El Círculo de Empresarios reclama la desaparición de miles de municipios

El Círculo de Empresarios lo tiene claro. “Es necesaria una drástica reducción del número de municipios”. ¿Cuántos?, su presidente, Claudio Boada, no se atreve a decir una cifra, pero si está convencido de que sobran "muchos” de los 8.114 municipios actualmente existentes. Eso quiere decir que con sólo reducir un 30% su número, se estaría hablando de que actualmente sobran más de 2.500 municipios. La cifra es aproximada y refleja, en cualquier caso, la necesidad de una puesta al día del Estado autonómico, en opinión de Boada.

La reducción de municipios con el objetivo de hacer más eficiente el funcionamiento de la Administración es una de las propuestas que el Círculo de Empresarios incluye en un documento presentado este martes, y en el que se reclama una profunda reforma de las administraciones territoriales. Aunque para Boada el Estado autonómico ha sido una buena idea, lo cierto es que “se nos ha ido de la manos” y no es financiable, y de ahí que se proponga una profunda reforma que pase por evitar duplicidades y por avanzar en la transparencia, acercando los ingresos a los gastos. Incluso estableciendo un régimen de sanciones para evitar que algunas administraciones recurran a déficit excesivos.

En el caso del número de ayuntamientos, se trataría de crear jurisdicciones locales de mayor tamaño con las ganancias que ello acarrearía: economías de escala (por ejemplo en los gastos administrativos); posibilidad de asignar más competencias a municipios mayores y, por tanto, más capaces de desempeñarlas. Asimismo, se reduciría el problema del “free riding” (uso de servicios en localidades donde no se pagan impuestos).

Según  el coordinador del informe, José María Alonso, no se trata de ‘inventar la rueda’,  si no de hacer lo mismo que en otros países -Suecia, Dinamarca o Grecia (en este caso por obligación del FMI)-, donde en los últimos años se ha llevado a cabo una simplificación de la administración local. El recorte, en todo caso, no significaría la desaparición de los ayuntamientos, sino que sus competencias la absorberían unidades administrativas de mayor tamaño. Revisando, en todo caso, el papel de las diputaciones y los cabildos.

Sobre el control del gasto público, el Círculo parte de la idea de que de la misma forma que la Ley de Estabilidad Presupuestaria recogió reglas para el equilibrio presupuestario de las AAPP conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habría que establecer nuevas normas y mecanismos en ese mismo marco legal, que permitan ajustar al nuevo marco europeo toda la política fiscal y presupuestaria, incluidas las CCAA.

Organismo fiscal independiente

Esto podría hacerse, asegura, otorgando un papel reforzado al Consejo de Política Fiscal y Financiera en la coordinación de la política fiscal o creando un organismo fiscal independiente que velase por la transparencia y el cumplimiento de los límites establecidos.

Y en este sentido, propone la creación de algún mecanismo sancionador para el incumplimiento de las reglas fiscales por parte de las CCAA. De esta forma, se corregiría la asimetría que actualmente existe en el sistema, dado que las sanciones que se marcan desde Europa recaen exclusivamente sobre la Administración Central.  Ese mecanismo debería ser creíble y no quedar sujeto a interpretaciones que lo desvirtuaran y anularan su capacidad de disciplinado.

Sobre la corresponsabilidad fiscal, el nuevo sistema de financiación puede considerarse un avance, con el aumento de los porcentajes de cesión de los tributos que pasan, en el IRPF del 33% al 50%; en el IVA del 35% al 50%; y en los Impuestos especiales del 40% al 58%. Considera,, sin embargo, que este avance es “insuficiente” si persisten otras estructuras institucionales que mantienen la laxitud de la restricción presupuestaria a que se enfrentan las CCAA.

En relación a la morosidad, el documento del Círculo aboga por articular algún mecanismo de compensación automática en obligaciones tributarias, por los cuales una empresa acreedora de las administraciones territoriales pudiera estar exenta del pago de las mismas. Es decir,  cambiar impuestos por deudas contraídas por la administración.