrativas que han conseguido estos despachos, que suman decenas de procesos concursales en los últimos años, principalmente en Andalucía. Daniel Pastor, ex decano del Colegio de Economistas de Málaga con 64 procesos concursales en su haber desde 2005, Alejandro Bengio, decano y presidente del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de Málaga, y el letrado Tomás Torres han cobrado del Grupo Jale unos honorarios que alcanzan los 3,9 millones de euros, sin contar el IVA, de los que 2.076.907 euros están por encima de lo que estipuló el juzgado, una sobrefacturación de más del 100 por cien, según denuncian desde la empresas administradas. Este grupo, dedicado al negocio hotelero y la construcción y formado por las sociedades Inverluna, Amuerga y Jale, se sitúa entre la veintena de procesos concursales más importantes de España, con una deuda de 300 millones de euros. La plantilla lleva varios meses sin cobrar.

Fuentes de la empresa aseguran a El Confidencial que los administradores nombrados por la jueza “se han reunido con los socios no más de diez veces en tres años y el 90% vía video-conferencia”. Las mismas fuentes, que han exigido el anonimato, no comprenden “por qué a una empresa con base en El Puerto de Santa María la juez le designa dos administradores con despacho en Málaga y el que pone de aquí, Tomás Torres, que tiene el despacho en la misma calle que el Grupo Jale, no ha pasado ni para saludar”. Los propietarios de Jale están negociando la venta de la compañía al Grupo Urbas, que ya ha colocado a sus directivos en el Consejo de Administración.

Cobrando a través de una constructora

La jueza especifica en su auto que los administradores han cobrado a nombre de sociedades, una práctica cuando menos polémica, ya que el juzgado nombra administrador a una persona física, no a una empresa. De este modo los administradores ahorran miles de euros en impuestos, ya que el tributo sobre el beneficio de las sociedades es muy inferior al IRPF de los particulares. Pastor y Bengio han pasado sus minutas a través de sociedades mercantiles dedicadas a su actividad como economistas, pero el abogado Tomás Torres ha cobrado sus honorarios como administrador judicial facturando a través de una constructora. Este periódico se ha puesto en contacto con el despacho de Tomás Torres, pero no ha sido posible contactar con él.

El auto lleva fecha de 24 de mayo de 2011, pero las partes no lo conocieron hasta el dos de junio, tras las informaciones de El Confidencial. La magistrada Orellana, que atendió telefónicamente a este medio el 30 de mayo pasado, no mencionó la existencia de dicho auto cuando fue preguntada por su relación con los economistas malagueños Pastor y Bengio y por el Grupo Jale. El Comité de Empresa de Jale había denunciado ante la jueza el exceso de los cobros de los administradores el pasado mes de enero.