Acuerdo entre Gobierno y sindicatos: habrá que trabajar 38,5 años para jubilarse a los 65

Gobierno y sindicatos acercan posturas sobre la reforma de las pensiones. En la madrugada del jueves se ha alcanzado un principio de acuerdo sobre el escollo principal, que no es otro que la prolongación de la vida laboral a los 67 años -de manera obligatoria- para carreras laborales que no lleguen a los 38,5 años. O lo que es lo mismo, nadie podrá jubilarse a los 65 años si previamente no ha empezado a cotizar a los 26,5 años, y lo hace, además, de forma ininterrumpida hasta la edad legal de retiro. Todo ello con un largo periodo transitorio que bien podría durar hasta el filo del año 2030 (el presidente Zapatero habló de 2027). La norma entrará en vigor en 2013.

Durante la jornada de hoy proseguirán las conversaciones para ultimar un documento. "Las cosas están encarriladas, pero hoy se sigue trabajando", han indicado fuentes sindicales, que añaden que todavía quedan flecos pendientes por resolver. Según ha confirmado el Ministerio de Trabajo mediante un comunicado, se espera que hoy "se cierren los capítulos pendientes"..

Con el Gobierno 'empeñado' en ampliar la edad de jubilación a los 67 años, el interés de los sindicatos era establecer excepciones lo más amplias posibles. Así, además de permitir a quien cotice 38,5 años jubilarse a los 65 años con la pensión completa, es muy probable que también puedan hacerlo los trabajadores con oficios penosos.

La oferta anterior (41 años), se trataba de un auténtico ‘trágala’ para los sindicatos que ni UGT ni CCOO estaban dispuestos a soportar. Claro está, al menos que fueran capaces de lograr otros objetivos estratégicos para las centrales sindicales, y que necesariamente pasaban, según fuentes de absoluta solvencia, por cerrar la posibilidad de que el Gobierno legisle unilateralmente en la negociación colectiva. O más en concreto, cerrar la vía para acabar con la llamada ‘ultractividad’ de los convenios colectivos, que permite a los trabajadores mantener los derechos laborales aunque el convenio haya expirado.

El artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores precisa que la vigencia del contenido normativo del convenio, una vez concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubieren establecido en el propio convenio. Pero en su defecto se mantendrá en vigor el contenido normativo del convenio. Es decir, que los derechos no obligacionales (jornada o categoría) no desaparecen aunque no haya convenio.

Según las fuentes consultadas, los sindicatos necesitan un acuerdo para poner en valor la huelga general del 29 de septiembre. De esta manera, estarían en condiciones de convencer a sus bases de que aquél paro es el que ha hecho posible conseguir logros concretos en materias como la negociación colectiva o las políticas activas de empleo. El Gobierno, por su parte, necesita  el acuerdo por razones políticas (a cuatro meses de las autonómicas y locales), pero sobre todo para calmar a los mercados, que han convertido los 67 años en un auténtico ‘totem’. Sin apenas importales el resto de cuestiones que garantizan la solvencia del sistema. 

¿Cuál es la solución para deshace el nudo gordiano? Pues vaciar de contenido el mito de los 67 años, estableciendo exenciones como la de los 38,5 años. O incluso excluir del retraso a determinados colectivos que por razones de peligrosidad o riesgo no están en condiciones de demorar la edad de jubilación. En este contexto de suavización de la reforma vía letra pequeña (incluyendo las carreras de cotización específicas de las mujeres o las cotizaciones de los becarios) se enmarca el posible acuerdo, que políticamente dejaría aislado al Partido Popular.

Mensaje a los sindicatos

El Grupo Socialista sacó adelante este miércoles el retraso en  la edad de jubilación con los votos de CiU, PNV y Coalición Canaria, lo que supone, además, no sólo una señal al principal partido de la oposición. También un claro mensaje a los sindicatos. ‘Si no lo aceptáis, el Gobierno cuenta con mayoría suficiente en el parlamento’ para sacarlo adelante, viene a decir Moncloa.

¿Qué hacer ante esta disyuntiva? Pues los sindicatos han optado por tirar de pragmatismo y por situar a la negociación colectiva como pieza de cambio, y de paso descafeinando todo lo posible la prolongación de la edad de jubilación a los 65 años.

Según uno de los negociadores sindicales, pensiones y negociación colectiva forman parte del mismo paquete. Esto quiere decir que no habrá acuerdo si antes no se cierran otras concesiones. Por ejemplo, con una declaración sobre políticas industriales o política energética, y que, en cualquier caso, no pasaría de ser un mero enunciado de carácter general, pero con pocos puntos concretos. El Gobierno había dado de plazo a empresarios y sindicatos hasta el próximo 18 de marzo para discutir la reforma de la negociación colectiva. de lo contrario, se comprometía a legislar por su cuenta (y riesgo).

El problema de vestir un santo, como sostiene el refrán popular, es que se puede dejar desvestido a otro, en este caso los empresarios, que han convertido la ultractividad en un asunto central. El nuevo jefe de CEOE, Joan Rosell, es, sin embargo, mucho más realista que su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán, y no parece dispuesto tirar todo por la borda en aras de lograr ese objetivo. Otra cosa es que logre sacar adelante alguna de las viejas reivindicaciones de la patronal, que pasan por rebajar las cotizaciones sociales.

Como quiera que este objetivo se presenta, también, como una quimera en un contexto de restricción presupuestaria, la CEOE sí podría lograr aumentar las bonificaciones a determinados tipos de contratos, lo que en última instancia significaría una reducción de los costes laborales. Y de paso, las empresas lograrían dar un mensaje a los mercados de que las reformas en España van adelante, lo que en última instancia favorece su financiación, su verdadero cuello de botella.