Un adelanto electoral paralizaría operaciones por 35.000 millones

El posible adelanto electoral para el próximo otoño tendría consecuencias económicas de miles de millones de euros. Echaría por tierra las dos privatizaciones anunciadas por el Gobierno, la de Loterias y la de Aena, y frenaría en seco las recapitalizaciones de las cajas de ahorros en problema por la incertidumbre sobre la regulación que establecería el nuevo ejecutivo.

Así lo aseguran varias fuentes financieras, las cuales aseveran que es imposible salir al mercado a pedir dinero sin un marco jurídico y regulatorio que dé confianza a los inversores. “Nadie pondría un euro en una caja española si se desconoce cuál es la estrategia del nuevo ministro de Economía o la del gobernador del Banco de España. Es de lógica”, exponen desde un banco internacional.

Por tanto, la decisión del PSOE de adelantar los comicios a noviembre tendría efectos muy directos si tanto Bankia como Banca Cívica y como CAM no consiguen cerrar sus transacciones corporativas antes de que llegue el otoño. Las tres habían previsto concluir sus procesos antes de finalizar el mes de julio, pero la mala situación de los mercados de capitales puede obligar a retrasarlas hasta después del verano.

Bankia ya ha decidido aplazar sine die el lanzamiento comercial de su Oferta Pública de Suscripción (OPS) ante el empeoramiento del clima bursátil, con la prima de riesgo del Reino de España en máximos anuales. “Si Bankia no puede continuar ahora con su colocación, peor lo tendrá Banca Cívica. Es imposible”, apuntan desde una de las principales entidades financieras españolas.

Ambas operaciones suman entre 4.000 y 5.000 millones de euros, una cantidad a la que habría que añadir los cerca de 2.000 millones que necesita la CAM para evitar ser nacionalizada. Otras cajas como CatalunyaCaixa, Unnim y Novacaixagalicia también se encuentran inmersas en operaciones de levantamiento de capital por cifras que superan entre las tres los 3.000 millones.

Calendario de privatizaciones

En total, unos 10.000 millones, un importe que aglutina por sí sola la anunciada privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la mayor de la historia de España. El ministerio de Economía ya ha elegido a los asesores de esta futura enajenación –Rothschild y Uría y Menéndez- y esta semana tiene previsto elegir a los bancos que se encargarán de liderar la venta de las acciones entre el público minorista y los grandes gestores institucionales.

El volumen es similar al que el Ejecutivo quiere conseguir con la venta de los aeropuertos españoles, tanto los de Barajas y El Prat, como las torres de control y la propiedad sociedad holding –Aena Aeropuertos- que gestiona todos estos activos. De hecho, Fomento ha dado orden de agilizar este proceso que tenía estimado concluirlo a la vuelta del verano. Sin embargo, si el equipo de José Luís Rodríguez Zapatero adelanta las elecciones generales, la operación también se detendría puesto que se trata de un negocio en el que la administración juega un papel fundamental. En el aire, unos 10.000 millones adicionales

Más importante es aún el rol que tiene el Ejecutivo sobre el sector eléctrico. Endesa e Iberdrola esperan como el agua de mayo nuevas titulizaciones del déficit de tarifa, que ya asciende a más de 20.000 millones de euros. Estas dos compañías, las más afectadas, confiaban en que el Estado emitiría unos 3.000 millones en 2011 para cobrar estos retrasos.

En suma, entre 30.000 y 35.000 millones que dependen de las fechas de las urnas.