El Gobierno acalla a los sindicatos con esta 'foto' mientras el paro sigue disparado

Sonrisas en Moncloa, largas colas de desempleados en las oficinas del INEM. El acuerdo entre sindicatos, empresarios y el Gobierno para reformar el sistema pensiones ya es oficial. José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, Joan Rosell (CEOE), Jesús Terciado (Cepyme), Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez han estampado su firma en el documento oficial en el Palacio de la Moncloa, una rúbrica de un pacto vago con el que se sella la paz social hasta las generales del 2012. Mientras rubricaban el acuerdo, se conocían los datos del desempleo en España. El paro sigue disparado.

Los principales firmantes han elogiado en sus discursos el pacto económico y social alcanzado. Gómez ha destacado el "compromiso, la responsabilidad y la lealtad" mostrada por sindicatos y empresarios en la búsqueda del acuerdo mientras que Zapatero el buen trabajo en equipo. El acto también ha contado con la presencia de los tres vicepresidentes del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Salgado y Manuel Chaves, el de Industria, Miguel Sebastián, el de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Los malos datos de paro no han enturbiado la foto de empresarios, sindicatos y el Gobierno. El mercado de trabajo continúa desangrándose, sin que todavía haya tocado fondo. Más de 130.930 trabajadores se inscribieron en los registros públicos de empleo como demandantes de puestos de trabajo. Eso sí, el Gobierno de Zapatero consigue con esta foto acallar las críticas de los sindicatos hasta pasadas las elecciones de 2012.  

Un acuerdo vago

El Acuerdo Social y Económico apenas ofrece reformas económicas de calado, salvo en las pensiones. Y, en parte, las políticas activas de empleo. Materias como la negociación colectiva, la política industrial o el mix de producción energética quedan relegadas a futuras discusiones en el marco del diálogo social. Y lo mismo sucede con la política de innovación. Se habla de la creación de un fondo de capital riesgo dirigido a los emprendedores, pero no se pone cifras ni a su dotación económica ni a su entrada en funcionamiento.

Se trata, por lo tanto, de un documento vago e impreciso -38 páginas- coherente con la estrategia sindical en las negociaciones, que no era otra que evitar que el Gobierno legislara unilateralmente al dictado de los mercados. Dicho y hecho. El Ejecutivo no ha entrado en las materias delicadas (negociación colectiva o el uso de carbón nacional), pero a cambio se ha asegurado la foto del pacto social. Mañana será la gran cita en el palacio presidencial. La negociación colectiva seguirá discutiéndose de forma bilateral (sindicatos y patronal) hasta el próximo 19 de marzo.

El acuerdo tiene muy poco que ver con los pactos de la Moncloa –entre otras cosas porque no está suscrito por los partidos, sino tan sólo por empresarios y sindicatos- y se parece más (incluso en el nombre) a los acuerdos sociales firmados en los primeros años 80, y que se rompieron de forma abrupta después de que el primer Gobierno de Felipe González elevara el periodo de cálculo de las pensiones de dos a ocho años. Ahora, por el contrario, los sindicatos avalan el endurecimiento del sistema de jubilación.

Pensiones

La imprecisión del documento se da la vuelta en el caso del recorte de las pensiones públicas –en torno al 20%-. El acuerdo detalla que los españoles podrán jubilarse entre los 63 y los 67 años, aunque en circunstancias muy distintas. Como novedad, se incorpora el concepto de carrera laboral completa ante la Seguridad Social para los trabajadores que hayan cotizado 38 años y seis meses. La edad de jubilación de los trabajadores que acumulen la carrera laboral completa será a partir de los 65 años. Para el resto la edad de jubilación se fija en 67 años.

En el caso de las jubilaciones anticipadas, se determina que los trabajadores podrán jubilarse de forma voluntaria a partir de los 63 años con un mínimo de 33 años de cotización. El coeficiente reductor anual será del 7,5% por año de anticipo sobre la edad ordinaria de jubilación en cada caso. La única excepción a esta regla establece que la edad mínima (los 63 años) podrá ser reducida hasta los 61 años de edad en el caso de venir motivado por situaciones de crisis. Cuando se cumpla este requisito, la jubilación podrá producirse a partir de los 61 años del trabajador con 33 años cotizados y un coeficiente reductor del 7,5% que no podrá ser inferior al 33% ni superior al 42% de la base reguladora.

Y en este sentido, se mantiene la situación actual de jubilación parcial a los 61 años, aunque desaparece la jubilación especial a los 64 años.

El acuerdo precisa que se mantendrán las condiciones de acceso de jubilación anticipada a todas las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en EREs o por medio de convenios colectivos y/o acuerdos colectivos de empresa, así como decisiones de procesos concursales aprobados o suscritos incluso para las personas que tengan comprometida su salida para un momento posterior a la firma del mismo.

Como se había filtrado, el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión pasará de 15 a 25 años. La elevación se realizará progresivamente a razón de un año desde 2013 a 2022. Igualmente, Se modifica la escala de la pensión con los siguientes parámetros: la escala evolucionará desde el 50% de la base reguladora a los 15 años hasta el 100% de la base reguladora a los 37 años con una estructura totalmente regular y proporcional, y no como hasta ahora

Como novedad, se establecen nuevos incentivos calculados por cada año adicional trabajado después de la edad en la que el trabajador pudiera acceder a la jubilación, 65 o 67 años según sus años de cotización. Y así, para las carreras inferiores a 25 años, el coeficiente será del 2% anual a partir de los 67 años de edad. Para las carreras de cotización comprendidas entre 25 y 37 años, el incentivo a la extensión voluntaria de la vida laboral después de la edad de jubilación ordinaria será del 2,75% anual a partir de los 67 años de edad. Y, por último, el incentivo será del 4% anual para los trabajadores que tengan la carrera laboral completa a partir de los 65 ó 67 años de edad.

Políticas activas de empleo

El documento en este punto es ambicioso, pero las restricciones presupuestarias indican que los recursos serán escasos.  Como novedad, hay un compromiso de desarrollar un modelo de atención personalizada para aquéllos que se encuentran en paro basado en un itinerario individual y personalizado de empleo. El citado itinerario se materializará en un Acuerdo Personal (APE), por el cual, la persona beneficiaria del itinerario se comprometerá a su participación activa en las acciones para la mejora de su empleabilidad.

Se habla, igualmente, de fortalecer los Servicios Públicos de Empleo, pero sin precisar cómo se hará. Igualmente, se habla de elaborar una Estrategia Española, coordinada por el Gobierno, que defina las actuaciones a adoptar con carácter plurianual por los Servicios Públicos.

La única novedad se refiere a la creación de un programa excepcional para la transición hacia la contratación estable, dirigido a jóvenes hasta 30 años y a personas en desempleo de larga duración. Se articulará mediante una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, durante el primer año de vigencia del contrato, para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial con una jornada que oscile entre el 50% y el 75% de la considerada habitual.  Esta medida tendrá una duración de doce meses desde su aprobación.

Salvo este punto, el resto del acuerdo es impreciso. Como demuestra este párrafo: “Acciones de mejora de la empleabilidad que combine actuaciones de orientación y formación para el empleo, mediante la puesta en marcha de itinerarios individuales y personalizados de empleo, dirigidos a jóvenes, mayores de 45 años en desempleo de larga duración, y personas procedentes del sector de la construcción y otros afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan baja cualificación”.

Política industrial

Mucha filosofía, como sostiene este impagable párrafo: “Todas las partes convienen en la necesidad de introducir la noción de calidad, la innovación, la tecnología, en particular el uso de las TICs, y el uso eficiente de los recursos como base de la competitividad de nuestra industria. O este otro: “las partes acuerdan reforzar el trabajo de los Observatorios Industriales, que deben desarrollar un papel central en la evaluación, el seguimiento y la formulación de la política industrial en su ámbito sectorial. O este otro: “Las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información son un sector clave por su gran capacidad para innovar, invertir y seguir generando crecimiento y empleo, por lo que es necesario impulsar el uso, la calidad y conectividad de las redes”.

Política energética

De nuevo, mucha filosofía. Lean este párrafo: “Las partes negociarán y realizarán una propuesta compartida para el horizonte 2035. Se llevará a cabo en el seno del Grupo de Trabajo de la Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado durante el primer trimestre del año. Se tomará como base de partida el mix energético de referencia a 2020 de la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española. Las partes asumen este mix como orientador de la política energética a desarrollar con este objetivo temporal. Asimismo, el citado grupo de trabajo, también abordará la gestión de los residuos nucleares.

El único punto concreto no deja de ser, igualmente, enormemente vago. Y en este sentido se precisa que las partes acuerdan realizar una revisión de los principales componentes del precio de la electricidad, con objeto de eliminar las posibles ineficiencias, reducir los sobrecostes y dar transparencia a costes regulados y precios. También se analizarán los mercados minoristas de electricidad, de gas y de gases licuados del petróleo, con el objetivo de preservar el necesario grado de competencia y calidad del servicio.