Los editores temen que la 'Ley Pajín' sirva para presionar a los medios de comunicación

La nueva ley Pajín en favor de la igualdad de trato y contra la discriminación no sólo eliminará las subvenciones a los colegios que separen a los estudiantes por sexo. También podría colisionar con derechos constitucionales, como la libertad de prensa. Al menos así lo denuncia CEOE en sus alegaciones al anteproyecto presentadas ante el Consejo de Estado, avanzadas ayer por El Confidencial. Fuentes del sector van más allá y expresan su temor a que la norma pueda servir para influir directamente en las programaciones de los medios o en determinado tipo de publicidad, con la polémica de los anuncios de prostitución y la precaria situación de la prensa como telón de fondo.

“Todos los medios de comunicación social respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y en su programación”, establece el anteproyecto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. En esta línea, añade que “se considera publicidad ilícita la comunicación publicitaria comercial e institucional que contenga elementos de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley”, veáse de raza, sexo, religión o convicción, entre otras. Deben ser las Administraciones Públicas competentes quienes promuevan los acuerdos de autorregulación para cumplir la legislación.

Para CEOE, sería necesario dar al artículo “otro tipo de orientación que no colisionara con el derecho constitucional a la libertad de prensa”, ya que debería ser la propia normativa sectorial la que recogiera los criterios a seguir en el ámbito de la no discriminación. Cometer una infracción no es asunto baladí, en tanto las sanciones pueden alcanzar los 500.000 euros. Velará por la buena praxis un nuevo organismo público, la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que podrá investigar posibles infracciones de oficio o a instancia de terceros. Se ha evitado el consenso; será nombrado por el Gobierno y por un periodo de seis años.

Los propios periódicos ya se han puesto en guardia. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) se mostraba muy crítica con la Ley, ya que “entra el conflicto con la libertad individual”. Del mismo modo, aseguraba en sus alegaciones que la norma “adolece de una falta de concreción de las conductas consideradas discriminatorias y que pueden sancionarse con multas de elevada cuantía”. El principal frente abierto entre diarios y Gobierno está en los anuncios de prostitución, que José Luis Rodríguez Zapatero quiere eliminar de las páginas de los rotativos. La nueva ley podría abrir de nuevo un debate que el Ejecutivo ha dejado correr en los últimos meses para no terminar de hundir las cuentas de la prensa.

Las televisiones no han quedado al margen de las intromisiones. La nueva normativa electoral aprobada con anterioridad a los comicios autonómicos extendía a las cadenas privadas los criterios de “neutralidad” que ya se imponían en las públicas. De este modo, las cadenas quedaron obligadas a repartir su tiempo informativo según los resultados que cada partido alcanzó en las pasadas elecciones. Un principio de proporcionalidad que afecta a los programas de noticias, pero también a entrevistas y debates. “Se trata de un intervencionismo extremo en un Estado de Derecho”, así como “un claro ejemplo de desprecio a la libertad de expresión”, criticaba la propia UPyD.

Demostrar la inocencia

El escenario se complica aún más si se tiene en cuenta que será la parte demandada la que deba demostrar su inocencia. De acuerdo con la ley, cuando alguien “alegue discriminación y aporte un principio de prueba sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y su proporcionalidad”. CEOE pide que se determine con claridad el alcance de ese principio y qué actitudes justifican la inversión de la carga de la prueba.

Como publicaba ayer este diario, la principal acusación de los empresarios es que la ley  quebranta la libertad de empresa al apostar porque se queden sin subvenciones los centros que sólo admiten niños o niñas. “Además de atentar contra un derecho consolidado en nuestro ordenamiento jurídico, como es el de la libertad de empresa, con esta disposición se pretende extinguir modelos educativos legítimos”, subraya la patronal. Y es que el anteproyecto que llega ahora al Congreso establece que los centros educativos que excluyan a grupos o personas por “alguna de las causas establecidas en esta ley, no podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”.

También acusan a Pajín de derrochar fondos públicos con la nueva Autoridad para la Igualdad de Trato. “Con carácter general la actual coyuntura económica, que requiere hacer los máximos esfuerzos de contención y ahorro en los presupuestos y recursos públicos, lleva a cuestionar la necesidad de crear la Autoridad”, expone la patronal, para la que “deberían hacerse valer los mecanismos actuales” para garantizar esos derechos. Su financiación estará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque también se contempla la posibilidad de que reciba subvenciones y otras aportaciones que se concedan en su favor.