Endesa importó a España "carbón de sangre" de minas colombianas entre 2010 y 2017

Endesa abasteció sus centrales españolas durante siete años con carbón procedente de las conflictivas minas de la región colombiana de César. Esta revelación, a la que ha tenido acceso El Confidencial, fue hecha por Enel, la compañía eléctrica italiana propietaria de Endesa, durante la última Junta de Accionistas celebrada el pasado jueves en Roma.

Enel ya declaró en mayo del año pasado que habían decidido dejar de comprar mineral de empresas mineras como Drummond o Prodeco, sobre las que pesan graves acusaciones de complicidad con la violencia de fuerzas paramilitares que resultaron en asesinatos de trabajadores o líderes sindicalistas y el destierro de numerosos indígenas. Sin embargo, hasta ahora nunca se había relacionado a su filial española con el fruto de estas prácticas.

Esta semana, la empresa pública transalpina reveló que "a partir del año 2010 y hasta 2017, Endesa se aprovisionó de carbón de Drummond o Prodeco solo en cantidades marginales, una cantidad total no superior al 15% de su demanda anual". La empresa española reconoció este viernes a El Confidencial que los datos son correctos.

Para entender por qué Enel ha realizado ahora este doloroso acto de sinceridad delante de sus accionistas —y del propio consejero delegado de Endesa, José Bogas, que observaba el desarrollo de los acontecimientos desde la primera fila— es necesario remontarse a las primeras investigaciones sobre este 'carbone insanguinato', que es como los accionistas críticos denominan al mineral en los documentos oficiales de la compañía.

Así llegó la revelación

En junio de 2014, Pax, una organización católica holandesa que lleva décadas trabajando en Colombia para ayudar a las víctimas del conflicto armado, entrega un informe que les había llevado meses recopilar. Analizaba las relaciones entre grupos paramilitares y las empresas mineras que habían explotado la región de César desde mediados de los años noventa.

Las principales eran la estadounidense Drummond, la suiza Glencore, que entró en Colombia adquiriendo Prodeco y sus minas en 1995, y finalmente Goldman Sachs que controlaba un número de proyectos locales bajo la marca Colombian Natural Resources, CNR.

"Contactamos con víctimas de los paramilitares alrededor del año 2011", explica desde Holanda Wouter Kolk, jefe de campaña de Pax, "a partir de estas comenzamos a investigar la violencia en la zona", algo que cristalizó en la publicación de 'El lado oscuro del carbón: violencia paramilitar en la región de César'.

"Estaba claro que estas compañías comenzaron a explotar las minas en el contexto de la crisis armada de Colombia", continúa Kolk, "los informes contienen las declaraciones de varios líderes paramilitares que indican una cierta conexión entre ellos, que fueron los principales responsables de la violencia en la zona, y las empresas mineras: es lo que dijeron los testigos".

Aquel informe pasó desapercibido en Colombia, pero no así en Europa, donde comenzó su sigilosa escalada hasta acabar en manos de los principales accionistas de Enel, incluyendo a su director ejecutivo. Francesco Starace.

Para lograr esto se aliaron con una ONG italiana, Re:Common, que a su vez formaba parte de Accionistas para el Cambio, un conglomerado de asociaciones europeas que tienen acciones de las principales empresas o logran acudir a las juntas como "accionistas críticos". En Italia, este grupo lleva 11 años acudiendo a la asamblea anual de Enel gracias al grupo de inversión francés Ecofi Investissements, que tiene 292.000 acciones de la eléctrica italiana y les cede cada año la oportunidad de intervenir.

En 2016, lograron hacer llegar su mensaje sobre la situación en Colombia y lograron esta respuesta del CEO de Enel: "Tomaremos en serio todas las indicaciones que nos habéis dado, pero estamos cansados ya de esta historia y el carbón de Colombia nos interesa lo justo", dijo Starace. "Iremos a ver en persona qué pasa en Colombia y si no nos gusta, saldremos".

Según nos explica Antonio Tricarico, director de programas de Re:Common, "tras nuestra investigación, Enel viajó a las minas de Colombia, estuvo sobre el terreno y se reunió con las empresas implicadas. Pidió aclaraciones, pero es evidente que las respuestas no fueron satisfactorias porque a la vuelta decidieron cortar la relación".

En cuanto a Endesa, un portavoz explica que los movimientos de la empresa se rigen por un código ético desde, al menos, el año 2005. "Se utiliza desde que entra en vigor la aplicación de la Ley Sarbanes-Oxley", añaden. El código anterior fue sustituido por el actual, vinculado al de Enel, tras su adquisición en 2009 del 70% de las acciones de la eléctrica española.

Abogadas españolas entran en juego

Justo un año después, en mayo de 2017, Enel anunció que dejaría de comprar el carbón que las empresas Drummond y Prodeco producían en César, pero no dijo nada específico de Endesa ni de España. Ahí es donde entra en juego Ana Barreira, abogada ambientalista en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), organización española también presente en la citada Junta de Accionistas de Enel.

El IIDMA también se dedica a hacer de accionista crítico de grandes empresas para presionar en contra de conflictos medioambientales. "Para atender a las juntas, muchas veces compramos acciones o bien los propios accionistas nos ceden la representación, como pasó con Enel", explica Barreira a El Confidencial. Antes de Enel estuvieron presentes en la del Banco Santander. "Fuimos para ver dónde se están haciendo inversiones y para seguir la descarbonización de estas inversiones ya que, a partir del Acuerdo de París, estas afectan al valor de una empresa".

Conociendo los precedentes, las abogadas españolas fueron con el cuchillo entre los dientes y preguntaron directamente: "A raíz de lo del año pasado, entendimos que Enel estaba comprando carbón allí, y podía ser que fuera una política de compra para todo el grupo, por eso preguntamos", explica. "De otro modo es muy difícil hacer una trazabilidad de todo el carbón porque además, en Colombia, hay regiones más conflictivas que otras".

Dispusieron de cinco minutos para subir al escenario, junto a la mesa directiva, y exponer sus motivos. Desde allí, tras el atril, Barreira pudo apreciar que Bogas estaba sentado en primera fila.

El historial de Drummond y Prodeco/Glencore

Las acusaciones sobre las prácticas de estas sucursales mineras colombianas no son nuevas, aunque es la primera vez que la Enel y Endesa admiten haber trabajado con ellas. El sindicalista colombiano Javier Orozco Peñaranda, exiliado en España, denunciaba en 2013 que "el carbón que se importa de Colombia se saca en condiciones de semiesclavitud".

Cuando el conflicto armado entre ejército y paramilitares bajó de intensidad a comienzos del siglo XXI, la actividad comercial de estas empresas se disparó, y lo mismo ocurrió con las denuncias sobre su actividad. Los datos arrojados apuntan a que, desde 1996, más de 3.000 personas han sido asesinadas en César y más de 50.000 han sido desplazadas a la fuerza de sus tierras para dejar paso a las explotaciones de carbón. Al mismo tiempo, la subida de la producción hizo caer el precio del carbón en los mercados internacionales y las principales compañías eléctricas europeas se lanzaron a por la antracita colombiana.

Además del caso llevado adelante por las víctimas de los paramiliates, archivado por falta de competencia territorial por un tribunal federal estadounidense, dentro del periodo en el que Endesa compró mineral de esta región también hay registradas acusaciones.

En febrero de 2013, un excontratista de Drummond fue sentenciado por un tribunal colombiano a 38 años de cárcel por organizar el asesinato de dos líderes sindicales. El juez ordenó a los fiscales investigar al presidente de la compañía en Colombia y a varios extrabajadores con el fin de determinar si habían colaborado en dichas muertes. Drummond negó estos hechos y, en mayo de 2015, un antiguo directivo fue acusado del asesinato de dos sindicalistas después de que dos paramilitares reclamasen haber tomado parte en los asesinatos ordenados por la compañía. Este caso está pendiente ahora de resolverse ante los tribunales del país cafetero.

Las principales compañías acusadas de quebrantar los derechos humanos en la región han sido Drummond, Prodeco y CNR, aunque Enel declaró en la junta de esta semana que Endesa solo ha adquirido carbón de las dos primeras.

Sin César, queda La Guajira

"Dijeron que no comprarían más carbón en César pero sí en La Guajira", explica Barreira. "Ahora tendremos que iniciar una investigación de esa zona porque también ha habido alguna sentencia de un tribunal colombiano, sobre todo referente al desplazamiento de indígenas y a la situación medioambiental".

En los últimos años, Endesa ha venido importando del extranjero alrededor de 10 millones de toneladas de carbón, de las que un 19% procedía de Colombia. Ahora que el carbón de César —el segundo departamento más exportador del país tras Antioquía— ya no es una opción para las centrales térmicas españolas, la región de La Guajira se ha convertido en la principal opción.

El socio de Endesa allí es Carbones El Cerrejón, una empresa local participada por Glencore que en 2016 fue condenada por el tribunal constitucional colombiano por los daños causados a las comunidades indígenas.

En septiembre de 2017, comunidades de granjeros e indígenas de La Guajira fueron expulsados de sus casas por los antidisturbios mientras empleados de Cerrejón demolían sus granjas a martillazos. Estas comunidades vivían en régimen de arrendamiento en terrenos propiedad de la empresa, que decidió resolver los contratos de esta forma y sin compensación alguna.

"Por ahora Enel sigue ahí justificando que se trata de cuestiones sociales, no de violaciones sistemáticas de derechos humanos", dice Tricarico, el responsable de la ONG italiana. "En César la situación empezó así, y ahora hasta los militares han admitido los crímenes".

Efecto dominó de eléctricas europeas

En la industria tecnológica, los grandes jugadores como Apple, Intel o HP hace tiempo que separaron sus caminos de los llamados "minerales de conflicto" como el coltán extraído del Congo, mucho más desde que la SEC estadounidense exige a estas empresas una auditoría de sus materias primas. Sin embargo, el mundo de la energía ha sido mucho más lento a la hora de tomar partido.

Respecto a la región colombiana, Enel siguió, en realidad, los pasos de otras eléctricas europeas al rechazar este carbón. "En la primavera de 2016, la eléctrica danesa Dong suspendió las compras de carbón de César", explica Kolk a este periódico, "y el año pasado fue la sueca Vattenfall, quienes anunciaron que investigarían a fondo el tema".

Vattenfall publicó su exhaustivo informe en noviembre de 2017. En el mismo "instaban a Drummond o Prodeco a iniciar un diálogo con las víctimas de pasadas violaciones de derechos humanos", añade el holandés.

Para quienes han logrado que Enel reconozca el papel de su filial española en todas estas transacciones, podríamos estar presenciando las primeras fases de un efecto dominó. "Casos como estos no tienen gran impacto a nivel económico o empresarial sobre compañías como Enel, pero sí suponen un gran golpe reputacional, y en este caso lo está siendo a nivel europeo", afirma Tricarico. "Ahora hay más presión sobre empresas como RWX o EON, que siguen trabajando en Cesar".

La conexión asturiana

Paradójicamente, días antes de que Enel anunciara su ruptura con Drummond, una delegación de empresas asturianas encabezadas por Isaac Pola, Director General de Minería y Energía del Principado, visitaron las instalaciones de la empresa minera en Colombia con la esperanza de cerrar "alguna contratación para empresas asturianas", según publicó La Nueva España.

El puerto gijonés del Musel fue la principal vía de entrada del carbón colombiano en España. Parte del mismo fue empleado como combustible en centrales térmicas como As Pontes, Compostilla o Andorra y otra parte almacenado, aprovechando el bajo precio, para su futura especulación en el mercado de futuros.

Drummond se desmarca

En una carta abierta a los inversores tras irse Enel de Colombia, la compañía minera Drummond rechazó las acusaciones de las ONG: "Ninguna de las intenciones de las ONG es, como su informe establece, desvelar la verdad. De hecho, la verdad es la siguiente: Drummond nunca ha pagado o ayudado de cualquier otra forma a ningún grupo ilegal en Colombia, ya sea paramilitar o guerrillero.

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