Andalucía audita el riesgo medioambiental de 3.600 minas para incentivar reaperturas

Evitar sorpresas e incertidumbres que ahuyentan a los inversores y acometer la restauración de las zonas donde ya no queden recursos. Son los dos objetivos clave que explican el lanzamiento por parte de la Junta andaluza del proceso para contar con un inventario de todos los pasivos ambientales (las 'mochilas' que arrastran en cuanto a escombreras, balsas o cortas abandonadas) de las hasta 3.600 minas de la comunidad. Un trabajo ímprobo, que se ha licitado por 1,5 millones de euros y se acometerá en hasta cuatro años de plazo, para tener claras las tareas de recuperación que corresponden a cada explotación en una región donde la minería la iniciaron los fenicios en la Edad del Cobre.

Como parte de ese trabajo, se prevé el análisis de 300 muestras de aguas y 800 muestras de suelos. La intención del Gobierno de Juanma Moreno es contar con una auditoría integral y, en paralelo, una propuesta de mejora adaptada a las condiciones concretas de cada ubicación. Varias fuentes del sector minero andaluz consultadas celebran el inicio del proceso y destacan que era una reivindicación de las compañías mineras agrupadas en la patronal Aminer a tenor del buen funcionamiento de una iniciativa similar en Portugal.

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Hasta ahora, como han demostrado los casos de Riotinto y Aznalcóllar, las empresas interesadas en reabrir minas abandonadas en las dos últimas décadas del siglo pasado tenían que presentar más bien planes de restauración ambiental más que proyectos de explotación minera. "El peso del componente ambiental es mayor que el industrial, y además puedes encontrarte sorpresas al aparecer pasivos no previstos que suponen costes impredecibles para los inversores", relata Pedro Jiménez, socio de minería del despacho Lener. En torno a una decena de empresas que han venido a Andalucía interesadas por oportunidades en minería han desistido ante la incertidumbre.

La licitación también supone dar continuidad al giro en la gestión del sector minero iniciada en las dos últimas legislaturas del PSOE en el poder. De hecho, el pliego estaba redactado desde final de 2018, antes de las elecciones autonómicas. Y ahora ha salido publicado en el boletín oficial andaluz sin cambios, firmado por la secretaria general de Industria, Natalia González, que venía ocupando el mismo puesto con el Ejecutivo anterior.

En el listado concreto de ubicaciones a estudiar, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía identifica 3.131 explotaciones. Desde minería metálica a roca ornamental, pasando por la orientada a materiales de construcción o carbón. Pese a esa cifra concreta, la Administración señala: "La empresa adjudicataria completará el listado inicial mencionado efectuando una labor de investigación al inicio del contrato, consistente en el examen y recopilación de la documentación facilitada, completándola si fuera necesario con visitas a los archivos históricos, a las Delegaciones Territoriales de Conocimiento y Empleo, u otras fuentes de información sobre registros mineros tales como bibliografía o cartografía publicada al respecto".

En total, como fruto de este trabajo de minería documental, la Junta estima que el número de minas aumentará en un 15% respecto al listado provisional, dejando en el definitivo hasta 3.600 explotaciones. Actualmente hay tres grandes minas en activo: Aguas Teñidas y Riotinto (Huelva) y Cobre Las Cruces (Sevilla). En distintos momentos del proceso de reapertura están Aznalcóllar (Sevilla) y Alquife (Granada).