El escándalo Odebrecht lastra las cuentas de Enagás: paga 213M por el fiasco en Perú

El macroescándalo de corrupción que sacude a varios países de Latinoamérica por el pago de sobornos de la constructora Odebrecht está teniendo su impacto en los resultados de Enagás. La compañía se ha anotado en las cuentas del primer semestre una salida de caja por el pago de 213 millones de euros en concepto de ejecución de garantías aportadas en Gasoducto del Sur de Perú (GSP), firma de la cual es accionista junto con la propia Odebrecht y la peruana Montero y Graña.

En un reciente informe remitido por Enagás a la CNMV, la compañía desglosaba este pago en dos conceptos. Por un lado, se ha hecho frente a una "garantía de fiel cumplimiento del contrato de concesión", que tenía como fin garantizar el cumplimento de las obligaciones del concesionario hasta poner en marcha y explotar el gasoducto. Sin embargo, cuando saltó a la palestra el escándalo de corrupción de Odebrecht, la ejecución del proyecto de GSP saltó por los aires, ya que la firma constructora brasileña lideraba el consorcio con más del 50% del accionariado. Esta garantía representaba un importe total de 262,5 millones de dólares, de los que Enagás ha tenido que hacer frente a 65,6 millones de dólares, ya que la gasista es un accionista garante (26,87% del capital social) ante la imposibilidad de impago de GSP.

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Por otro lado, se ejecutó la "garantía corporativa concedida sobre la deuda de la sociedad". La deuda financiera de GSP asciende a 600 millones de dólares. A principios de año se decretó la terminación del contrato de concesión, dado que se incumplió el plazo para el cierre financiero (los bancos se negaron a conceder la financiación proyectada tras saltar el caso de corrupción de Odebrecht). Tras el fiasco del proyecto, las entidades financieras tenedoras de la dueda decidieron ejecutar las garantías otorgadas por los accionistas, con lo que a Enagás le correspondió el pago de 162 millones de dólares en su condición de accionista garante.

En total, la compañía ha abonado 213 millones de euros, y aún tiene comprometidos 275,3 millones de dólares más en concepto de capital social de GSP. No obstante, los 213 millones que ha pagado en el primer semestre de 2017 ya estaban contabilizados como deuda en 2016. Concretamente, la compañía incorporaba por este concepto 221 millones de euros al pasivo de las cuentas del ejercicio pasado.

Ahora mismo, Enagás está centrada en recuperar la inversión, tal y como sus ejecutivos han expresado a los accionistas de la compañía, que tiene como participante de referencia con un 5% del capital social al Estado Español a través de la SEPI. La compañía señala que mantiene una estrecha colaboración con el Estado de Perú, encargado de relicitar la concesión. Tras la subasta, proyectada para el primer trimestre de 2018, GSP realizaría la transferencia de bienes al nuevo adjudicatario y se produciría la devolución de los cerca de 500 millones que invirtió Enagás. El presidente de la empresa, Antonio Llardén, ha señalado en una conferencia con analistas que hasta que no se expongan las reglas definitivas de la relicitación la compañía no decidirá si participa o no en el nuevo consorcio del gasoducto.

El peor escenario con el que se podría encontrar Enagás es que la nueva subasta de licitación quedara desierta. En ese caso, el Estado de Perú garantiza el 72,25% del valor contable neto de la inversión (1.880 millones de dólares, según Enagás). Incluso si se diera ese extremo, la 'utility' española cree que su inversión se recuperaría, tal y como informa a la CNMV.

Requerimientos de la CNMV

La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores requirió una serie de aclaraciones en relación a su exposición en GSP. La operadora de gas explica que "no mantiene ninguna relación con Odebrecht al margen del contrato de Contrato de Concesión 'Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano', suscrito en julio de 2014". No obstante, Enagás advierte al regulador de mercados que existe una investigación en curso tramitada por la Fiscalía de Perú en la que obra como investigado el directivo de Enagás Internacional como miembro del consorcio adjudicatario. Eso sí, los asesores de Enagás en derecho penal peruano confirma que "no existe hasta la fecha indicio ni prueba alguna que justifique la permanencia de este directivo en la citada investigación al no existir contra él ninguna imputación concreta".

Adicionalmente, la Procuraduría Pública a cargo de la defensa del Estado en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que ha incurrido la empresa Odebrecht y otras, solicitó la incorporación de GSP como tercero civilmente responsable en la investigación que sigue la Fiscalía. Pero GSP se ha opuesto a tal solicitud al considerarla infundada por razones de fondo y forma.

Pese a la investigación de la Fiscalía de Perú, Enagás no ha realizado ninguna provisión ni considera necesarios pasivos contingentes

De esta manera, Enagás no ha realizado ninguna provisión ni se ha considerado la existencia de pasivo contingente alguno.

En el informe financiero anual de 2016, los administradores de Enagás, conforme con la opinión de sus asesores legales externos e internos, consideraron que estos hechos no modificarían su estimación sobre la recuperabilidad de la inversión de la participación en GSP y la cuenta a cobrar anteriormente mencionada. No obstante, el auditor de Enagás, Ernst & Young, adviertía de que por parte de diversos órganos de la Fiscalía peruana se están llevando a cabo investigaciones, cuyo resultado no es posible anticipar en este momento, por presuntos delitos que de alguna manera pudieran guardar relación con el proyecto “Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto del Sur Peruano”.

La pasada semana, el expresidente de Perú Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia ingresaron en prisión preventiva. Ambos están acusados de blanqueo de dinero por los fondos que su partido supestamente recibió de la constructora Odebrecht y el Gobierno de Venezuela para las campañas de 2006 y 2011. El periódico peruano 'El Comercio' señalaba en febrero que la Fiscalía Anticorrupción dispuso abrir una investigación contra la exprimera dama Nadine Heredia por el presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht en la licitación del Gasoducto del Sur de Perú.

Toda la investigación corresponde a actuaciones anteriores a 2014, antes de que Enagás comprara parte del capital de GSP, por lo que la compañía espera que la situación judicial no perjudique a su inversión. La firma da un plazo máximo de tres años para recuperar los cerca de 500 millones de euros que invirtió en GSP, y evitar de esa manera verse obligada a tener que ir a un arbitraje internacional para defender sus intereses.