El Gobierno se rinde a Conde-Pumpido y retira las reformas que piden los jueces

La batalla entre el Poder Judicial y la Fiscalía por pilotar las reformas de la Administración de Justicia comienza a decantarse del lado del Ministerio Público. El Gobierno, hasta ahora paralizado por la cólera de Cándido Conde-Pumpido y las demandas del CGPJ, ha terminado por rendirse a las exigencias del fiscal general del Estado. En una maniobra de emergencia, el PSOE retiró ayer diversas iniciativas para la modernización de la Justicia contra las que se había rebelado el colectivo de fiscales. Pero esta rectificación ha puesto en riesgo la tramitación parlamentaria de la ley de agilización, y ha desatado la indignación de las asociaciones judiciales.

 “En el Grupo Socialistas están aterrados por el lío que se ha montado”, señaló Vicente Ferer, diputado y ponente popular de la ley de agilización. Esta norma comenzó a estudiarse ayer en el Congreso y, entre otras materias, incluye la posibilidad de limitar a un máximo de un año el secreto de sumario o la reducción del número de recursos. En un principio, en sintonía con el Poder Judicial, el Gobierno introdujo estas propuestas en el texto. Sin embargo, la airada reacción de la Fiscalía, que incluso provocó una nota de rechazo del CGPJ, ha atemorizado al PSOE, que ayer anunció la retirada de las enmiendas.

“No vamos a parchear sin consenso y con una confrontación institucional, que no es deseable, y que hay que desinflar y que acabe cuanto antes”,  se justificó el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarubia. Pero, paradójicamente, es el Gobierno quien ha desencadenado el enfrentamiento de la Fiscalía con el Poder Judicial, eso sí, asistido por las salidas de tono de Conde-Pumpido. Uno de los asuntos clave de la pugna se refiere al secreto de sumario. La reforma prevé que sea el juez quien autorice la comunicación pública de la instrucción, de modo que las partes, abogados y fiscales, puedan alegar interés público para que el magistrado permita su difusión.

La Fiscalía, sospechosa en ámbitos jurídicos de ser la autora de importantes filtraciones, tachó esta medida de “ley mordaza”, ya que rechaza la tutela del juez a la hora de informar sobre los casos. Los fiscales acusan al CGPJ de haber inspirado esta iniciativa, pero lo cierto es que, según ha averiguado este diario, fue el departamento de Francisco Caamaño quien redactó este punto que afecta al Ministerio Público. A priori, la recomendación del Poder Judicial solo hacía referencia a los abogados, pero el Ejecutivo lo hizo extensivo a todas las partes.

Pero esta es solo una escaramuza más de de una ley que llega al Parlamento cuando la legislatura agoniza, después de años de colapso en la Justicia y del fracaso de las reformas implantadas. Los fiscales también se niegan a que se estreche su  margen para presentar recursos, por ejemplo, cuando un acusado ha sido absuelto por una falta. Mientras, las asociaciones judiciales salieron ayer en tromba a criticar la rectificación del PSOE. “La Fiscalía no puede intentar monopolizar la reforma del proceso penal”, indicó José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia.

Caamaño se pone de perfil

Por su parte, y pese a su evidente papel en la elaboración de la ley, Caamaño ha tratado de ponerse de perfil y reducir la polémica a un enfrentamiento entre Poder Judicial y Fiscalía. Esta actitud ha molestado todavía más a los jueces, que le reprochan su incapacidad política. Ayer, el ministro se limitó a pedir “a las instituciones, y a todos en general, serenidad y respeto al Parlamento, y confianza en su trabajo. “Lo lógico es que las aguas vuelvan a su cauce”, insistió.

De esta forma, Caamaño valoraba la insólita acusación de Conde-Pumpido al Poder Judicial de pretender “convertirse en legislador” y su bronca pública al vocal José Manuel Gómez Benítez. Esta acción tuvo como réplica un comunicado del CGPJ que tachaba de “grave descalificación” las palabras del fiscal general. No obstante, el Gobierno, lejos de reconducir el enfrentamiento, lo ha trasladado al Parlamento, donde ha puesto en riesgo la ley de agilización.

Pese a que los socialistas han retirado las medidas que disgustan a los fiscales, el resto de grupos las han mantenido. Además, el PP está dispuesto a votar en contra del conjunto de la norma si no se aborda una limitación del secreto de sumario, de modo que no se pueda prolongar más de 12 meses. Está por ver si el Grupo Socialista logra el apoyo de los partidos nacionalistas, pero ya hay quien advierte que la ley puede acabar en un cajón una legislatura más.