Pimco insta al Santander a no vender activos del Popular por si tiene que devolverlo

El Banco Santander empieza a sufrir en sus carnes la avalancha de querellas y demandas de los afectados por la quiebra del Banco Popular, pese a sus esfuerzos por distanciarse de la decisión de resolver la entidad. Los principales tenedores de bonos del Popular, encabezados por Pimco(la mayor gestora de fondos de deuda del mundo), han remitido a través de sus abogados una carta en la que instan al banco presidido por Ana Botín a que se abstenga de vender activos de la entidad adquirida por si es condenado a devolverla.

La misiva, remitida por el bufete británico Quinn Emanuel (asesorado en España por Andersen Tax & Legal) al consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, anuncia la interposición de demandas en diferentes jurisdicciones que cuestionan la legalidad y validez de la resolución del Popular. "Como usted sin duda es consciente, cualquier anulación o posibilidad de anulación del Plan de Resolución revertiría legalmente el efecto del Plan de Resolución (y la consecuente conversión, amortización y transferencia de las acciones al Santander)". "La consecuencia de ello sería devolver la propiedad de Banco Popular a sus accionistas originales y restaurar los bonos de nuestros clientes", advierte.

"En estas circunstancias, por tanto, invitamos al Santander a confirmar a nuestros clientes por escrito que no dará ningún paso para negociar y/o desprenderse de las actuales acciones en Banco Popular y/o sus activos de una manera que pudiera afectar material y negativamente los intereses de la AHG [grupo de bonistas] y sus bonos hasta que se resuelvan los pleitos de anulación", solicita este bufete al primer banco español, en representación de Pimco (filial de Allianz), Anchorage, Algebris y Ronit Capital, fondos que en total tenían 850 millones invertidos en CoCos (bonos convertibles contingentes) del Popular que pasaron a valer cero con la resolución.

En los casos en que se pide la nulidad de una decisión administrativa como esta, es vital para los demandantes que el comprador no se desprenda de los activos que aportan el principal valor a la empresa adquirida, ya que, si los tribunales anulan la operación dentro de unos años, no podrá recuperar ese valor. Es algo parecido a lo que ocurre en los concursos de acreedores, en los que es crucial que la empresa no se desprenda de su patrimonio antes de atender sus deudas (por eso se pone en manos de un juez); lo contrario es un delito conocido como alzamiento de bienes. Según fuentes conocedoras de la situación, este bufete está estudiando la solicitud de que se impongan medidas cautelares al Santander en este sentido.

Santander quiere vender activos a toda prisa

Pero el Santander está haciendo justo lo contrario de lo que le piden: ha puesto en marcha ya un plan para vender aceleradamente los activos inmobiliarios del Popular con fuertes descuentos después de aplicarle unas provisiones superiores incluso al déficit que presentaba la entidad quebrada; de esta forma, puede bajar mucho los precios y facilitar su venta. Como adelantó El Confidencial, Botín está negociando con cuatro fondos la venta de activos por valor de 30.000 millones, una operación que pretende tener cerrada en un plazo de seis meses. La prioridad es limpiar el banco de este lastre y poder obtener los beneficios de su negocio 'bueno', el de pymes.

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Otros despachos de abogados asumen que es imposible que, mientras se resuelven los pleitos, el Santander no toque nada del Popular. Es el caso de Roca Junyent, que representa a la familia chilena Luksic y que considera que "si, cuando se decrete la anulación, es imposible revertirla, lo que hay que hacer es plantear los perjuicios correspondientes y a quien le toque deberá pagarlos". Ahí está la otra gran incógnita: si, en ese caso, el responsable sería la Junta Única de Resolución (JUR), el BCE, el FROB o el Santander. Además, este despacho descarta la solicitud de medidas cautelares porque "hay un 95% de probabilidades de que no te las den y se podría interpretar que el juez no nos va a dar la razón sobre el fondo del asunto".

La larga lista de argumentos para la demanda

En la carta remitida por los fondos, sus abogados enumeran una larga lista de supuestas irregularidades en la resolución del Popular que servirán de base a sus demandas: las afirmaciones de Popular de que no tenía problemas de solvencia y que contaba con liquidez hasta fin de año; la quiebra del secreto profesional de la presidenta de la JUR, Elke König, cuando dijo que estaba vigilando el Popular, lo que provocó la caída de la acción y la salida de depósitos; la retirada masiva de fondos por parte de instituciones públicas españolas; la carta de la Asociación de Inspectores del Banco de España en la que duda de la fiabilidad de la valoración de Deloitte en la que se basó la decisión de resolver el Popular, y la fuerte rentabilidad que espera el Santander de la inversión en Popular, que evidencia que este banco tenía un valor superior a cero.

Este frente no es el único por el que el Santander empieza a sentir el calor de las reclamaciones de los afectados por la compra del Popular. Como también informó El Confidencial, otros inversores institucionales van a demandar al Santander por "enriquecimiento injusto" a través del bufete Jausas, puesto que, aunque ha obrado de buena fe y la decisión de resolver el Popular no fue suya, se ha beneficiado de esa resolución teóricamente injusta al comprar por un euro algo que valía casi 1.500 millones en bolsa un día antes.