VENTA DE ÚLTIMO MINUTO O RESOLUCIÓN

Saracho-BCE: solución de urgencia para el Banco Popular ante su desplome bursátil

Ni siquiera una prórroga del BCE puede impedir la desconfianza de los inversores. Toca una solución inmediata, que será la resolución salvo una venta en el último minuto

Foto: Banco Popular. (Enrique Villarino)
Banco Popular. (Enrique Villarino)

Ni los órganos reguladores, ni los gobiernos, ni las instituciones internacionales: quien decide cuándo se ha acabado el juego para una empresa es el mercado. Ocurrió en casos como Bankia o Abengoa, y ahora la historia se repite con el Banco Popular. El desplome bursátil del valor, del 50% en cuatro sesiones, lanza un mensaje claro que nadie puede desoír. Si a esto se suman las diferencias de criterio en el consejo y la desconfianza generada en los clientes, de nada vale que Emilio Saracho arranque una prórroga al BCE. Se impone una solución urgente, que será la resolución, salvo una venta (al Santander) en el último minuto.

Cotización del Banco Popular en el último año.
Cotización del Banco Popular en el último año.

"No podemos aguantar más a este ritmo, es insostenible que la acción se caiga un 15% todos los días", admite una fuente del banco. En el conjunto del sector, se espera una solución inminente porque "esta crisis nos perjudica a todos". De hecho, ha sorprendido bastante que no se haya adoptado ninguna medida este fin de semana, algo que esperaba casi todo el mundo y que se achaca a la enorme burocracia que requiere ahora el mecanismo de resolución único europeo.

Saracho-BCE: solución de urgencia para el Banco Popular ante su desplome bursátil

Como es sabido, este martes Saracho tiene previsto entrevistarse con altos cargos del BCE, pero este encuentro ha sido ya superado por los acontecimientos. El supervisor europeo fue quien impuso al presidente del Popular como fecha tope para encontrar una solución la presentación de los resultados del primer semestre, y también quien motivó el proceso acelerado de venta, al tiempo que una inspección le alertaba sobre la verdadera dimensión de la situación del Popular. Ahora, puede concederle una prórroga, pero llegados a este punto, parece estéril. Lo mismo ocurre con la liquidez: puede garantizarle cuanta sea necesaria, pero eso no ataja la pérdida de clientes.

Y es que el desplome bursátil está reventando las costuras del banco. Tras las duras críticas de varios consejeros al presidente por no haber encontrado una salida, este lunes presentó su dimisión el representante de Crédit Mutuel, titular hasta ahora de casi un 4% del capital. La interpretación generalizada es que la entidad francesa pretende desprenderse de esta participación antes de que valga cero, y ha querido salir del consejo para evitar posibles acusaciones de información privilegiada. En todo caso, otra muestra de desconfianza tras la salida de grandes inversores como BlackRock, a la que pueden sumarse más si nadie pone fin a esta situación en breve.

O venta de última hora, o resolución

"Está habiendo reuniones al máximo nivel en todas partes para intentar resolver la crisis del Popular de inmediato", asegura una fuente conocedora de la situación. "El problema es que la solución no es fácil". Otra fuente del sector explica que "el Gobierno no quiere inyectar dinero público bajo ningún concepto, pero tampoco quiere que el primer banco en el que se aplica el mecanismo de resolución europeo —con dinero privado— sea español, para evitar una nueva oleada de desconfianza en nuestro sistema financiero, que a su vez incremente la prima de riesgo... y resucite el fantasma de 2012".

[Cronología: ¿Qué pasa con el Popular?]

El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)
El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)

El problema es que, para evitar este escenario, alguien debe hacer una oferta de última hora por el Popular; y ese alguien ya no puede ser más que el Santander, salvo sorpresa mayúscula. El hundimiento de la cotización facilita esta opción, sobre todo si se suma la conversión de los 1.200 millones de CoCos (deuda subordinada) en capital para reducir la factura de la recapitalización que tendrá que emprender el comprador. Y hay que añadir el 'badwill' y las sinergias. Pero, en el otro extremo, sigue pesando mucho el posible déficit de provisiones de los 36.000 millones de activos tóxicos, más una cantidad muy difícil de estimar de créditos refinanciados en mora mal clasificados. Y, finalmente, está el riesgo de demandas masivas por la última ampliación, un argumento decisivo para ahuyentar a los interesados.

¿Dinero público o privado?

Si, como todo parece indicar, finalmente no hay ninguna oferta en las próximas horas (llegar al 10 de junio fijado como fecha tope para la subasta parece utópico a estas alturas), el ministro Luis de Guindos, con la aquiescencia del BCE y de la Comisión Europea, deberá optar entre la recapitalización con dinero público o la resolución; ni hay tiempo ni sería factible ya intentar una ampliación. La primera opción, conocida como 'actuación temprana', es la que se ha aplicado al italiano Monte dei Paschi y permite salvar de las pérdidas a los accionistas y acreedores, pero gracias al dinero del contribuyente. Algo que se antoja muy complicado en nuestro país con la actual debilidad del Ejecutivo, cuando se trata de un banco privado y, encima, próximo al Opus Dei. Además, el Popular no encaja en los supuestos establecidos en la directiva de resolución para esta fórmula.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno, Luis de Guindos. (EFE)
El ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno, Luis de Guindos. (EFE)
Por el contrario, si se opta por la resolución, habrá un 'bail-in' o rescate interno, en el que deben asumir pérdidas, por este orden, las acciones, los CoCos y la deuda subordinada, la deuda sénior y los depósitos por encima de 100.000 euros. Este desenlace podría derivar en un problema social (pequeños accionistas) y judicial, con un potencial aluvión de demandas contra el Banco de España y la CNMV.

Por eso, las fuentes consultadas sostienen que, antes de adoptar la resolución, podrían buscarse fórmulas para resarcirlos —probablemente por las pérdidas de los que acudieron a la última ampliación— tras la resolución del banco, como se ha hecho con las preferentes o la OPV de Bankia. Se calcula un coste en torno a 1.000 millones que debería asumir el propio banco tras su rescate. La hoja de ruta se decidirá, muy probablemente, este martes en Fráncfort.

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