¿Qué pasará con Jaime Botín? La CNMV sancionó a Rivero y Bañuelos

Distinto rasero para casos muy similares. La CNMV, que no ha actuado contra Jaime Botín en la ocultación durante años de un 7,85% del capital aflorado en 2010, sí que persiguió con dureza casos como los de Joaquín Rivero o Enrique Bañuelos, según explican desde varios despachos de abogados.

La ocultación de información relevante es una infracción muy grave según el artículo 99 de la Ley del Mercado de Valores, por incumplimiento de la obligación de comunicar a la CNMV y al propio banco aquellos movimientos en los que "la proporción de derechos de voto que quede en su poder alcance, supere o se reduzca por debajo de los porcentajes que se establezcan" (artículo 53). Estas infracciones están castigadas con sanciones de hasta el 5% del volumen de la inversión e incluso la inhabilitación como consejero y administrador.

Sin embargo, la 'misteriosa' afloración del 7,85% de Jaime Botín en julio del año pasado no sólo no ha sido sancionada, sino que ni siquiera ha sido investigada por el organismo que preside Julio Segura. Una afloración que entonces se explicó con un hecho relevante que no aportaba ninguna información y que ahora se ha sabido que procedía del patrimonio oculto en Suiza de la familia Botín.

Es más, esta ocultación podría ser mucho mayor, según el famoso auto de la Audiencia Nacional. En él se habla de un 12% en posesión de los nietos de Emilio Botín Sanz de Sautuola López, padre de Jaime y Emilio Botín, y hay opiniones divergentes sobre si dentro de ese 12% se incluye el 7,85% aflorado el año pasado o son participaciones adicionales. Igualmente, el juez se refiere a otra participación indeterminada de Emilio Botín sin aflorar.

Se desconoce si, a raíz del auto de la semana pasada, la CNMV ha iniciado algún tipo de investigación sobre Jaime, Emilio o sus hijos. Un portavoz del organismo no quiso confirmar este extremo alegando que el supervisor no puede hablar de asuntos de supervisión. El principal perjudicado, a priori, es Crédit Agricole, que compró en 2007 la participación de Ram Bhavnani en Bankinter sin conocer la verdadera participación de la familia Botín.

Agravios comparativos

Frente a esta inacción, la CNMV sí se ha mostrado muy dura en casos similares. Así, el 7 de octubre impuso una multa de 180.000 euros a Joaquín Rivero por "la inobservancia del deber de información previsto en el artículo 53 del mismo texto legal, al no haber comunicado al Registro de participaciones significativas de la CNMV operaciones sobre acciones de Metrovacesa, S.A." y por "el suministro de información o documentación relativas a una oferta pública de adquisición con omisión de datos o con inclusión de inexactitudes, falsedades, o datos que induzcan a engaño" en la OPA sobre Metrovacesa de septiembre de 2007.

Otro precedentes es el de Enrique Bañuelos, a quien también consideró culpable de "haber remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, fuera del plazo previsto, una comunicación de participaciones significativas" en Rayet en 2006. La sanción, de fecha 22 de abril del año pasado, fue de 150.000 euros. Aunque la cuantía de las multas es menor, el verdadero castigo es la publicidad de las sanciones, que se publican en el BOE y se pueden consultar en un registro en la web de la CNMV.

Hay otro concepto por el que podrían ser sancionados Jaime Botín y sus familiares, que es poseer más acciones de las autorizadas por el Banco de España. El precedente en este caso es BNP Paribas, que fue sancionado el 23 de diciembre por superar el 5% de BME sin haber solicitado autorización previa (aquí la potestad para dar esta autorización la tiene la CNMV).

Jaime Botín poseía el famoso 7,85% sin haberlo comunicado ni haber recibido autorización previa del Banco de España. Fue a raíz del afloramiento -cuando Hacienda descubrió sus cuentas en el HSBC- cuando solicitó dicho permiso para sumar este porcentaje al 16% que ya poseía. El supervisor bancario se lo concedió sin problemas y la CNMV no ha considerado que eso sea infracción, como en el caso de BNP.

En el mundo jurídico se da por hecho que el afloramiento, el hecho relevante y la autorización posterior fueron pactados entre Botín y las distintas autoridades, que sí habrían sido informadas de la realidad de esa participación.