El aumento de gastos y la disminución de ingresos dispararon el déficit catalán desde 2008

La crisis económica hizo mella en las finanzas de la Generalitat de Cataluña en los últimos años. El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Joan Colom, entregó ayer la fiscalización de los números del ejercicio de 2008 a la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert. Y en el extenso informe ya se atisban por dónde van las cosas: la Generalitat recaudó en 2008 7.495 millones de euros en impuestos directos, cuando el año anterior había recaudado sólo 6.501 millones. No obstante, en 2007 ingresó 9.639 millones en impuestos indirectos, que en 2008 se quedaron en 8.084 millones. El motivo de este bajón fue la caída del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en un 45,5%, mientras que la recaudación por IVA disminuyó un 1,5%. “El decremento en los importes liquidados de ITP y AJD es consecuencia de la crisis económica y de la desaceleración del mercado inmobiliario”, dice el texto. También disminuyeron las recaudaciones por tasas de 525 a 491 millones, donde destaca el bajón por bingos, casinos, tragaperras y otros juegos de azar.

Además, también subieron las remuneraciones de personal, los gastos de bienes y servicios, los gastos financieros, las transferencias y las inversiones, lo que supuso casi 3.000 millones más de obligaciones reconocidas. En resumidas cuentas, las necesidades de financiación pasaron de 538 millones a 3.141 millones. Posteriormente, la Intervención General del Estado realizó ajustes por la aplicación de las normas del SEC 95 y añadió otros 2.000 millones, con lo que situó las necesidades de endeudamiento en 5.272 millones. Esta cifra es similar a la del año pasado, cuando el Gobierno catalán tuvo que echar mano de la emisión de deuda pública para financiarse.

Según el informe, “las necesidades de financiación resultantes están claramente por encima del límite del déficit inicialmente previsto en el presupuesto incluido en el Plan de Saneamiento y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) elevó al 1% del PIB regional. En el caso de la Generalitat de Cataluña, el límite así calculado pasaba a ser de 2.041 millones de euros”. También se subraya que en el pleno del CPFF del 7 de octubre de 2009 se constató que “todas las comunidades autónomas incumplieron sus correspondientes objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2008. En el caso de la Generalitat de Cataluña, el déficit llegó al 2,58% del PIB regional”. Posteriormente, se corrigió al alza la capacidad de endeudamiento para situarla en el 2,4%, pero en el 2010 el Gobierno catalán llegó a unos 7.000 millones, lo que representa el 3,6% del PIB.

Según la sindicatura, a 31 de diciembre de 2008, el Gobierno catalán tenía una deuda de 9.000 millones, a los que hay que sumar 4.300 millones de préstamos a largo plazo y 2.800 millones en préstamos a corto plazo. En total, un endeudamiento vivo de 16.235 millones de euros.

El mayor endeudamiento de la Generalitat tiene una explicación lógica: a la caída de los ingresos por impuestos y tasas hay que añadir el incremento de los servicios prestados. Según las cuentas fiscalizadas, en el 2008 hubo 2.304 personas más de personal docente, 930 efectivos más de Mossos d’Esquadra (cuando las partida presupuestaria transferida disminuyó de 523 a 517 millones de euros), 1.750 efectivos entre el personal de la Administración general, 423 nuevos trabajadores en la Administración de Justicia y 250 personas más en el colectivo penitenciario.

El informe de la Sindicatura detalla que en 2008, la Generalitat recibió 123 millones por la Ley de la Dependencia. En total, el Gobierno catalán recibió 981 millones del Gobierno central (de los que faltan por pagar unos 52 millones), cuando en 2007 sólo había recibido 819 millones (pero de los cuales quedaron pendientes de pagar en ese ejercicio 559 millones).

Las quejas de los nacionalistas

Una de las quejas de los nacionalistas catalanes es, precisamente, del aumento de los servicios prestados por la Administración autonómica y la falta de dotación para prestar esos servicios, algunos de ellos impuestos por el Estado. Un ejemplo es la Ley de la Dependencia, cuya gestión corresponde a los Gobiernos de las comunidades pero cuya dotación económica ha de salir del Gobierno central. Y por ello el presidente catalán, Artur Mas, advirtió esta semana al Gobierno central del riesgo de llegar a “un punto de no retorno” si no se les deja a las autonomías endeudarse para hacer frente a los gastos sociales. Es más, en el caso de Cataluña se corre el peligro de que en el mes de abril no haya ni con qué pagar las nóminas.

En Cataluña, a esta situación se añade el déficit de inversiones en infraestructuras, ya que durante las últimas décadas el Estado no construyó vías de comunicación u otras infraestructuras. Con la ampliación del aeropuerto del Prat y el tendido de la línea de alta velocidad se ha comenzado a paliar el agravio histórico en este sector. En el Estatuto catalán se recoge también el compromiso del Estado de realizar inversiones extraordinarias en Cataluña, al margen del Fondo de Compensación Interterritorial, durante 7 años. Para el 2011, se habían previsto inversiones de casi 3.140 millones de euros, de los que unos 2.740 ya están consignados en los Presupuestos Generales del Estado. Los otros 400 millones no están todavía asignados. Según los nacionalistas, las inversiones previstas, que tenían que ser del 18,59% (el peso del PIB catalán en el PIB español), llegarán sólo al 15,2%, incumpliendo un año más los pactos.