Los coches serán más caros por la pinza PP-CiU en favor de los concesionarios

Mercedes, Opel, Ford o Audi respiraban ayer por la herida. “Los fabricantes de coches tendremos que provisionar fondos para afrontar las obligaciones que impone la nueva ley. Y que nadie dude de que eso va a afectar a los precios de los vehículos”, se explicaba con resignación desde una compañía. Todo después de que el Congreso aprobara el martes gracias a los votos de PP y CiU una enmienda a la Ley de Economía Sostenible por la que, entre otras victorias, los concesionarios conseguían que las firmas estén obligadas a recomprar sus stocks 60 días después de la venta en las mismas condiciones en que se cerró la operación.

“Ya hemos hecho cálculos. Podemos estar hablando de al menos un 2% de lo facturado. La cuestión es sencilla. Si tienes que firmar un contrato con un nuevo concesionario en el que asumes más riesgo, tendrás que cuantificarlo para los auditores y provisionarlo para asumir las posibles indemnizaciones. Eso supone un coste adicional que se trasladará al precio final”, explican. Y es que la nueva disposición también obliga al fabricante a adquirir las mercancías del concesionario en caso de que se extinga el contrato y a abonarle una indemnización por las inversiones pendientes de amortización, pérdida de clientes o por los trabajadores despedidos.

Los fabricantes de coches arreciaron ayer horas después de conocer el resultado de la votación en la Cámara Baja. El presidente de la patronal (Anfac), Francisco Javier García Sanz, aseguraba que la medida “va a crear una fuerte inseguridad en las relaciones entre los fabricantes y sus redes comerciales (…) Es tan grave que hace imposible que se firmen nuevos contratos”. En román paladino, las compañías van a cuidarse de suscribir acuerdos con nuevos concesionarios. “Si yo asumo el riesgo, yo monto la comercialización. Se buscarán otras formas de distribución. Es el fin de las redes actuales”, se aseguraba desde una empresa.

Desde las compañías tenían claro a quién señalar. En primer lugar, a Josep Sánchez Llibre, factótum de CiU en el Congreso y uno de los padrinos de la enmienda. “Es un planteamiento que Faconauto [la patronal de los concesionarios] tiene desde hace años. Y Sánchez Llibre, que tiene una magnífica relación con su presidente, Antonio Romero-Haupold, nunca ha ocultado su simpatía por la iniciativa. La gran mayor de los 3.500 concesionarios agrupados en la patronal son autónomos”, explican fuentes del sector. Peor se explica entre los afectados la luz verde del PP, con la excusa de “dinamizar” el mercado. “Se va a lograr todo lo contrario. Los concesionarios sólo van a lograr perder márgenes y ventas”, expone una firma.

Traición de los partidos políticos

“Estamos muy descontentos, muy preocupados y además nos sentimos engañados y hasta se puede decir que traicionados”, rezongaba García Sanz de forma críptica. Ocultaba su queja que PP y CiU se habían comprometido con los fabricantes la tarde antes de la votación en el Congreso a solucionar el problema y corregir la enmienda que llegaba del Senado. Al final, simplemente se frenó la parte de la disposición que contenía elementos retroactivos. La misma cara de póquer se le quedó al ministro de Industria, Miguel Sebastián, claramente fuera de juego y que se apresuró a convocar una reunión con las comunidades autónomas con plantas de automoción y los fabricantes, así como con sindicatos y patronal.

“Si yo no entiendo esa enmienda, imagínese un japonés, un alemán o un francés”, replicaba Sebastián al Partido Popular en la sesión de control del pasado miércoles, mostrando su inquietud por las decisiones que puedan tomar los fabricantes y por el posible cierre de fábricas en comunidades como Cataluña. Industria buscará corregir la situación y, según fuentes del sector, la Ley de Distribución Comercial que tiene pendiente el Ministerio podría ser una vía. Estas mismas fuentes remarcaban que el nuevo régimen jurídico es “transitorio” y que ni los propios concesionarios descartaban que Sebastián se guardara “un as en la manga”.

El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores (Ganvam), Juan Antonio Sánchez Torres, insistía en que debe evitarse “una guerra” entre concesionarios y fabricantes en pleno declive del mercado automovilístico. Según los cálculos que hacen las diferentes asociaciones, el año 2011 podría cerrarse con un volumen de matriculaciones de 900.000 coches, lo que supondría cerca de 80.000 unidades menos que en 2010.