Hacienda impone a Antonio Catalán y a la familia Cosmen una multa de más de 40 millones

Hacienda ha levantado actas de inspección contra un destacado grupo de empresarios, entre los que destacan el hotelero Antonio Catalán (AC Hoteles), la familia Cosmen (Alsa) y otros inversores, a los que reclama más de 40 millones de euros por las plusvalías generadas durante los años del boom con una operación inmobiliaria. Según fuentes próximas a la investigación, la Agencia Tributaria discrepa del tratamiento fiscal con que Anca Corporate, la sociedad que está siendo objeto de investigación y recién declarada en concurso de acreedores, de la que son accionistas los sancionados, declaró los 144 millones de euros obtenidos por la venta de unos terrenos ubicados en Oviedo. 

Los hechos objeto de investigación se remontan a 2006, año en el que Antonio Catalán, los Cosmen y el resto de socios vendieron Corporate Manjoya, la sociedad propietaria de unos terrenos edificables en Oviedo. Las plusvalías obtenidas por la operación, más de 100 millones de euros, se las pagaron vía dividendos y las tributaron como si fueran rendimientos de una patrimonial, más ventajosa fiscalmente, en lugar de una mercantil, como considera Hacienda que debería haber ocurrido. Esta actuación, sin embargo, ha sido recurrida por los afectados, defendidos por Heribert Padrol (socio fiscalista de Gómez-Acabo y Pombo y ex alto de cargo de Hacienda) y ha sido admitida a trámite.

Según consta en la documentación recogida por la Agencia Tributaria, el empresario navarro creó en 2001 la firma patrimonial Anca Corporate, cuyo único accionista era Anca Hoteles, la sociedad a través de la cual Antonio Catalán controla su participación en AC Hoteles. Durante los dos años siguientes a su constitución, Anca Corporate abrió su accionariado a otros socios inversores tras las pertinentes ampliaciones de capital, como ocurrió con la Caja de Ahorros de Navarra (CAN), con la familia asturiana Cosmen (accionista de AC Hoteles) o con el promotor maño Valeriano Mayayo y su socio Juan María López Álvarez, estos dos últimos relacionados años más tarde con protagonistas del Caso Malaya.

La formación de este núcleo de inversores en torno a Anca Corporate tuvo que ver con la participación en un concurso en 2002, cuya oferta por 31 millones de euros resultó vencedora para quedarse con unos terrenos en el barrio ovetense de La Manjoya, popular por su paso del Camino de Santiago, por la antigua ubicación de una fábrica de explosivos y por su revitalización como zona residencial al calor del boom inmobiliario. Estos suelos, propiedad del Ayuntamiento de Oviedo tras adquirírselos en 1998 a la familia Figaredo y a la compañía Unión Española de Explosivos, fueron comercializados por el consistorio para su desarrollo y posterior construcción de viviendas protegidas.

Discrepancias sobre las plusvalías

De esta manera, el heterogéneo grupo de inversores, que ostentaban participaciones proporcionales del 12,5% de la sociedad, hizo valer su oferta para debutar con éxito en su incursión en el negocio del ladrillo, imponiéndose en el concurso a la inmobiliaria Fadesa, especializada en la construcción de viviendas de protección oficial. En julio de 2004, dos años después adjudicarse los terrenos, Anca Corporate traspasó los activos como aportación no dineraria a la sociedad Corporate Manjoya, de la que era único propietario la patrimonial que Catalán había ofrecido al resto de socios para utilizarla como plataforma societaria desde la que realizar la operación. 

A finales de 2006, Anca Corporate vendió su participación en Manjoya Corporate por 144 millones a algunos de los socios, como Valeriano Mayayo y nuevos inversores, entre ellos la inmobiliaria vasca Urazca, que sería finalmente la que se encargaría de construir y comercializar los suelos. En sólo cuatro años el valor de los activos se multiplicó por más de cuatro, probablemente gracias a que durante ese tiempo el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el popular Gabino de Lorenzo, aprobó el desarrollo del Plan Parcial Urbanístico que afectaba a 200.600 metros cuadrados, de los que más de la mitad correspondían a la instrumental controlada por Catalán y sus socios, terrenos donde se proyectó construir 567 chalets.

De acuerdo con la versión de los sancionados, la sociedad pagó cerca de 25 millones de impuestos por aquellas plusvalías, tras realizar una consulta con la Agencia Tributaria sobre cómo debían tratar fiscalmente esos millones. Un par de años después, Hacienda ha rescatado la operación, levantando actas de inspección y sancionando con una multa de más de 40 millones después de que los afectados se negaran a negociar el importe de una multa, de no mucha cuantía, que hubiera evitado la apertura de un expediente sancionador. Es más, los empresarios estuvieron a punto de querellarse contra Hacienda por su celo fiscalizador, al entender que le mueve un afán recaudatorio infundado.

De un tiempo a esta parte, ni los Cosmen ni Antonio Catalán han sido los únicos empresarios reconocidos con algún tipo de problemas con Hacienda. Ocurrió con el millonario Demetrio Carceller Coll, titular de gran fortuna gracias a los negocios de la distribución petrolera (Disa) y la alimentación (Cerveza Damm), al que el Fisco reclama más de 400 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, o con el también empresario catalán Jordi Carulla, uno de los herederos del holding alimentario Agrolimen (Gallina Blanca, Ausonia…), investigado por presunta evasión fiscal.