Gómez-Navarro cerró su dimisión al frente de las Cámaras en un almuerzo con González y Rato

La dimisión de Javier Gómez-Navarro como presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio es la historia de un desencuentro. El que fuera ex ministro de Comercio y Turismo socialista gestó su salida en un almuerzo organizado en su institución al que asistieron los ex dirigentes Felipe González y Rodrigo Rato. Según fuentes próximas a los invitados, el acto fue un encuentro tenso, marcado por críticas casi unánimes hacia la gestión económica de Rodríguez Zapatero. 

Tanto Gómez-Navarro como, sobre todo, González compartieron especial dureza con las opiniones más críticas. Y sus reproches no tardaron en llegar a oídos de Moncloa. Desde ese momento, el ya ex presidente de las Cámaras estaba sentenciado. Zapatero le retiró su apoyo y, respondiendo a las presiones de CEOE y de las grandes corporaciones, suprimió en diciembre la cuota cameral obligatoria, el canon que deben pagar las empresas para financiar a las Cámaras y que supone de media el 60% del presupuesto de las 85 organizaciones que integran el Consejo Superior.

Tras seis años de gobernanza en desacuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno, la inacción de Gómez-Navarro tras la supresión del canon, que provocará “importantes” ajustes de plantilla, y su total falta de sintonía con Zapatero no le dejó otra salida que presentar su dimisión, que comunicó al presidente de la patronal de empresarios Juan Rosell la noche anterior al Pleno del Consejo en el que anunció su retirada.

El nuevo presidente de las Cámaras se elegirá previsiblemente el próximo de 3 de mayo entre los presidentes de las Cámaras de Comercio del conjunto de España y los ocho notables que integran el pleno del organismo. En los días siguientes a la dimisión de Gómez-Navarro, sonaron los nombres de los presidentes de las Cámaras de Navarra, Barcelona y Zaragoza (Javier Taberna, Miquel Valls y Manuel Teruel, respectivamente) como principales candidatos para sustituirle.

No obstante, fuentes solventes señalan a El Confidencial que tanto Valls, que cuenta con el apoyo de Juan Rosell, como Arturo Fernández, presidente de la Cámara de Madrid, se decantan por José Vicente Morata, máximo responsable de la Cámara de Valencia. Ambos valoran positivamente su estrategia de tender puentes entre organizaciones, especialmente con Barcelona. Morata, quien ya ha subrayado que Valencia “estará presente en el núcleo de la decisión”, también ha recabado los apoyos de Murcia y Guipúzcoa.  

Las Cámaras, en la encrucijada

La renuncia de Gómez-Navarro añade inestabilidad a una situación ya de por sí incierta y compleja. La eliminación del recurso cameral tendrá un impacto considerable en las Cámaras que integran la red, hasta el punto de que una gran mayoría quedan abocadas a la desaparición o al subsidio autonómico. La supresión del canon -que se calcula en función del beneficio obtenido vía Impuesto de Sociedades- supondrá, según cifras del Gobierno, un ahorro de 90 millones para las pymes y unos 250 para el conjunto del tejido empresarial.

No obstante, las Cámaras denuncian que la medida beneficia principalmente a las grandes compañías y no a los autónomos, dado que el 75% de las empresas integradas en la organización no paga nada o aporta menos de 20 euros anuales. La mitad de los ingresos de cuotas provienen de empresas que pagan más de 6.000 euros al año, las cuales representan sólo el 0,16% del total de las compañías. Según explicó en su día Gómez-Navarro, “un 1% de las empresas paga dos tercios de los ingresos” por este concepto. Obviamente, la mayor carga recae en las compañíasmás grandes; sólo Telefónica se deja al año alrededor de 700.000 euros.

Al argumentar la supresión del canon, el Ejecutivo no se pronunció sobre los efectos colaterales de la medida. Sirva como ejemplo la Cámara de Madrid, cuyo presupuesto de 75 millones procede en un 60% de la cuota cameral. Su presidente, Arturo Fernández, aseguró en enero que la escasez de ingresos le obligará a reducir su plantilla (que supera los 300 empleados) en un 25%. En su caso, el 60% de los 75 millones de presupuesto de la corporación procedían del canon.

Los sindicatos, por su parte, denuncian que con la reforma se ponen en jaque 3.500 puestos de trabajo. Como posible solución, las Cámaras plantean que el personal de estas instituciones sea asumido por la Administración del Estado, como ya ocurrió con las Cámaras Agrarias y las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana. En este sentido, la Cámara de Murcia ha iniciado acciones jurídicas para conseguirlo con el apoyo de algunas Cámaras.  

Otra de las quejas que se escucha con frecuencia es la posibilidad de que, con el nuevo escenario de financiación, estas instituciones pierdan su razón de ser -son por ley corporaciones de derecho público- y se conviertan en lobbies de las grandes empresas, si éstas deciden mantener su aportación y controlan la gestión. Con un temor añadido: muchas Cámaras poseen un patrimonio más que goloso para hacer caja. En todo caso, el Gobierno ha dejado la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, que como “Administración tutelante” deben fiscalizar las liquidaciones y “establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos”.