Investigan a jueces de lo Mercantil por la adjudicación de concursos de acreedores

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido actuar por iniciativa propia. La opinión cada vez más extendida en el mundo del derecho de que existen presuntas irregularidades en la asignación por parte de los juzgados de la Mercantil de los administradores concursales ha puesto en alerta al máximo órgano de gobierno de la judicatura. Según fuentes de la carrera judicial, las primeras investigaciones se están realizando en Andalucía, la comunidad donde existen indicios más evidentes de posibles conflictos y relaciones espurias entre jueces de lo Mercantil y administradores concursales.

Como ya informó este diario, los vínculos extraprofesionales entre jueces y administradores en la comunidad andaluza han sido ya objeto de denuncias anónimas. Esta deriva ha desatado las críticas dentro del propio colectivo, así como por parte de algunos empresarios afectados por la actuación de los responsables asignados para tutelar la situación concursal de sus compañías. De hecho, existe una iniciativa impulsada por un colectivo de abogados para emprender acciones legales contra aquellas adjudicaciones y repartos de casos sobre los que hay sospechas de irregularidades.

La práctica más común por la que jueces y administradores comparten intereses más allá del ámbito profesional es el de los cursos de formación y conferencias. Como ha quedado acreditado, en algunas provincias andaluzas, distintos despachos de abogados, generalmente especializados en derecho concursal, organizan actos y seminarios para los que contratan como expertos, con su correspondiente remuneración, a magistrados titulares de Juzgados de lo Mercantil que luego les seleccionan para participar en los concursos de acreedores más relevantes de las compañías que pasan por su juzgado.

Según recogió este fin de semana el diario Levante, la orden del servicio de inspección del CGPJ es comprobar si los jueces de estas comunidades adjudican los mejores concursos, aquellos que más dinero generan en concepto de aranceles en relación con la cuantía del pasivo, de forma regular a los mismos abogados/economistas. Y de ser así, descubrir si existe alguna relación onerosa de la que se beneficie el magistrado, que tiene la potestad de elegir discrecionalmente a las personas que participarán como responsables jurídicos en el concurso de administración que entre en su juzgado.

Sospechas más que plausibles

Como ha manifestado públicamente la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, no existen denuncias formales al respecto que hayan dado pie a una investigación. De hecho, la memoria del último año judicial no recoge ninguna sanción al respecto por parte del órgano de gobierno de los jueces. Como establece el propio régimen de incompatibilidades, un juez puede completar su trabajo con actividades como la “docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación”.

Sin embargo, los ejemplos que dan pie a las sospechas son innumerables. En Valencia, según explicaba el diario Levante, el juez de lo Mercantil nº2, Fernando Presencia, ha adjudicado procesos concursales a Pedro Algarra, administrador de la empresa Galsán Consultores que ha impulsado conferencias en Valencia y Alicante en la que ha participado el magistrado como ponente. En este caso en concreto, se da la circunstancia de que la relación entre ambos va más allá, ya que el juez vendió su casa de Xátiva a una empresa de Elx propiedad del administrador concursal Pedro Algarra.