Se abre la veda: los ayuntamientos de Daganzo y El Álamo también estudian recortar plantilla

Increíble pero cierto: un contrato en una empresa pública no es sinónimo de seguridad. El Ayuntamiento de Alboraya, cerca de Valencia, fue el consistorio que rompió la veda con el anuncio de que iba a despedir a sus propios empleados para contener el gasto de las arcas públicas. Cuarenta y cuatro trabajadores a la calle a través de un expediente de regulación de empleo con el que pretender recortar costes por 1,1 millón de euros. En menos de un mes, la localidad madrileña de Fuente el Saz ha anunciado que aplica la misma medida para contener su gasto público. Ahora, Daganzo y El Álamo estudian recortar plantilla para recortar la deuda de su propia administración local.  

Ignacio González, vicepresidente regional de la Comunidad de Madrid, aseguraba que es una medida “perfectamente legal” que la puede adoptar tanto Fuente el Saz como otros consistorios que así lo necesiten. Daganzo y El Álamo podrían estar revisando los contratos de sus empleados para deshacerse de "gastos innecesarios" y pagar parte de la deuda pública ahorrándose sueldos de sus empleados. El Ayuntamiento de Daganzo niegan rotundamente que se esté barajando la posibilidad de prescindir de alguno de sus trabajadores para poder ahorrar la deuda. "Hace un año ya comentaban que no íbamos a ser capaces de pagar las nóminas de los empleados municipales, pero seguimos y seguiremos cumpliendo", asegura Vicente Pérez, concejal del ayuntamiento.

Lo que sí es cierto es que ambas localidades se encuentran en una situación de solvencia "límite", como Fuente el Saz que, según aseguran fuentes del consistorio, no tiene ni para pagar las fotocopias. La deuda viva del ayuntamiento de Daganzo es de 3,2 millones de euros. Una cifra que se suma a los más de 5 millones de euros que el ayuntamiento debe devolver a los bancos de quince a veinte años. "Con el caso de Fuente el Saz, creemos que intentan minimizar sus efectos intentando encontrar un paralelismo con un ayuntamiento gobernado por el PSOE. Pero no es, ni de lejos, la misma situación", añade Pérez.

Ha sido el número dos de Aguirre quien ha defendido que el ERE decretado por el ayuntamiento madrileño está dentro de la legalidad, que no son despidos, sino una “suspensión temporal” de la relación temporal. Una figura “perfectamente legal” que se puede adoptar, tanto en este ayuntamiento como en otros consistorios que así lo necesiten.

En la Comunidad de Madrid, Fuente el Saz es la primera localidad que ha anunciado el despido “temporal” de 19 empleados para recortar en 420.000 euros los nueve millones de euros que debe actualmente.  A pesar de las movilizaciones de los vecinos de Fuente de Saz para frenar la medida, el ayuntamiento se mantiene firme en su postura y se niega a admitir cualquier proposición sobre el recorte de otras partidas presupuestarias, salvo la reducción de un tercio de los salarios de los 82 empleados públicos que actualmente tiene en plantilla. Este recorte, que supondría una media de más de 350 euros en la nómina de cada trabajador, es, según el Ayuntamiento, la única alternativa posible para ahorrar los 420.000 euros que exige el Plan de Viabilidad aprobado en los presupuestos de 2011.

Trabajo público poco seguro

Los empleados públicos de la localidad, por su parte, continuarán con el proceso de movilización para evitar irremediable "despido temporal" de sus compañeros. Ellos mismos admiten que, si la administración pública empieza a prescindir de personal, es “el principio del fin” del empleo en una empresa pública. "Una situación nunca vista en España". Araceli Moreno, portavoz de CSIT Unión Profesional en Fuente el Saz, mantiene que ésta es una medida que no se ajusta al derecho, ya que el ERE está concebido para garantizar la competitividad de una empresa privada y los ayuntamientos, como órganos de administración de municipios, regulados por leyes y normas concretas, “quedan fuera de esta potestad”.

Ahora, el expediente está en la mesa de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, que será la que decida si admite el ERE o lo rechaza. Comisiones Obreras ha propuesto la retirada, con un nuevo calendario de negociación con más tiempo para realizar un riguroso análisis sobre la situación financiera y de liquidez, para poder desarrollar propuestas que normalicen la situación económica sin recurrir a medidas tan traumáticas como son el empleo y los salarios de los trabajadores con medidas concretas.