Las administraciones 'pasan' de la crisis: han contratado a 295.300 personas en tres años

El sector público ha contratado a 295.300 personas desde el primer trimestre de 2008, coincidiendo con uno de los trienios más oscuros para el empleo en las empresas. El número de asalariados a cuenta de las administraciones se situaba en 2.873.200 personas hace tres años. Estado, comunidades y ayuntamientos no parecen entender de estrecheces económicas. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada esta misma semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2010 los empleados públicos habían aumentado hasta los 3.168.500, lo que supone un incremento del 9,3%.

Una evolución que contrasta con la registrada en el sector privado, donde la cifra de asalariados se situaba en el arranque de 2008 en 13.944.200 personas y en el último trimestre del pasado ejercicio en apenas 12.145.700. Esto es, en torno a 1,8 millones de trabajadores por cuenta ajena han dejado de percibir su salario en 36 meses. De hecho, si se tiene en cuenta el total de ocupados, la cifra se redujo en 138.600 personas sólo en el último trimestre de 2010, lo que significa que en los últimos tres meses del año pasado se destruyeron más de 1.500 empleos diarios de media mientras Gobierno y sindicatos se concentraban en escenificar un acuerdo sobre pensiones.

Sorprende el incremento desatado de los empleados públicos en un escenario declarado de contención del gasto por parte de las administraciones. Ninguna se salva. La central contaba con 504.100 hace tres ejercicios y cerró el pasado año con 560.900 en sus filas, después de incrementarse la cifra hasta en 26.200 en los últimos tres meses. En ningún momento se ha detenido el incremento de las contrataciones durante el último año. Un periodo en el que el Gobierno anunciaba el recorte del sueldo de los funcionarios en un 5% de media y su congelación en 2011. El número de asalariados a cargo del Estado se encuentra en su punto más alto en tres años.

Comunidades y ayuntamientos, que sí se han moderado algo en el último trimestre, presentan en los tres años de la crisis datos inquietantes. De hecho, las autonomías acumulan el grueso de la contratación. De los 1.551.600 millones de asalariados con que contaban a principios de 2008 se ha pasado a los 1.750.900 que engrosan actualmente su nómina. Es decir, casi 200.000 contratos más en plenas vacas flacas. Un estudio publicado en marzo de 2009 por la patronal de las empresas de trabajo temporal (Agett) advertía de esta tendencia y explicaba que las comunidades buscaban compensar la debacle del mercado laboral. Nada hace pensar que ningún gobierno se anime a realizar ajustes en sus planteles en vísperas de elecciones autonómicas y municipales.

En el caso de los ayuntamientos, se ha pasado de 613.300 asalariados a 657.200, casi 44.000 más. Las empresas e instituciones públicas no se han quedado atrás y han puesto en nómina a 6.500 trabajadores adicionales. El punto culminante llegó en el tercer trimestre de 2010, cuando el número de empleados públicos alcanzaba un nuevo récord al situarse en 3,17 millones. Además, según refleja la EPA, el empleo público es sobre todo de carácter indefinido, como corresponde a tareas desempeñadas en su mayor parte por funcionarios. Hasta 2.415.00 millones de los empleados públicos cuentan con la garantía de ese tipo de contratos, cifra que supone más de un 75% del total.

Esperanza Aguirre, la que más contrata

Por comunidades autónomas, Madrid y Andalucía son las que más han aumentado la fuerza laboral, si bien es cierto que ambas son las que tienen un mayor peso relativo en cuanto a número de funcionarios y empleados públicos. Por ejemplo, la de Esperanza Aguirre contaba con 431.900 empleados públicos en el primer trimestre de 2008 y suma ahora 514.600, un total de 82.711 asalariados más en tres años. En Andalucía, la subida ha sido de 63.800, hasta los 570.700. Cataluña completa el triunvirato tras haber contratado a 46.500 trabajadores más; en paralelo, emitía bonos para cumplir con sus compromisos financieros. Entre las tres explican el grueso de la subida de 200.000 empleados públicos que se han anotado las comunidades autónomas en lo más duro de la crisis.

Organizaciones como CEOE han abogado por medidas de calado para recortar el gasto público, entre ellas reducir de forma drástica la cifra de funcionarios, empezando por aquellos menos productivos. Una decisión que debería acompañarse de la privatización de las empresas públicas deficitarias. El programa de austeridad puesta en marcha por el primer ministro británico, David Cameron, contempla la eliminación de hasta 490.000 empleos en el sector público durante los próximos cuatro años. “Se trata de una pérdida inevitable cuando el Gobierno no tiene dinero”, explicó el pasado mes de octubre el ministro de Finanzas, George Osborne.