¿Quién filtró la condena a Sáenz? La sentencia no estaba ni votada ni firmada

Los cinco magistrados que forman parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tienen en un problema. Deben enfrentarse ahora de forma imaginaria a una sentencia judicial que en realidad nunca existió, pero que se dio por sentada. Y que al final es cualitativamente distinta a la que conoció la opinión pública hace unos meses. Y que desde entonces se ha dado por buena.

Varias fuentes de absoluta solvencia aseguraron ayer a este diario que cuando se filtró la condena al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, el texto de la sentencia “ni estaba votado ni firmado”. Ni siquiera, aseguran las fuentes, la sentencia “estaba escrita”.

Alguien, por lo tanto, filtró el contenido de una sentencia -parcial o totalmente- que es sustancialmente diferente a la que finalmente han aprobado los magistrados Saavedra, Maza, Colmenero, Berdugo y Barreiro, y que se expresa a través de 193 páginas.

Según las fuentes consultadas, es verdad que cuando se conoció la filtración la sentencia había sido objeto de deliberación entre los cinco magistrados, que actúan de forma colegiada, pero en ningún caso había existido votación alguna, por lo que difícilmente se podía conocer o deducir el fallo.

De hecho, la sentencia finalmente aprobada -con el voto particular del magistrado Maza- y que está fechada el pasado 24 de febrero, condena a Sáenz y a otros directivos a las penas de tres meses de arresto mayor con la accesoria de “suspensión de profesiones” por un delito de acusación falsa, pero no por estafa procesal. La sentencia filtrada, por  el contrario, condenaba a los acusados a ocho meses de prisión por los dos delitos, y también inhabilitaba a los tres directivos para ejercer cualquier función relacionada con su trabajo.

Sin embargo, al contrario de lo que se dijo, tampoco se endurece la sentencia de la Audiencia Provincial sino que, por el contrario, la ablanda. Hasta el punto de que aquellos seis meses se convierten ahora en sólo tres por la existencia de un atenuante “muy cualificado” debido a las dilaciones “indebidas” en todo el proceso (se inicio en 1994). La Audiencia Provincial consideró en su día también este atenuante, pero aminoró su intensidad, por lo que la condena fue justamente del doble.

¿Quién ganó o quién perdió con la filtración de la presunta sentencia? Por supuesto que nadie lo sabe a ciencia cierta, pero ayer los rumores eran la comidilla del mundo financiero. Unos dicen que ha beneficiado a Sáenz (que habría tenido tiempo para influir en los magistrados) y otros que le ha perjudicado, básicamente porque la condena no podía desaparecer del fallo. Lo único que queda claro es que el número dos del Santander ha sido condenado en firme, y que ahora la ‘patata caliente’ se ha trasladado al palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero,  debe decidir -aunque formalmente el derecho de gracia sea una prerrogativa real- si indulta a los condenados, total o parcialmente.

Lo posible y lo probable

Antes de dar una respuesta a la petición, la Audiencia Provincial de Barcelona, que es quien condenó inicialmente antes del recurso ante el Supremo, debe elaborar un informe preceptivo para enviarlo al ministro de Justicia. Pero parece difícil que el tribunal pueda pedir el indulto cuando lo juzgado es la comisión de un delito como es la acusación indebida (un hecho probado), aunque según algunos juristas consultados ayer, está dentro de lo posible (quien sabe si de lo probable) que pueda atender el no cumplimiento de la pena ‘accesoria’, y que es, precisamente, la más perjudicial para Sáenz, y que supone la separación de sus funciones durante tres meses.

Esta es la salida que en realidad busca el banco de Emilio Botín. El Santander argumenta que las penas impuestas a Alfredo Sáenz son “muy leves”, pero eso no es óbice para que el consejero delegado del Santander sea apartado de su cargo debido a la normativa bancaria.

La suspensión de la sentencia se canalizará ante la Audiencia Provincial de Barcelona y ante el Tribunal Supremo, y en paralelo el Santander presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En todo caso, para intentar frenar por esta vía la ejecución de la sentencia. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el recurso de amparo ante el TC no paraliza la ejecución de dicha sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona. Son procesos distintos.

La práctica generalizada es que los tribunales admiten dicha suspensión de sentencia mientras se resuelve el indulto siempre y cuando las penas sean leves, sostiene el Santander, ya que de lo contrario si el indulto es concedido “no hubiera servido para nada”. El otro argumento que utilizará el banco es que la acusación falsa no está relacionada directamente con el oficio de banquero de Sáenz al tratarse de un delito social. Pero delito al fin y al cabo.