El Gobierno se 'indigna' con la banca

¿Es una simple casualidad que la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción -y con la bendición del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, nombrado por el Gobierno-, abra una investigación por presunto fraude fiscal contra Emilio Botín y su familia la víspera de que el Banco Santander celebre hoy la reunión anual de su Junta General de Accionistas? ¿Fue fortuito el calentón contra la banca del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, a la que culpó el pasado martes de las cifras desbocadas del paro? ¿O el alegato, ayer mismo, del ex presidente Felipe González contra los banqueros y el sistema financiero, principales responsables, a su juicio, de la crisis económica por haber vendido sin control "productos contaminados"?

El PP cree que nada de esto es accidental, y que el Gobierno, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza -a José Luis Rodríguez Zapatero ya le dan por amortizado-, busca a la desesperada dar un volantazo a la izquierda para tratar de recuperar contrarreloj a los cientos de miles de votantes socialistas desencantados por las cesiones a los mercados y el tijeretazo al gasto social. Y qué mejor estrategia para lograr ese objetivo, argumentan las fuentes populares consultadas por El Confidencial, que demonizar a la banca en general y a Botín en particular, precisamente dos de las bestias negras que han acaparado la ira de los indignados desde el estallido social del Movimiento 15-M, hacia el que Rubalcaba ha mostrado públicamente sus simpatías.    

Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico negaron ayer cualquier "intencionalidad política" a la investigación inicialmente impulsada por el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, jerárquicamente dependiente de Conde Pumpido. Pero la secuencia de los acontecimientos, desde que estalló el escándalo de las cuentas opacas en la filial suiza del banco HSBC, en la primavera de 2010, hasta que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite, el pasado miércoles, la denuncia de la Fiscalía contra los Botín por presunto fraude fiscal, arroja muchas sombras sobre la supuesta imparcialidad del Gobierno, que, como mínimo, ha estado puntualmente al corriente de los pasos dados por Anticorrupción.

Antes y después del 22-M

El pasado 13 de mayo, en plena campaña electoral del 22-M y casi un año después de que las autoridades fiscales francesas alertaran a las españolas de que cientos de contribuyentes -los Botín entre ellos- habían ocultado cerca de 6.000 millones de euros en el HSBC Private Bank, la Agencia Tributaria trasladó a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación sobre el presunto delito contra la Hacienda Pública cometido por el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime Botín y los hijos de ambos, que ocultaron al fisco durante 17 años más de 2.000 millones de euros en el paraíso fiscal suizo. El 23 de mayo, al día siguiente de la debacle del PSOE en las urnas, el fiscal Salinas decretaba la apertura de diligencias, y dos días más tarde denunció los hechos ante la Audiencia Nacional para evitar la prescripción de los presuntos delitos.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra los Botín coincidió en el tiempo con la catarsis del PSOE para examinar las causas del tremendo varapalo electoral del 22-M. Sólo dos días después de que el PP se hiciera con la mayor cuota de poder municipal y autonómico desde la Transición, el Grupo Parlamentario Socialista señaló directamente a los ajustes y recortes impuestos por Bruselas como los responsables de haber llevado al partido al abismo, y varios diputados, en una reunión a puerta cerrada, reclamaron un urgente giro a la izquierda tras lamentar que la política del Gobierno haya quedado "supeditada a los mercados".

A finales de esa misma semana, durante la reunión del Comité Federal que avaló el dedazo a Rubalcaba como candidato a La Moncloa, los barones socialistas insistieron en la necesidad de un giro radical en la política económica. Y, entre otras medidas para recuperar al electorado de izquierda, aplaudieron la propuesta del madrileño Tomás Gómez para controlar las retribuciones de los banqueros. Una medida que, de aplicarse, sería muy bien recibida por los indignados, a los que el Gobierno y Rubalcaba, según sostienen las fuentes del PP consultadas, tratan de cortejar para volver a ganar la calle y empujar a los populares hacia la derecha.

Grandes fortunas bajo la lupa

De un tiempo a esta parte, las grandes fortunas del país y algunos conocidos empresarios están siendo objeto de importantes actuaciones por parte de la Agencia Tributaria, informa Carlos Hernanz. La más importante, por la cuantía del posible fraude, afecta al millonario Demetrio Carceller Coll, titular de un patrimonio milmillonario gracias a los negocios de la distribución petrolera (Disa) y la alimentación (Cervezas Damm), al que el fisco reclama más de 400 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Otro de los señalados por Hacienda es el también empresario catalán Jordi Carulla, uno de los herederos del holding alimentario Agrolimen (Gallina Blanca, Ausonia…), investigado por presunta evasión fiscal a raíz del reparto entre los hermanos de la matriz que aglutinaba todos los intereses familiares. Tampoco se libran de tener actas de inspección abiertas otras conocidas sagas empresariales, como la de los Cosmen, los Catalán o los Samaranch.