El Banco Popular me ha arruinado: ¿Voy contra Ron, el Santander, el FROB, el BCE...?

Igual que pasó con otros desastres como el rescate de las cajas de ahorros, la resolución y venta del Banco Popular al Santander tiene muchos culpables, lo cual, como dice la sabiduría popular, es como no tener ninguno. En las últimas horas, hemos asistido a declaraciones de todos los implicados —Economía, el FROB, el BCE y el Santander— que descargan la responsabilidad en los demás de cara a una posible compensación a los accionistas y a las seguras demandas. Mientras tanto, los despachos de abogados y asociaciones habituales en estos casos se han lanzado a captar clientes entre los restos del naufragio con el reclamo de que solo cobran si ganan. Y los pequeños accionistas y tenedores de deuda no saben a qué carta quedarse ni contra quién ir.

El Ministerio de Economía explica que no tiene competencias para supervisar ni para resolver un banco porque están transferidas a Europa, y que no puede poner en marcha con dinero público un mecanismo para compensar a los accionistas de un banco privado que ha quebrado. El FROB (el fondo de rescate bancario), explica que ellos se limitan a ejecutar las órdenes de Bruselas, que desde allí no se va a dar ninguna compensación e incluso ataca al BCE por los fallos de supervisión del Popular.

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Agustín Marco

Vitor Constâncio, vicepresidente del BCE, dijo ayer que ellos se limitaron a declarar la inviabilidad del Banco Popular, pero que la decisión de que las acciones valieran cero y de su venta al Santander no fue suya. Finalmente, José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, devolvió la pelota diciendo que la decisión de amortizar las acciones fue tomada por la Autoridad Europea de Resolución y que ellos lo único que hicieron fue acudir a una subasta y ganarla: "Nosotros hemos sido compradores del banco en unas determinadas condiciones que estableció" la citada autoridad europea. Ana Botín ya dijo el miércoles que el banco no dará ninguna compensación.

Ante este espectáculo del 'pío, pío, que yo no he sido', ¿qué pueden hacer los que lo han perdido todo? ¿Contra quién pueden ir? Hay varias vías, unas más fáciles que otras, en función de en qué situación se encuentre cada uno. A continuación, explicamos las principales:

Si compró en la ampliación de 2016

Es el que mejor lo tiene, porque es la "demanda fácil", según los despachos de abogados. Se trataría de una demanda civil por vicio de consentimiento, que es la estándar en otros casos como la salida a bolsa de Bankia o las preferentes. Al contrario que este último caso, aquí el inversor no puede alegar que no sabía qué eran las acciones o que en bolsa se puede perder. Pero sí puede argumentar que el folleto de la ampliación y las cuentas del banco en ese momento eran falsos.

Tiene a su favor que se incumplieron las promesas y previsiones que Ángel Ron realizó cuando captó 2.500 millones (los saneamientos fueron 1.000 millones superiores a lo anunciado, no se volvió a pagar dividendo, etc.) y, mejor aún, que Emilio Saracho "reexpresó" las cuentas de cierre de 2016 al encontrar un agujero adicional de 700 millones. Pero su mayor fortaleza es la polémica sentencia del Supremo sobre la OPV de Bankia, en la que establecía que unas cuentas reformuladas son falsas, lo que obligó a Goirigolzarri a devolver toda la inversión a los minoristas.

En principio, quienes compraran acciones después de la ampliación podrían acogerse a este mismo argumentario y a estos mismos precedentes. Y los tenedores de subordinada lo tienen aún más fácil, porque pueden alegar que no sabían que esos bonos podían valer cero (el argumento de las preferentes). ¿Quién tendría que pagar? Las demandas irán contra los administradores del Banco Popular, por lo que las heredará el Santander. De hecho, este tiene bastante asumido que esta parte posiblemente la pierda (lo que no significa que no litigue para evitarlo): estima que su pérdida máxima son los 900 millones de la ampliación que fueron a minoristas.

Si compró antes o si está en el consejo

Es curioso, pero estos dos grupos se encuentran en la misma situación. Los primeros 1—que son muchos e incluyen a los accionistas del antiguo Banco Pastor o a los preferentistas de Popular, cuyos títulos se canjearon por acciones— tendrían que demostrar la falsedad de las cuentas vigentes en el momento en que compraron (incluida la ampliación de 2012). Lo cual es mucho más complicado que en el caso anterior. Y los segundos no pueden demandar a un consejo del que formaban parte. En ambos casos, solo tienen dos opciones: ir contra Saracho por administración desleal al dejar hundirse el banco hasta necesitar el rescate, o ir contra la decisión de resolver y vender el Popular por un euro. Ambos caminos son complicados y, como hemos dicho, el segundo tiene el problema de a quién hay que demandar. Con la agravante de que si es a las autoridades europeas, el pleito debe interponerse en el Tribunal de la UE de Luxemburgo. Por último, les queda sumarse a la vía penal.

Fondos y otros inversores institucionales

Estos inversores podrían intentar la vía civil como los minoristas, pero el precedente del Supremo con Bankia solo se refería a estos últimos y dejaba fuera a los profesionales porque "disponen de mejor información", aunque las cuentas son las mismas para todos. Iberdrola ha pleiteado con este argumento (compró acciones de Bankia en la salida a bolsa), pero, de momento, ha perdido en primera instancia. También pueden intentar demandar a los responsables de la resolución del banco, con las dificultades ya comentadas. Ahora bien, dado que estos inversores (como la familia chilena Luksic o la gestora Pimco) no formaban parte del consejo de administración, no tienen ningún problema para intentar la última vía.

La vía penal contra Ron... Saracho, PwC y BdE

Este camino está abierto para todos los afectados, y a buen seguro que vamos a ver querellas en los próximos días. Todo apunta a que será una repetición del caso Bankia, con acusaciones de estafa a inversores, falsedad contable, administración desleal y apropiación indebida (bonus, pensiones e indemnizaciones). Tendremos de nuevo peritos del Banco de España y los bufetes más prestigiosos y caros del país volverán a representar a los imputados. Las querellas se dirigirán, obviamente, contra Ángel Ron y su consejo, responsables últimos de la quiebra y de las cuentas supuestamente falseadas. Pero también contra el equipo de Saracho, por terminar de hundir el banco (los abogados le incluirán y, si acaso, que lo deje fuera el juez), contra el auditor (PwC) y, posiblemente, contra el Banco de España.

Las reponsabilidades penales conllevan responsabilidades civiles en caso de condena, que tendría que asumir el Santander por la parte del consejo del Popular, que no tendría dinero para afrontarlas. Pero un proceso así se sustanciaría en la Audiencia Nacional, así que pueden sentarse a esperar. El caso Bankia lleva cinco años de instrucción y todavía no sabemos cuándo será el juicio ni contra quién...