Un informe exprés de Deloitte apuntilló a Popular y propició su venta a Santander

Los accionistas de Banco Popular ya saben quién certificó su defunción en la noche del 6 al 7 de junio. Según han confirmado fuentes próximas al proceso, el Banco Central Europeo y el Banco de España decidieron intervenir a la entidad financiera tras solicitar un informe a Deloitte, que corroboró el alto riesgo de quiebra por el que atravesaba. Un estudio realizado en apenas cinco días y que sirvió para justificar la inédita decisión.

Un equipo de cerca de 50 consultores de Deloitte entró en las tripas del Banco Popular para realizar en un tiempo récord un diagnóstico que sirviera al Single Resolutión Board (SRB) o Comité de Resolución del BCE para adoptar la intervención. Los expertos de la firma de auditoría y consultoría detectaron dos problemas vitales: las pérdidas ocultas de la cartera crediticia y el déficit de liquidez que impedía al banco atender los reembolsos de los clientes institucionales y minoristas.

Aunque desde la entidad se filtró que con cerca de 2.000 millones adicionales de provisiones sería suficiente para cubrir el agujero de los 37.000 millones de euros vinculados al ladrillo, Deloitte advirtió que la entidad presidida por Emilio Saracho necesitaba hacer dotaciones extraordinarias de 8.200 millones. Una cifra muy superior incluso a la que habían calculado Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank y Sabadell cuando analizaron la pequeña muestra que JP Morgan les entregó para hacer sus estimaciones. PWC, el auditor histórico de Popular, no había hecho ninguna salvedad sobre el estado de salud del grupo financiero.Tan solo se limitó a un párrafo de énfasis sobre las cuentas de 2016.

Aunque estos potenciales compradores consideraban que el Popular podría haber requerido un esfuerzo adicional de entre 4.000 y 5.500 millones, en el escenario más extremo Deloitte concretó que la cifra era mucho mayor. Finalmente, por lo que determinó que realmente el valor de la institución fundada en 1926 era incluso inferior a cero. Sus acciones no valían nada, por lo que se aconsejó la conversión de la deuda convertible y sénior en capital.

Por este motivo, el euro simbólico que ofreció Santander por el Popular fue incluso superior al valor que Deloitte asignó al banco participado por familias vinculadas al Opus Dei, Allianz, Credit Mutuel, Antonio del Valle y 300.000 accionistas particulares. Como el resto de candidatos a su adquisición no ofertan en la subasta exprés que la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) montaron en la tarde noche del lunes 6 de junio, el grupo presidido por Ana Botín fue el adjudicatario de la puja. Inmediatamente después.

Sorpresa en el sector por el papel de la firma, que fue multada por el Ministerio de Economía por no haber supervisado de forma correcta a Bankia

Este informe de Deloitte fue el que, sin citarlo, Luis de Guindos utilizó en el Congreso de los Diputados para defender la actuación del Ministerio de Economía, el Banco de España y el Banco Central Europeo en la resolución y venta del Popular. El expresidente de Lehman Brothers España aseguró que la oferta del Santander fue “superior a la valoración independiente que se realizó del Banco Popular”. Una tasación que también se basó en un diagnóstico adicional de los bancos de inversión Jefferies y Arcano.

En el sector ha llamado mucho la atención que la SRB y Economía se apoyaran en Deloitte para justificar la intervención del Popular después de la polémica surgida por la labor que hizo la auditora en el caso Bankia. Una supervisión que se tradujo en una multa de 12 millones de euros contra la firma por “infracciones continuadas muy graves” que impuso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta (ICAC) y corroboró Economía hace un año. Alguno se pregunta cómo fue capaz de hacer una radiografía tan rápida del Popular y no advertir de los riesgos de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja. El ministro anunció en el Congreso que también investigará a PWC por no haber advertir de los problemas estructurales del balance del Popular, tal cual ocurrió con Deloitte en Bankia.

Exculpación de última hora

Precisamente ayer se conoció que el fiscal Alejandro Luzón ha decidido exculpar a Deloitte por delito de falsedad contable en las cuentas anuales de Bankia correspondientes a 2010 y 2011. Esta decisión también afecta al socio auditor de la compañía, Francisco Celma. Según informa el diario 'Ara', el fiscal ha enviado a Anticorrupción el escrito de acusación sobre la salida a bolsa de la entidad. En el documento, se acusa finalmente a diferentes miembros de la cúpula por delito de estafa a los inversores.

Se trata de los entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato; vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; vicepresidente de Caja Madrid, de BFA y miembro del comité ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, y consejero delegado, Francisco Verdú. Con todo, de los 34 administradores que tenía la sociedad, el fiscal solo ha decidido acusar a cuatro.