así se gestionó la intervención de la entidad

Las seis horas decisivas en que se amortajó el cadáver del Banco Popular

Entre las 16:00 y las 22:00 del martes 6 de junio, los cirujanos del BCE exigieron las ofertas finales por la entidad ante la incapacidad de reembolsar el dinero a los clientes

Foto: Banco Popular. (Imagen: Enrique Villarino)
Banco Popular. (Imagen: Enrique Villarino)

Seis horas. En este periodo corto de tiempo se preparó y ejecutó el funeral del Banco Popular tras 91 años de historia. Una entidad nacida con una primera aportación de capital por parte de la familia real, apoyada por el partido conservador de los años previos al alzamiento nacional, posteriormente respaldada por la dictadura franquista y bendecida por los hombres y empresarios más relevantes del Opus Dei en España. Los herederos de todos estos poderes fácticos, entre los que se encuentran ministros del actual Ejecutivo, no pudieron sin embargo hacer nada por salvar a una entidad que el Banco Central Europeo (BCE) definió este martes como "quebrada o a punto de quebrar".

Aunque el mercado había matado cualquier alternativa para recapitalizar el Popular, con un derrumbe de más del 50% de sus acciones, y los potenciales compradores ya intuían desde hacía una semana que la situación de quien en su día fue la entidad más eficiente del Viejo Continente era muy delicada, ninguno de ellos tenía certeza de que los acontecimientos se precipitarían con tal virulencia. La semana pasada habían sido avisados. Debían acelerar para presentar sus ofertas por si desde Bruselas y Fráncfort se decidía tomar el mando de las operaciones, en ese momento aún comandadas por Emilio Saracho, Enrique Casanueva, su álter ego en JP Morgan, Jaime Castellano, presidente de Lazard y tío de Ana Patricia Botín, y Pedro Pasquín, el responsable de este 'investment bank' estadounidense.

El Ministerio de Economía, que había negado la insolvencia del Popular en boca de su titular, Luis de Guindos, también se preparó. Había encargado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se pusiera en manos de un asesor para las potenciales reclamaciones legales si finalmente concluía que el Popular no valía nada. Contrató a Jeffreries, un pequeño banco de inversión americano, y a Arcano, una 'boutique' española poco habitual en estas lides.

Ana Botín reunió a su consejo de administración el 31 de mayo para peinar las cifras de cuánto podía pagar por el Popular tras el aviso oficial del BCE. La presidenta del Santander, que días antes había decidido no pujar por la entidad de su antiguo empleado Saracho —ambos coincidieron en Banco Santander a finales de los noventa—, puso encima de la mesa la preocupación de las autoridades europeas y del ministro de Economía, con el que después pasó el fin de semana en una pequeña población de Virginia (Estados Unidos), con motivo de la celebración de la reunión anual del elitista Club Bilderberg.

Guindos, que negó la insolvencia de la entidad hasta en tres ocasiones, contrató a dos asesores para justificar la decisión de que valía menos de cero

Ese mismo día, Popular también celebró consejo de administración para valorar la evolución de las alternativas para rescatar el banco, con varios platillos en el aire, especialmente la venta a un tercero o una ampliación de capital de volumen ingente. Lejos de reconocer el empeoramiento del diagnóstico debido a la salida masiva y diaria de depósitos, el portavoz oficial filtró que el calendario para la presentación de ofertas se había ampliado desde el 10 de junio inicial hasta finales de mes. Santander, BBVA y Bankia le habían espetado que, con la información disponible, sin saber la liquidez actual y la tasación real de su cartera de fallidos (37.000 millones), ninguno se atrevería a poner dinero encima de la mesa.

Pese a los esfuerzos de Saracho, el proceso ya no se pilotaba desde el Edificio Beatriz, la sede operativa del Popular, inmueble hipotecado por la Sindicatura de Accionistas, el mayor inversor del banco con el 10%, como garantía de un crédito concedido del propio Santander. Todo estaba en manos de los inspectores del BCE, unos funcionarios más explícitos a la hora de entrar al quirófano que sus homólogos del Banco de España.

A Saracho, que recientemente había pasado con éxito una dura revisión médica en Estados Unidos, le subió la fiebre. Especialista como se le atribuía en mercados de capitales, observó cómo el jueves y el viernes la acción del Popular entraba en pánico, con caídas diarias del 18%. El BCE lanzó la primera llamada de alerta el domingo, cuando llamó a Santander, BBVA y Bankia para decirles que, de no haber solución antes del citado día 10, el viernes 9 de junio pondría en marcha el mecanismo de resolución con el que se rescata a los bancos en quiebra o concurso de acreedores. Ninguno esperaba que el desenlace ocurriera apenas 48 horas después.

A las 16:00 del lunes 6 de junio, la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) llamaron a los responsables de Ana Botín, Francisco González y José Ignacio Goirigolzarri para indicarles que la Comisión Europea y el BCE habían tomado la determinación de intervenir la entidad. Los organismos supervisores les indicaron que a las 22:00 debían presentar las ofertas finales por el Popular. La única pregunta de los candidatos a absorber el Popular fue cuánto dinero de los clientes había desaparecido. La respuesta fue tan contundente —13.500 millones de euros— como fría. El riesgo de insolvencia que adelantó El Confidencial el 11 de mayo era inminente porque el banco ya no podía atender la exigencia de reembolsos de los clientes. No se llegaba al fin de semana.

El BCE exigió las ofertas por el Popular en apenas seis horas tras corroborar que el banco no tenía dinero para atender los reembolsos de los clientes

Por tanto, los compradores disponían de seis escasas horas para decidir si lo que tenían delante era un riesgo ingente o una oportunidad histórica. Paco González pidió dos horas más a la JUR y al FROB para tomar una decisión porque no le daba literalmente tiempo a convocar su consejo de administración con un mínimo de quórum. Aceptaron la petición y ampliaron hasta las 24:00 el plazo para pronunciarse. Pero el presidente de BBVA, tras medir las ventajas y los inconvenientes, no llegó a formular su oferta ni por un euro, pese a que meses atrás estaba dispuesto a pagar 0,55 euros por acción.

Al final, la JUR y el FROB solo recibieron la propuesta de Botín, cuya única petición era que España o Bruselas le avalasen los costes millonarios de la lluvia de demandas de inversores particulares e institucionales que se espera contra el banco, sobre todo por la pérdida de la totalidad del dinero invertido en la última ampliación de capital de 2016 y en la suscripción de los bonos convertibles y participaciones preferentes. El importe de estas reclamaciones puede ascender a unos 4.000 millones, un escollo que fue el principal motivo por el que BBVA se retiró a última hora.

La petición de Ana Botín fue rechazada durante la madrugada, pero aun así el consejo del Santander aprobó la compra del Popular por un euro, más la emisión de acciones por 7.000 millones de euros, asumiendo un riesgo cuyo culpable aún está por definir porque, al ser un caso inédito, la responsabilidad final puede ser del anterior consejo, del nuevo o del FROB y la JUR. Los apesadumbrados miembros del consejo del Popular, reunidos toda la noche, asintieron a las 6:30 de la mañana del miércoles. Inmediatamente fueron destituidos por Bruselas. El acuerdo llegó al amanecer, con los comunicados oficiales y la suspensión de la cotización del Popular, que ya no volverá a cambiarse en bolsa tras casi un siglo de historia.

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