Bruselas prepara una Directiva para ‘meter en cintura’ a las comunidades autónomas

El amplio margen de maniobra con el que las comunidades autónomas han elaborado sus presupuestos anuales, toca a su fin. La Unión Europea prepara una Directiva que restringe y limita sus competencias de forma severa. Hasta el extremo de que Bruselas obligará a incluir las cuentas regionales en el marco de una planificación presupuestaria a medio plazo, lo que limita su margen de actuación a la hora de gastar. No sólo eso, la nueva Directiva obligará a las regiones a presentar mensualmente su contabilidad en términos de caja, y no, como hasta ahora, de manera trimestral, como les exige el Ministerio de Economía y Hacienda.

La Directiva, igualmente, obligará a los Estados miembros a presentar unos “presupuestos realistas” elaborados a partir de escenarios macroeconómicos “prudentes”, con un horizonte de planificación de tres años “como mínimo”, aclara la norma. Y con este objetivo establece la obligatoriedad de que todos los países pongan en funcionamiento “mecanismos adecuados de coordinación entre todos los subsectores de sus administraciones públicas”. Es decir, incluyendo tanto a las comunidades autónomas como a las corporaciones locales.

Se trata, dice la propuesta de Directiva, de “asegurar la integración coherente de todos ellos [los subsectores] en la planificación presupuestaria”. La norma matiza que la transparencia fiscal deberá abarcar “de manera exhaustiva y coherente todos los sectores de las administraciones públicas”.  Y, en este sentido, deja bien claro que cada administración estará sujeta a “a las reglas presupuestarias numéricas”. Esto quiere decir que será obligatorio cumplir los objetivos de déficit, pero también puede interpretarse como un toque de atención para que cada ‘subsector’ tenga asignado un determinado ‘techo de gasto’ que no podrá superar.

En España, actualmente, las regiones está sometidas a objetivos de déficit, pero hay un incipiente debate sobre la necesidad de imponer techos de gasto a cada administración periférica, lo que limitaría mucho su margen de maniobra. El presidente Zapatero se mostró partidario recientemente de legislar sobre techos de gasto autonómicos (como los que tiene la Administración central), pero “sin imposiciones” en aras de respetar la autonomía de los territorios. Mariano Rajoy, por su parte, los ha defendido como un instrumento de enorme utilidad para controlar el gasto público.

A la espera de una legislación nacional, la propuesta se abre paso en Europa, y en la propuesta de Directiva se aclara que la nueva norma debe entrar en vigor no más tarde del 31 de diciembre de 2013. Es decir, coincidiendo con la fecha límite que ha dado Bruselas a España para lograr el objetivo de situar el déficit fiscal en el 3% del producto interior bruto (PIB).

Trampas griegas

Para evitar ‘trampas’ como las utilizadas en Grecia, la Directiva precisa que todas las operaciones de los fondos y organismos “extrapresupuestarios” se integrarán en los presupuestos ordinarios. E incluso aclara que los Estados miembros publicarán información detallada sobre la incidencia del gasto fiscal en los ingresos. En el caso de las comunidades autónomas, la Directiva obliga a publicar todos los pasivos contingentes que “puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos”. Y, en particular, las garantías públicas, los préstamos morosos y las pérdidas previsibles que puedan llegan a incurrir las empresas públicas.

Entre las nuevas exigencias, también se incluye una declaración de las prioridades del Gobierno a medio plazo, desglosadas por partidas importantes de gastos e ingresos y por subsectores de las administraciones públicas, que muestren cómo se conseguirá el ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo con respecto a las proyecciones basadas en el supuesto de que no se modifiquen las políticas.

En la norma se deja bien claro que en la información entregada a Bruselas se debe detallar qué administración incurre en déficit con el objetivo de aclarar las futuras responsabilidades. La propuesta de Directiva se enmarca en el proceso de revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y que con el tiempo se ha comprobado que ha sido un instrumento insuficiente para frenar los elevados déficits presupuestarios en los que han incurrido países como Irlanda, Grecia o España.

La nueva Directiva se enmarca en un paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en septiembre pasado destinado  a reforzar la gobernanza económica en la UE y la zona del euro. El paquete consta de seis propuestas: cuatro de ellas se refieren a cuestiones fiscales, incluida una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), en tanto que dos nuevos reglamentos tienen por objeto detectar y abordar los desequilibrios macroeconómicos emergentes en el seno de la UE y la zona del euro.