La CEOE se desnuda en el juicio a los salarios opacos: "Todos los presidentes cobraban"

Cuando José María Lacasa Aso, ex número dos de la CEOE, terminó de declarar como testigo, Gonzalo Garnica, director de Comunicación de la patronal durante 20 años, hizo el gesto de tocarse la nariz como si le estuviera creciendo. Pinocho, comentaba con sus compañeros del banquillo. Garnica está acusado de haber colaborado en los sueldos —opacos, según el fiscal— que Jesús Bárcenas y Jesús Terciado cobraron durante años como presidentes de la patronal de las pymes, Cepyme, un apéndice de CEOE. Lacasa, su antiguo jefe, acudió solo como testigo y se quitó toda la responsabilidad respecto a los 1,2 millones pagados a Bárcenas y Terciado sin aprobación formal por los órganos de gobierno de la patronal.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid acogió el lunes la primera vista de uno de los juicios con más morbo que el mundo empresarial pueda imaginar. Se juzga a Jesús Bárcenas, presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE entre 2002 y 2010, a su sucesor entre 2010 y 2014, Jesús Terciado, y a los tres secretarios generales durante esta época, Garnica, José Alberto González Ruiz y José Manuel Vilar. Terciado y Bárcenas acudían junto a los presidentes de la CEOE a las negociaciones con el Gobierno en lo peor de la crisis, cuando se rebajaban las condiciones laborales. Entre los testigos, el actual número dos de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la asociación agraria Asaja, Pedro Barato. Nadie da más.

"Me dedicaba enteramente a Cepyme, no a mi empresa", declaró Bárcenas

Según el fiscal, los secretarios generales permitieron que Terciado y Bárcenas sacaran 1,2 millones de la patronal en forma de sueldos opacos. El primero cobró a través de sus sociedades personales, Tecrucyl e Ingasert, dedicadas a la topografía, 12.500 euros al mes. El segundo recibía un fijo de 5.500 euros brutos al mes más un 'renting' de un Mercedes de su propia empresa que costaba 5.365 euros al mes.

La defensa de Bárcenas y Terciado insistió en recalcar que sus sueldos eran conocidos, justos acordes a su dedicación y que venían de antiguo. "Me dedicaba enteramente a Cepyme, no a mi empresa", declaró Bárcenas, chaqueta azul y corbata roja. Este admitió que en su primer mandato no cobró de Cepyme, pero que en 2006 y "a la vista de la situación que había" de crisis y que el trabajo en Cepyme creció, habló con Juan Jiménez Aguilar —otro histórico mando de la patronal— para que le remuneraran.

Según Bárcenas, su sueldo lo fijaron Jiménez Aguilar —ex secretario general de CEOE y que fue despedido con una indemnización de 1,9 millones— y Elías Aparicio —ex secretario general de Cepyme—, y estaba "por debajo de mercado". El fiscal insistió en que esos sueldos no constaban como aprobados por ningún órgano colegiado, pero Bárcenas repitió que "hubo constancia sobrada a través de los cauces de la confederación para ver que no se estaba ocultando". Sobre por qué usó su propia empresa para alquilarse el coche, el expresidente de Cepyme, dueño de una empresa familiar en Valdepeñas, presumió de no haber usado un testaferro. "Yo podría haber creado una empresa fantasma con un nombre irreconocible, pero el nombre es serio". En efecto, las facturas del Mercedes iban a Jesús Bárcenas SL, y sostuvo que era un coche de lujo pero lo alquiló porque era seguro: "Uno valora la vida y los coches seguros tienen su valor". Bárcenas defendió que "todos los presidentes anteriores habían cobrado. A algunos se les pagaba el hotel, la escolta, gastos...".

El juez de instrucción consideró que eran "facturas plenamente falsas", y así lo mantiene la Fiscalía

Después llegó el turno de Terciado, desaparecido de la escena pública desde que dimitió. Llevaba una leve barba como de dos días. Señaló que su sueldo de 12.500 euros al mes se lo dieron hecho. "Se me comunicó la cuantía por el secretario general de CEOE y lo asumí y no puse ningún reparo". Explicó que facturó a través de empresas personales que nada tenían que ver con Cepyme y que eso era algo "habitual". El juez de instrucción del caso consideró que eran "facturas plenamente falsas", y así lo mantiene la Fiscalía, que pide cuatro años de cárcel para él. Sin embargo, Terciado repitió que "todo el mundo sabía que el presidente de Cepyme recibía una remuneración". A lo que el fiscal saltó: "¿Por qué no se ponía un sueldo si era tan obvio? ¿Lo aprobó alguna asamblea, junta directiva o comité ejecutivo?". Y respondió, aparentemente tranquilo: "Venía de atrás y no tenía ninguna duda de que estaba consolidado y aprobado".

A partir de 2012, cuando miembros de la patronal de Salamanca comenzaron a remover el asunto, Terciado pasó a cobrar un contrato de alta dirección de 140.000 euros al año. ¿Por qué se cambió si todo era correcto? "No porque pensásemos que lo anterior fuera incorrecto, sino porque era más correcto así", respondió.

Tras ellos, llegaron los secretarios generales de Cepyme durante esos años, acusados de haber firmado esos sueldos opacos. Todos se quitaron responsabilidad. "Yo no soy quién para autorizar el sueldo del presidente. Hablé con el secretario general y me transmitió que el presidente iba a cobrar 12.500 euros", declaró el primero de ellos, José Manuel Vilar. José Alberto González Ruiz, que dejó el cargo de secretario de Cepyme en noviembre pasado, con la acusación, pero que sigue en CEOE, sostuvo igualmente que él dio continuidad a algo que ya estaba aprobado anteriormente.

Su declaración pivotó alrededor de una idea: que Cepyme es en realidad un apéndice de CEOE y que por lo tanto los sueldos de la patronal de las pymes los decidía en realidad la CEOE. "CEOE mandaba sobre Cepyme. En este caso, el secretario general, aunque jurídicamente eran organizaciones independientes". su antecesor, Gonzalo Garnica, despedido con 600.000 euros de indemnización, insistió en lo mismo: "La remuneración del presidente de Cepyme estaba acordaba con el secretario general de CEOE, que era mi jefe. [...] José María Lacasa Aso era mi jefe".

Garnica, un histórico de la patronal, a la que llegó con 22 años como secretario del entonces presidente, Carlos Ferrer Salat, repitió que los salarios no eran nuevos: "Ferret Salat se puso un sueldo en CEOE siguiendo la muy empresarial costumbre de que el que trabaja tiene que cobrar. Como Cuevas, no me extrañaba".

Ferret Salat se puso un sueldo en CEOE siguiendo la muy empresarial costumbre de que el que trabaja tiene que cobrar

Por eso cuando después Lacasa sostuvo una versión radicalmente distinta —que los presidentes de Cepyme recibían una "compensación de gastos" y que él "no tenía ninguna autoridad en Cepyme, solo conocimiento informal de lo que ocurría"—, estos se movían inquietos. Sí declaró que Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell no cobraron salario de CEOE.

Después le tocó el turno al actual vicepresidente de CEOE y presidente de la patronal de las pymes, Antonio Garamendi, que declaró como testigo. Dijo que cuando él era vicepresidente de Terciado, "no tenía conocimiento de que el presidente cobrara". Aclaró, como adelantó este diario, que después de dos años y medio sin cobrar, él sí se ha puesto un sueldo aprobado formalmente mediante un cambio de estatutos, algo que achacó a "tiempos nuevos, más actuales".

La vista se centró en si los sueldos estaban detallados en las cuentas y eran transparentes —como sostienen las defensas— o si eran opacos y nadie podía conocerlos —como mantuvieron el fiscal y la acusación popular de la patronal salmantina, aunque esta de manera discreta—. El fiscal, que acusó a veces de forma atropellada y con nombres que le bailaron en alguna ocasión, tuvo su gran aliado en un auditor de EY, José Luis Ruiz, que declaró que si en su auditoría de Cepyme no aparecían las retribuciones a Terciado a través de sus empresas, es porque no las conocía, porque no le informaron de ellas. "No incluía ningún tipo de retribución a su presidente", dijo sobre las cuentas que le trasladó Cepyme. El juicio sigue el viernes. Las defensas de los acusados parecían satisfechas con el desarrollo de la primera sesión.