Un 'pool' de empresas se reparte obra pública de la Generalitat con pactos secretos

Algo huele a podrido en las adjudicaciones de obra pública de Cataluña. Tras la detención la pasada semana de varios empresarios y de Jordi Vergé, gerente de carreteras en Gerona de la empresa pública GISA, comienzan a aflorar procedimientos sospechosos tanto de la Administración como de las constructoras que optan a las adjudicaciones de contratos. La investigación del juzgado de instrucción número cinco de Barcelona arrojan un claro indicio: algunas de estas constructoras llegan a coincidir, hasta el céntimo, en complejos presupuestos para que una firma rival se lleve un contrato. Obviamente, tanta benevolencia tiene un precio, ya que esas mismas empresas son luego favorecidas con prácticas similares para que las adjudicatarias sean ellas. Todo ello hace pensar a los investigadores en una trama con pactos secreto para repartirse entre un pool empresarial las adjudicaciones públicas, eliminando a los demás competidores que no forman parte de dicho grupo.

Pero aunque el detenido de mayor rango pertenece a GISA, las sospechas van mucho más allá de las obras que pudiese otorgar esta empresa pública y amenazan a la propia Administración, concretamente al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, que hasta el pasado mes de diciembre estaba en manos del gerundense Joaquim Nadal.

Los técnicos judiciales trabajan a partir de datos obtenidos sobre las adjudicaciones en la provincia durante los años 2009 y 2010. Y estas adjudicaciones se realizaron desde tres ámbitos distintos: el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, la empresa pública GISA (que también pertenecía a este Departamento) y la Diputación de Gerona. El Ayuntamiento de Gerona también ha sido requerido para que entregue determinada documentación. Los técnicos que investigan el escándalo reclamaron a la Generalitat todos los expedientes de contratación desde el 1 de enero del 2009 relacionados con 14 empresas. Estas empresas son Rubau Tarrés, Construcciones Rubau, Aglomerats Girona, Copisa Constructora Pirenaica, Asfaltec 2004, Servià Cantó, Firtec, Romero Gamero (Rogasa), Grup Fusté Cassà, Prefabricats Vibrats, Girona-Cassà Central, Edifici Espriu, Formigons Cassà y Fusté Inversions.

Durante ese bienio, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas adjudicó 43,5 millones de euros en 49 expedientes, de los que 45 fueron de mejora y conservación extraordinaria de carreteras, uno de Puertos (correspondiente al puerto de Portbou) y tres de conservación semi integral de carreteras. Las adjudicaciones se realizaron a un total de 8 empresas, de las que tres acaparan un total de 37 expedientes: Rubau Tarrés (que obtuvo obras por casi 13 millones de euros), Aglomerats Girona (que obtuvo casi 8,5 millones) y Construcciones Rubau (algo más de 7 millones de euros).

Del total de expedientes, 28 se tramitaron por el procedimiento abierto, es decir, aquel procedimiento en el que cualquier empresario puede presentar una propuesta y cuya adjudicación suele ser a la oferta más económica. Las tres empresas citadas coparon también los 17 contratos menores y los tres contratos por el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, aquél que se adjudica directamente a una compañía elegida justificadamente.

En total, 74 empresas concurrieron a los procedimientos abiertos, de las que 14 concurrieron diez veces o más y no consiguieron ninguna adjudicación, ya que ocho empresas coparon los contratos: Construcciones Rubau (seis), Aglomerats Girona (seis), Rubau Tarrés (cinco), Agustí Masoliver (4), Xavier Alsina (dos), Construcciones Fusté (dos), Moviterra (dos) y Arico Forest (uno). Los 17 contratos menores se repartieron entre Aglomerats Girona (ocho), Rubau Tarrés (seis) y Construcciones Rubau (tres).

Presupuestos sospechosos

Se da la circunstancia de que en los procedimientos negociados sin publicidad se invitó a tres empresas a que pujasen en cada uno de los mismos. El primero de ellos, con un presupuesto de 60.008,42 euros, fue adjudicado a Rubau Tarrés por 59.895 euros. Sus otros competidores presentaron ofertas por el importe exacto del presupuesto. El segundo expediente, con 98.431,80 euros, fue adjudicado a Aglomerats Girona en 100.064 euros. Sus competidores presentaron ofertas sospechosamente coincidentes: ambas por 100.128,90 euros. El tercer expediente, por 231.360,25 euros, se lo llevó Construcciones Rubau por 231.304 euros. Sus competidoras presentaron ofertas por 231.360,25 y 231.350,40 euros. Por tanto, como oferta más baja, se adjudicó el contrato.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron a El Confidencial que hay indicios de que existen acuerdos colusorios entre las empresas adjudicatarias, ya que “presentan pautas de comportamiento muy sospechosas” en las licitaciones con la Administración pública. Y eso porque es muy improbable que se puedan presentar presupuestos exactamente iguales por dos empresas diferentes. Ello, según las fuentes consultadas, puede indicar la existencia de acuerdos previos entre las compañías licitadoras.

Por lo que respecta a GISA, durante el periodo investigado se realizaron 39 adjudicaciones, pero sólo seis de ellas responden a obras en carreteras por casi 10 millones de euros. Los contratos fueron adjudicados a Xavier Alsina (dos), Aglomerats Girona, Rubau Tarrés, Servià Cantó y Medio Ambiente Dalmau & Glauca Gestión del Paisaje (uno cada compañía).

La Diputación de Gerona, por su parte, licitó 12 contratos, once de ellos para conservación o mejora de carreteras (que sumaban casi 10 millones de euros) y uno para el suministro de áridos. Las empresas beneficiadas fueron Servià Cantó (tres contratos), Aglomerats Girona (dos), Rubau Tarrés (dos), Construcciones Fusté (uno), Benito Arnó e Hijos (uno), UTE Construcciones Fusté y Mirfer (uno) y Arids Vilanna (uno).