El abogado de Garzón rechaza las escuchas a la Campanario pero defiende las de 'Gürtel'

¿Qué tienen en común personajes tan dispares como Baltasar Garzón y María José Campanario? Aparentemente, nada, más allá de su gran protagonismo mediático y de que ambos están imputados en dos causas judiciales sin conexión alguna. Pero el juez de la Audiencia Nacional suspendido de funciones y la esposa del torero Jesulín de Ubrique también comparten el mismo abogado, Francisco Baena Bocanegra, e idéntica pesadilla: unas escuchas que, por distintas razones, pueden costarle a uno y otra una sentencia condenatoria.

El penalista sevillano Baena Bocanegra es el abogado de Garzón en la causa abierta en el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación a raíz de las escuchas en prisión a los cabecillas de la red Gürtel ordenadas por el juez durante la investigación de la trama corrupta vinculada al PP; y defiende también a Campanario y su madre, Remedios Torres, en el llamado caso Karlos, un fraude a la Seguridad Social cuya vista oral arrancó el lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz en medio de un gran despliegue de la prensa del corazón. 

Garzón se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 20 años por haber autorizado la grabación en la cárcel de las conversaciones de Francisco Correa y Pablo Crespo -los dos presuntos jefes de la trama Gürtel- con sus abogados defensores; y la mujer del torero podría pasar los próximos cuatro años y medio de su vida en prisión, que es la pena que pide para ella el fiscal del caso Karlos -aportando como prueba el pinchazo de su teléfono- por su supuesta participación en la compraventa de certificados médicos para obtener pensiones de invalidez fraudulentas.

En ambos casos, la clave está en las conversaciones intervenidas. Pero mientras Baena defiende con convicción las escuchas ordenadas por su cliente Garzón, condena sin paliativos las practicadas a Campanario, su otra defendida, apelando para ello a argumentos aparentemente contradictorios.

Numerosos precedentes

El penalista sostiene que las escuchas que ordenó Garzón a los cabecillas de la red Gürtel están justificadas porque existen numerosos precedentes en los que sí fueron admitidas como prueba por los tribunales las grabaciones de las conversaciones entre abogados y clientes. Baena presentó a finales de marzo un escrito de apelación ante el Tribunal Supremo en contra de la denegación de pruebas acordada por el magistrado Alberto Jorge Barreiro, en el que citaba como ejemplos el caso Palma Arena -la trama de corrupción en la que está imputado el ex presidente balear Jaume Matas-, la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo y la causa contra el narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque.

En ninguno de esos tres casos, argumenta Baena, las decisiones de los jueces instructores de intervenir las conversaciones entre los acusados y sus abogados han comportado para ellos "consecuencias tan graves como las que se pretenden ahora exigir" a Garzón.

El penalista también ha reclamado al Tribunal Supremo que incorpore al proceso contra Garzón las grabaciones íntegras ordenadas por éste a Correa, Crespo y los abogados de ambos en la prisión madrileña de Soto del Real, ya que una parte de las mismas fue expurgada por el magistrado Jorge Barreiro por entender que afectaba a la "intimidad" de los encarcelados. Baena se pregunta en su recurso por qué debe prevalecer el derecho a la intimidad de los cabecillas de Gürtel sobre el derecho de defensa de Garzón, y pide al Supremo que incluya en la causa la totalidad de las grabaciones originales.

"Violación de derechos fundamentales"

El pasado lunes, durante la primera sesión del juicio contra Campanario y los otros 22 acusados en el caso Karlos, Baena apeló, en cambio, a la "violación de los derechos fundamentales" de su defendida por haber sido objeto de pinchazos telefónicos, y reclamó la "nulidad de pleno derecho" del proceso contra la esposa de Jesulín de Ubrique. "No hay nada contra ella", afirmó el penalista, "y si lo hay se ha conseguido de forma fraudulenta". 

El abogado defensor de Campanario exigió "expulsar de la causa todas las grabaciones" porque, a su juicio, "han contaminado todo el proceso". Y añadió que "la verdad no se puede conseguir a cualquier precio".