Un banquero al borde de la ley

Emilio Botín está acostumbrado a la brega judicial. El financiero cántabro ha protagonizado sonados casos en los tribunales desde que accediera a la presidencia del Banco Santander en 1986, puesto en el que sucedió a su padre. Con un estilo de hacer banca que rompió moldes en el encorsetado sistema financiero español de los siete grandes, el ahora número uno del negocio bancario topó con su primer gran caso judicial a raíz de la polémica compra a los minoritarios de Banesto, la entidad intervenida a Mario Conde que se adjudicó en la posterior subasta de 1994, y por la entrega del 1% del capital a 13 directivos, entre ellos Alfredo Sáenz.

Unos años antes de aquella operación, el Santander se enfrentó al que sería con el paso del tiempo el primer gran caso, el de las cesiones de crédito, una controvertida operativa bancaria de finales de los 80 que dio pie a la Fiscalía Anticorrupción para investigar al banco y acusar a su presidente -junto a otros tres directivos y 21 clientes- de la presunta comisión de los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y falsedad mercantil, por los que se incurrió en un perjuicio de algo más de 80 millones de euros. Desde aquel momento, el caso se convirtió en un culebrón judicial cuyo desenlace final se demoró en los tribunales durante 14 años.

En 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la causa después de que hubiera sobreseído antes la Audiencia Nacional, a pesar de que la juez Teresa Palacios llegara a proceder a la apertura oral del juicio. Después de que la Fiscalía desistiera de su acción acusadora, el Supremo decidió archivar la causa al entender que la acción ejercida por la acusación popular existente en este caso no representaba a ningún afectado, una decisión que sentó jurisprudencia y que se bautizó en el argot jurídico como la ‘doctrina Botín’ por su excepcionalidad.

En esos más de tres lustros, Botín llevó al Banco Santander a cotas de negocio insospechadas. La principal llegó en 1999 con motivo de la fusión con el Banco Central Hispanoamericano (BCH), que dio lugar a la primera entidad financiera del país. El matrimonio profesional formado por Emilio Botín y José María Amusátegui como copresidente y con Angel Corcóstegui, consejero delegado, como tercer integrante de la familia, se rompió de manera abrupta en 2002, año en el que los dos capos de la rama centralhispano se ‘jubilaron’.

La jubilación millonaria de los 'Teguis'

La salida de Amusátegui y Cosrcostegui implicó la retribución de unas indemnizaciones de 43,8 y 108,1 millones, respectivamente, en concepto de éxito por su contribución al proceso de fusión. Este pago fue objeto de denuncia por parte de algunos accionistas de la entidad, que apreciaron delito de apropiación indebida y/o un delito societario de administración desleal. Sin embargo, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo observaron indicios de delito alguno -“la ley permite una gratificación extraordinaria”- y absolvieron a los acusados, que no se libraron sin embargo del debate público que provocaron sus indemnizaciones.

En todos estos procesos, Botín no ha considerado nunca cuestionada la honorabilidad de su persona para poder seguir ejerciendo como banquero. El caso al que ahora se enfrenta trasciende de su propia figura, ya que también está acusada el resto de su familia directa: sus cinco hijos, incluida su hija y heredera Ana Patricia Botín, así como a su hermano Jaime Botín, expresidente de Bankinter, y sus respectivos cinco hijos, uno de ellos, Alfonso Botín, recientemente nombrado vicepresidente del banco naranja.