La gran apuesta laboral de Zapatero, el modelo austriaco, muere antes de nacer

La creación de un fondo de capitalización del desempleo -el llamado modelo austríaco- tendrá que esperar. Al menos, y según fuentes de toda solvencia, no se aprobará en esta legislatura. Y mucho menos estará operativo el 1 de enero de 2012, tal y como recoge la disposición adicional décima de la Ley de Reforma Laboral.

Aunque formalmente continuará funcionando la comisión de expertos que debe presentar un informe ad hoc para ser estudiado por el Ejecutivo, lo cierto es que, tanto fuentes sindicales como patronales, representadas en la comisión a nivel de expertos, dan por sentado que no hay ninguna probabilidad de ponerlo en marcha por razones presupuestarias.

El modelo austríaco era la gran apuesta laboral del Gobierno de Zapatero, la que supone iba a dotar de flexibilidad y movilidad al mercado. Dicho modelo supone que cuando un trabajador cambia de empresa se lleva con él una especie de indemnización virtual (pero que está depositada en un fondo), lo que favorece la movilidad laboral, y al final de su vida en activo puede incorporar ese dinero a su jubilación.

En el caso de que, por el contrario, el trabajador fuera despedido en algún momento, el empresario podría deducirse el número de días que determine el fondo de capitalización. Por ejemplo, si debe pagar 45 días de indemnizacón se reducirían ocho que correrían a cargo del Estado. En el fondo, se trata de un sistema de subvención del despido, ya que existe el compromiso de no aumentar cotizaciones sociales.

Como se suponía desde que el Gobierno se apuntó al 'modelo austríaco', el coste de crear un fondo de capitalización para 18 millones de ocupados es simplemente inasumible en un contexto de restricción presupuestaria. Máxime cuando la propia disposición adicional aclara que no se financiará con un incremento de las cotizaciones empresariales. Es decir, que solo podría ser costeado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, algo que se considera hoy por hoy inasumible.

Un coste de entre 10.000 y 15.000 millones de euros

La financiación es el núcleo del problema, pero también quién gestionará la recuadación, si el fondo de grantía salarial (FOGASA) o cualquier otro organismo de nueva creación. Algunos cálculos tenidos en cuenta por la comisíón de expertos hablan de que la implementación de este fondo llegaría a costar entre el 1 y el 1,5% del PIB, o lo que es lo mismo, entre 10.000 y 15.00 millones de euros. Una cantidad que representa un porcentaje muy alto de la masa salarial del sector privado. Alrededor del 3% de los ingresos anuales de todos los trabajadores.Y eso calculando una indemnización de 8 días por año en caso de despido, un número muy inferior al actual y que se sitúa en torno a los 20 días por año trabajado.

La Ley de Reforma del Mercado Laboral obligó al Gobierno a que en el plazo de un año regulara el funcionamiento del fondo de capitalización. Ese plazo expira dentro de apenas 6 semanas, el próximo 18 de junio, por lo que parece a todas luces imposible de cumplir. Sobre todo teniendo en cuenta que la norma habla de que el fondo de capitalización afectará a todos los trabajadores, quienes mantendrán a lo largo de su vida laboral una indemnización equivalente a un número de días de salario por año de servicio.

La comisión seguirá tabajando en las próximas fechas, pero fuentes de toda solvencia dijeron a El Confidencial que al final lo que saldrá es un documento en el que se propone avanzar en la idea, pero sin establecer obligaciones desde el punto de vista de aportación de fondos públicos.