El juicio de la CAM, el mayor rescate de la banca, comienza con intento de agresión

La CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, es la entidad que detenta el triste récord de haber recibido las mayores ayudas públicas, por encima de Bankia, con 26.302 millones de euros según el Tribunal de Cuentas. La supuesta falsedad de sus cuentas y los millonarios bonus de su cúpula comenzaron a juzgarse el lunes en la Audiencia Nacional, en un ambiente muy caldeado por parte de los afectados por las cuotas participativas de la entidad, que increparon y zarandearon a su antiguo presidente, Modesto Crespo.

Este juicio, que guarda muchas similitudes con el caso Bankia, deriva de la insolvencia e intervención de la entidad alicantina en julio de 2011, cuyas cuentas tuvieron que ser reformuladas para aflorar sus ingentes pérdidas ocultas. El entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, llegó a decir que la CAM era "lo peor de lo peor" del sistema financiero. La caja fue subastada y se la quedó el Sabadell por un euro y con unas garantías concedidas por el Fondo de Garantía de Depósitos (pero que Bruselas considera ayudas de Estado) de 21.859 millones mediante un Esquema de Protección de Activos. Además, el FROB le inyectó 4.443 millones de capital público.

Se da la circunstancia de que la CAM fue la única caja que emitió, en 2008, unos valores llamados 'cuotas participativas', que eran similares a las acciones pero para las cajas de ahorros: cotizaban en bolsa y pagaban dividendo. Cuando la CAM fue intervenida, estos instrumentos pasaron a valer cero —el Sabadell las dejó fuera del perímetro que adquirió—, con las consiguientes pérdidas para los ahorradores que las habían comprado, en su mayor parte clientes de la entidad.

Un pequeño grupo de estos afectados llegado de Alicante y Murcia se concentró el lunes en la puerta de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares para insultar y proferir consignas contra los gestores que llevaron a la quiebra a la caja. El momento más tenso se vivió con la salida de Crespo del tribunal, cuando varios de los concentrados se abalanzaron sobre él, lo zarandearon e intentaron impedir que accediera al taxi que había solicitado para abandonar el lugar.

Tapar el agujero para fusionarse y cobrar bonus

En el juicio, que preside la magistrada Ángela Murillo, el fiscal pide siete años y seis meses de prisión para los principales acusados (el ex director general Roberto López Abad, su sucesora, Dolores Amorós, y los directivos Teófilo Segorb y Francisco José Martínez) por los delitos continuados de falsedad contable y estafa, o en vez de este último, apropiación indebida y administración desleal. El ministerio público considera que Crespo no participó en los hechos, pero sí las acusaciones particulares y popular, por lo que también está acusado junto a tres directivos más.

Estos delitos se cometieron al utilizar distintas maniobras para ocultar el agujero que llevó a la CAM a la insolvencia. Las principales fueron dos: la clasificación como normales de créditos morosos porque la propia caja se pagaba los intereses pendientes a sí misma, con lo que podía liberar provisiones y engordar el beneficio; y la titulización de préstamos, opción que siguió todo el sector para sacar de balance muchos activos potencialmente problemáticos... pero que en el caso de la CAM iba acompañada de un compromiso de recompra, con lo que realmente no transfería el riesgo a los inversores y no debería haberlo sacado de su balance, ni apuntarse el beneficio de la venta, ni la liberación de dotaciones.

¿Por qué falseaba sus cuentas la CAM? En este caso, no fue para salir a bolsa como presuntamente hizo Bankia, sino por dos razones, según la Fiscalía: engañar a las otras cajas con las que se iba a fusionar, Cajastur, Cantabria y Extremadura (engaño que no coló, porque un examen somero de su situación las hizo desistir del proyecto); y cumplir los requisitos establecidos para el pago de bonus, planes de pensiones y otros incentivos al equipo directivo, es decir, a los responsables de falsear las cuentas.

Semejanzas y diferencias con el caso Bankia

Esta supuesta falsedad contable no es la única semejanza con el caso Bankia, con el que tiene en común también que sus cuentas fueron reformuladas tras ser intervenida, que las acusaciones se sustentan en unos demoledores informes periciales elaborados por inspectores del Banco de España, que el supervisor estaba al tanto de los problemas de la entidad (en el caso de la CAM, le instó a corregir las irregularidades, pero parece evidente que no comprobó si le hacía caso) o que la firma auditora, KPMG en este caso, se ha librado de ser acusada —en Bankia, sí está acusado el socio de Deloitte responsable de la auditoría—.

En el caso de la caja alicantina, el fiscal considera que KPMG fue engañada y no pudo descubrir la verdadera situación de la entidad; en el de Bankia, lo que sostiene Deloitte es que las cuentas estaban bien. Asimismo, la CAM tenía un sistema de sobresueldos parecido a las tarjetas 'black', pero ya fue juzgado y sus directivos fueron absueltos, a diferencia de lo ocurrido en Bankia. Finalmente, en el caso de la entidad mediterránea no ha habido ningún imputado del Banco de España, ni siquiera en la fase de instrucción.

En la primera jornada de la vista, las defensas y los que afrontan responsabilidades civiles (Sabadell y Caser, con el que la CAM tenía una póliza por posibles pleitos) pidieron excluir de la causa a los clientes que compraron cuotas participativas antes de 2011, puesto que solo se juzga el falseamiento de los resultados de 2010 y 2011, por lo que no tiene influencia en los que las adquirieron anteriormente. Por el contrario, las acusaciones particulares y popular consideran que todos los inversores fueron perjudicados por estos delitos, ya que provocaron la intervención y la consiguiente pérdida de valor de los títulos.