La ETA antinuclear y los asesinatos de la central de Lemóniz

Hace ahora poco más de treinta años -exactamente, el 6 de febrero de 1981- José María Ryan, ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), a la sazón todavía en construcción, apareció asesinado en la cuneta de un camino forestal en Zarátamo (Vizcaya). Los terroristas le habían descerrajado un tiro en la sien y abandonado su cuerpo atado y amordazado, tras una semana de secuestro. Había nacido en Bilbao en 1943, estaba casado y tenía cinco hijos. ETA le capturó y le encerró en zulo en la localidad de Basauri. Su liberación dependía de que Iberduero cancelase la construcción de la planta y demoliese las obras ya ejecutadas.

Todas las súplicas -por primera vez los bilbaínos nos echamos a la calle masivamente- fueron inútiles. Su atroz asesinato unió a todos los partidos políticos y sindicatos en una huelga general de protesta que se produjo el 9 de febrero. Pero a los terroristas no les pareció suficiente. Quince meses después, el 5 de mayo de 1982, ametrallaban a Ángel Pascual Múgica, ingeniero también, y director de proyectos de la central nuclear de Lemóniz, sucesor de Ryan. Pese a ser escoltado por dos vehículos, los pistoleros, apostados estratégicamente, dispararon con trágico acierto a la cabeza de Pascual Múgica, que murió en el acto. Tenía 45 años, casado y con cuatro hijos. Pocos días antes, se había creado el Ente Vasco de la Energía, organismo del que iba a depender la central de Lemóniz.

Las generaciones más jóvenes desconocen -han transcurrido muchos años- cómo la banda terrorista ETA fagocitaba cualquier causa para justificar su carácter criminal. En los últimos años de la década de los setenta, con una fuerte corriente ecologista que refutaba los planes nucleares para la costa vasca, la banda terrorista decidió infiltrase y fagocitar esos movimientos subordinándolos a sus fines y propósitos.

La agitación popular en el País Vasco contra la nuclearización pretendida por la entonces Iberduero, apoyada por la mayoría de los partidos –el PNV incluido, en la medida en que ofrecía suficiencia energética a Euskadi- fue espontánea y auténtica. Hasta el punto de que algunos proyectos, paralelos al de Lemóniz (en la localidad de Ea en Guipúzcoa y en la de Tudela en Navarra), se paralizaron por la presión popular. Pero no el de la planta vizcaína que, contra viento y marea, se estimaba del todo necesaria dada la crisis del petróleo y la dependencia energética española.

Desde 1977, ETA decidió hacer suya la reivindicación popular y hacerlo a sangre y fuego, destrozando con desgarro las organizaciones ecologistas. Atentó varias veces contra la central asesinando a tres obreros, dos en marzo de 1978 y uno más en junio de 1979. La resistencia de las autoridades y de la propia empresa impulsora persuadió a los criminales para elevar aún más la entidad de sus atentados: el asesinato de Ryan en febrero de 1981 y de Pascual Múgica el 5 de mayo de 1982, resultaron tan brutales y convulsivos que en septiembre el Gobierno central asumió la intervención de la central que fue paralizada por el Ejecutivo de Felipe González. La moratoria nuclear decretada en 1984, dejó Lemóniz como una especie de monumento funerario que sirve sólo de recuerdo a las víctimas que ETA se cobró.

Los restos fantasmales de Lemóniz

Acercase a la costa vizcaína y contemplar los fantasmales restos de la planta de Lemóniz es todavía un doloroso ejercicio de recuerdo enrabietado. Su visión remite al inicio de la década más cruel de asesinatos, destrucciones y extorsiones de ETA (los ochenta) que más tarde (en los noventa) trató de reactivar su artera sensibilidad ecologista con su oposición violenta a la autovía de Leizarán, entre Pamplona y San Sebastián, consiguiendo, con mediaciones oportunistas y cómplices, que se variase su trazado. Ahora, una ETA desvencijada pero no extinguida, vuelve a enarbolar la enseña medioambiental con la frontal oposición a la construcción de las vías ferroviarias de alta velocidad.

El recuerdo de la manipulación por ETA de las causas nobles y del ejercicio soez y criminal de su violencia resulta obligado porque jamás, nunca, en ningún país del mundo, las aspiraciones ecologistas han sido exhibidas como coartadas delictivas más torticeramente que en España hace sólo tres décadas. Lo que nos compromete a que los disensos en torno a una cuestión tan sensible como la nuclear se conduzcan como, básicamente, se están encauzando estos días en nuestro país: con sosiego y racionalidad. Quizás la memoria colectiva de la sociedad española -consciente o inconsciente- se haya retrotraído al asesinato de José María Ryan y de Ángel Pascual Múgica y de los trabajadores de Lemoniz igualmente asesinados -Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños- y haya encontrado en el pasado reciente excelentes razones para el ejercicio civilizado y democrático de la discrepancia. Porque la historia es una buena maestra.