Las autonomías esconden bajo las alfombras 26.400 millones sin aflorar

La deuda ‘oculta’ de las administraciones territoriales -comunidades autónomas y ayuntamientos- ya tiene cifra. En concreto, 26.400 millones de euros que escapan del cálculo a efectos de déficit o deuda pública. La cifra representa alrededor del 2,3% del producto interior bruto (PIB).  O lo que es lo mismo, el 73,4% del desequilibrio presupuestario previsto para este año para el conjunto de las comunidades autónomas.

A esta cantidad hay que añadir un número indeterminado de facturas que responden a gastos realizados, pero que todavía no han sido emitidas, y cuyo volumen es hoy por hoy un enigma imposible de descifrar. Lo que sí se sabe es que Hacienda ha prohibido endeudarse a 310 ayuntamientos por exceso de deuda.

Loa datos proceden de un informe realizado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence, en el que se estima que si se incluyese la deuda extraoficial en el presupuesto de la administraciones territoriales, la deuda total de las mismas crecería un 17,5%. Si se toman sólo las CCAA, sería un 15% y, si se acotase únicamente a las haciendas locales, sería del 25,6%. La conclusión que saca el informe es que “el endeudamiento de las empresas dependientes de las administraciones territoriales se ha convertido en un problema”.

Y como una especie de aviso para navegantes, la portavoz del  PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaria, aseguró ayer que "lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad de las cuentas de los sitios donde vayamos a gobernar”. Y en este sentido, anunció que “se va a hacer una auditoría para conocer la situación financiera de cada uno de los ayuntamientos y comunidades donde gobernemos”,  aseguró  Sáenz de Santamaría.

El informe, realizado por el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, considera que las administraciones territoriales tienen una ”vía de escape” que se ha instrumentalizado a través de  sociedades u otras unidades institucionales que no se consideran públicas (al no tener mayoría de capital público y por lo tanto sin control directo de la Administración). Además de aquellas que aún considerándose públicas, se supone que están “orientadas al mercado”, concepto que ofrece unos márgenes muy “flexibles” de interpretación por parte de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

En concreto, sostiene el informe, hay alrededor de 5.200 entes autonómicos y locales con un endeudamiento no incorporado a las cuentas oficiales de alrededor de 26.400 millones de euros, aseguran los autores del informe.

Un incentivo perverso

El documento de Freemarket, niega que el origen de los desequilibrios tenga que ver con la descentralización administrativa. Al contrario, lo achaca al enorme peso que tienen las transferencias estatales en el conjunto de los ingresos autonómicos, lo que  provoca un incentivo perverso.

Las autoridades locales tienen capacidad de gasto, pero es muy limitada en cuanto a pagos.   Y así se explica, dice el informe, que el sistema de financiación  autonómico haya  permitido a los ejecutivos regionales gastar lo que considerasen oportuno “sin tener que ingresar lo necesario para cubrir ese gasto.”

Les datos más recientes del Banco de España muestran que la deuda pública en circulación es sensiblemente superior a la que se refleja de acuerdo con el Protocolo de Déficit excesivo (criterio de Maastricht). Algo que puede dar a entender que las comunidades autónomas se están endeudando sin pasar por el déficit. En concreto, se ha roto ya la barrera de los 800.000 millones de euros, cuando en términos del Protocolo de déficit excesivo el desequilibrio asciende ‘sólo’ a 638.787 millones.