Los estatutos del PP castigan con la expulsión a sus militantes corruptos

Francisco Camps puede ser expulsado del PP si es declarado culpable por los tribunales y el partido le aplica los Estatutos  y el régimen disciplinario contenido en el mismo, que en su artículo 11 considera una infracción muy grave “incurrir en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos”.

Las sanciones para este tipo de conductas van desde la suspensión de militancia entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo y, finalmente, la expulsión. En cualquier caso, la “muerte política” de quien hasta ahora alardeaba de ser un político imbatible. Pese a ello, el ya expresidente de la Generalitat tiene que dar gracias a la irretroactividad de la ley, porque de otro modo podría ser condenado por los tribunales a pena de cárcel y no solo al pago de una multa y su inhabilitación.

La reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre del pasado año establece en su artículo 422 que incurre en este delito el funcionario que admite dádiva o regalo ofrecida en consideración a su cargo o función, la acusación contra Camps por aceptar trajes de la trama del caso Gürtell. Una conducta castigada con entre seis meses y un año de cárcel y la suspensión en el empleo o cargo de uno a tres años. El endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción fue posible gracias a las enmiendas introducidas por ERC, IU y PNV.

Pena de banquillo.

La reforma en cuestión fue negociada con el Gobierno por Federico Trillo, que en la crisis valenciana ha oficiado de “enviado” de Mariano Rajoy para convencer a Camps de la conveniencia de su cese para evitar  la “pena de banquillo” siendo presidetne autonómico. El temor de los populares era que la vista (juicio por jurado) se celebrase en plena campaña electoral, con el consiguiente desgaste para la candidatura de Rajoy a la presidencia del Gobierno. El PP ha valorado que la dimisión puede ser “vendida” a la opinión pública como un acto de responsabilidad política para no perjudicar a su partido. De hecho, Camps insiste en su inocencia y se declara víctima de una conspiración.

Los populares saben que con la dimisión tendrán que aguantar un chaparrón de críticas, que esperan amaine durante el verano para, a partir de septiembre, centrarse de lleno en la campaña electoral. Las buenas expectativas electorales de Rajoy, a quien Camps apoyó en el último congreso del partido, cuando se dudaba de su liderazgo, le han jugado en esta ocasión una mala pasada al presidente valenciano.