Florentino echa un pulso al Gobierno y pide liquidar la circunvalación de Alicante

Nuevo volantazo en la quiebra de las autopistas radiales. La semana pasada, los accionistas de Ciralsa, la autopista de circunvalación de Alicante, pidieron al juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid la liquidación de la concesión, según confirman fuentes conocedoras, propuesta que cuenta con el respaldo de los fondos acreedores.

Esta decisión es todo un órdago al Gobierno, ya que el Estado es el único que se ha manifestado en contra de la propuesta de los accionistas, entre otros motivos, porque su estrategia consiste en retrasar al máximo la liquidación de las autopistas quebradas, para minorar así el importe de RPA —responsabilidad patrimonial de la Administración— que deberá pagar.

El principal accionista de Ciralsa, con un 50% del capital, es ACS, mientras que el resto de las acciones se reparte, a partes iguales, entre Abertis y Globalvía. La compañía presidida por Florentino Pérez posee esta participación a través de la sociedad Desarrollo de Concesiones Viarias Uno, filial a su vez de Iridium.

La decisión de respaldar la liquidación de Ciralsa es un jarro de agua fría para los intereses del Ministerio de Fomento, que había encontrado un auténtico balón de oxígeno en los diferentes pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Madrid de principios de año, que permitieron echar por los aires el proceso de liquidación tanto de Ciralsa como de las radiales R3-R5.

En sendos casos, el tribunal instó volver a la fase de convenio, lo que permitía presentar una nueva propuesta que, en el caso de Ciralsa, tanto los accionistas como los acreedores defienden que debe ser la liquidación, y están a la espera de conocer la decisión del magistrado.

Desde hace dos meses, los fondos acreedores están advirtiendo a los accionistas de las radiales de que cualquier demora en la resolución de estas carreteras va en contra de los acreedores y, por tanto, estos podrían terminar tomando acciones legales contra ellos, por considerar que son responsables del daño que se les ha causado.

De hecho, esta amenaza llevó a los inversores en R4 y Aucosta a solicitar la liquidación, petición a la que ahora se suman sus homólogos en Ciralsa. A esto se suma que la única manera que tienen los accionistas de poder aplicarse la deducibilidad de las pérdidas que arrastran por estas concesiones es enviarlas a liquidación, ya que una modificación introducida por Hacienda en la reforma fiscal de diciembre solo contempla esta posibilidad para las empresas caídas en concurso, como es el caso.

A la espera de conocer el pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil número 6 en Ciralsa, el mapa actual de las radiales es un puzle donde las piezas no terminan de encajar, ya que cuatro autopistas han sido enviadas a liquidación (AP-36, M12, R4 y Aucosta), cuatro negocian con el Ministerio de Fomento el visto bueno a su propuesta de convenio (R2, R3, R5 y AP-41 Madrid-Toledo), y una, Ciralsa, se encuentra a la espera de que el juez se pronuncie.

En este escenario, la cartera dirigida por Íñigo de la Serna y los fondos han retomado las conversaciones, dirigidas a alcanzar una solución pactada. El problema, como siempre en estos casos, es el precio, ya que los acreedores están pidiendo 3.000 millones, mientras que Fomento apenas ofrece 1.500 millones.

En defensa del acuerdo, los fondos ha esgrimido como principal argumento que su oferta es muy inferior a los entre 3.500 y 5.500 millones que podría terminar siendo la RPA, además de otros cuya lectura es más política, como el hecho que supone imponer pérdidas a todas las partes implicadas (accionistas, constructoras y acreedores), resolviendo un problema que lleva enquistado seis años, lo que permite a los mercados recuperar la confianza en la seguridad jurídica del mercado de infraestructuras español.

En su contra juegan, entre otros factores, los tiempos políticos, ya que la sospecha de una legislatura corta alentaría seguir retrasando la solución y dejar al próximo Gobierno la responsabilidad de encontrar una salida, mientras que una larga tendría el efecto contrario. Pero, incluso en este escenario, al Estado le interesa dilatar todo lo posible la entrada en liquidación de estas vías, porque la RPA no empieza a contar hasta que esta es efectiva y, por tanto, cuanto más se retrasa, menor será la factura que deba pagar, ya sea con o sin acuerdo.