Bruselas se persona en EEUU para impedir a los fondos que ejecuten bienes de España

Europa pasa de la reflexión a la acción en la defensa del Reino de España. Ante la avalancha de demandas internacionales que acumula el cuarto país más grande de la zona euro por los recortes a las renovables, Bruselas baja al terreno de juego para hacer frente a la presión de los fondos extranjeros, que reclaman más de 10.000 millones de euros en más de 40 arbitrajes.

Tras mucho teorizar sobre la falta de validez del Tratado de la Carta de la Energía en litigios producidos en el seno de la Unión Europa, la Comisión ha iniciado formalmente los trámites para intervenir en nombre de la Unión ante un tribunal de los Estados Unidos. Lo hace en relación con el reconocimiento y la ejecución de los laudos contra España como 'amicus curiae' (figura jurídica por la que un tercero interviene en un proceso judicial en el que cree que su opinión puede aportar valor de cara a la resolución del litigio).

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En un documento elaborado por el Consejo de la Unión Europea, al que ha tenido acceso El Confidencial, se detallan los pasos burocráticos necesarios para que el Ejecutivo comunitario pueda exponer su postura ante los tribunales estadounidenses. Los fondos extranjeros afectados por las renovables que han ganado arbitrajes internacionales están reclamando el reconocimiento de sus laudos para poder ejecutar bienes de España en el país norteamericano. Así culminan el cobro de las indemnizaciones que reconocen los tribunales arbitrales más los intereses que están acumulando.

El objetivo de la Comisión con esa intervención es demostrar que el Tratado de la Carta de la Energía no es un procedimiento válido para arbitrar una inversión dentro de la Unión Europea. En su escrito, el Consejo señala que el Ejecutivo comunitario hace su argumentación basado "en lo que dicta el derecho primario de la UE, tal como lo interpreta el TJCE en la sentencia Achmea, desde el punto de vista del derecho de la UE y el derecho internacional público". En este sentido, señalan las instituciones comunitarias que la "pregunta decisiva" para los jueces que abordan estas causas en los EEUU puede ser "el impacto de Achmea" sobre los arbitrajes interpuestos contra España.

Un balón de oxígeno

Europa lanza este balón de oxígeno a España después de varias comunicaciones en las que sostiene que, como en este caso Achmea, los arbitrajes contra España no tienen validez. Achmea fue un caso en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló un laudo de una disputa entre una empresa holandesa y Eslovaquia, por entender que la ley comunitaria prevalecía sobre el tratado de inversión al que estaba sometida esa disputa.

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La personación de Europa para defender a España en Washington llega en un momento crítico para el país frente a los fondos. El Reino de España ha perdido los últimos seis arbitrajes en los que se ha dictado laudo. Ante la negativa a pagar de España, cuya principal línea de defensa es que goza de inmunidad en virtud de la ley de inmunidad soberana extranjera, según explica Bruselas, los inversores están buscando que un tribunal estadounidense reconozca su laudo. Con esa garantía, estarían habilitados para ejecutar bienes de España que se encuentren en el país norteamericano.

Los fondos extranjeros llevan moviéndose desde hace meses. De hecho, tienen identificados desde antes de verano 3.000 millones de euros de activos financieros propiedad de España en territorio estadounidense, que servirían como pago de las cantidades reconocidas en los arbitrajes. El problema para España, más allá del económico, es reputacional y está suponiendo una losa a la hora de captar inversión para nuevos proyectos relacionados con la energía verde que el Gobierno se ha comprometido a realizar. España necesita movilizar en la próxima década 235.000 millones de euros, según afirmó el presidente Pedro Sánchez hace menos de un mes. Y necesita hacerlo siendo el país del mundo más demandado ante el Banco Mundial en los últimos siete años, con 14 arbitrajes más que Venezuela en el Ciadi.

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El anterior Gobierno, de la mano del comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, intentó mover los hilos desde hace años para tratar de contrarrestar a los inversores. De hecho, además de apelar al caso Achmea, Bruselas emitió en 2017 un comunicado en el que señalaba que cualquier pago debía ser examinado por el área comunitaria de Competencia para examinar que no suponían ayudas de Estado incompatibles con la Unión.

Por delante aún hay casi 40 arbitrajes por dilucidar con 10.000 millones de euros reclamados. Algunos afectados aún no han demandado y deshojan la margarita. Los bufetes especializados siguen adelante con los pleitos. La Abogacía trata de frenar las causas. Ahora, Bruselas pasa de las musas al teatro, se remanga y baja al terreno de juego. Las espadas siguen en todo lo alto.